La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por la serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas, y se conoció como caso “MOP-Gate”, causa que instruyó la ministra en visita Gloria Ana Chevesich Ruiz.

En el fallo, la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Jorge Dahm, Juan Antonio Poblete y el abogado David Peralta- confirma la sentencia condenatoria  contra  un grupo de empleados públicos, pero revoca la absolución dictada en favor de varios ejecutivos ligados a empresas consultoras.

La confirmación de las condenas dictada por la ministra en visita el 30 de junio de 2010, incluye, entre otros, a:

–Sergio Cortés Castro (ex jefe de finanzas del MOP)  : 5 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;

–Carlos Cruz Lorenzen (ex ministro de Obras Públicas): 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;

A ellos se sumaron los imputados que habían sido absueltos en primera instancia, los que, ahora, la Corte de Santiago sanciona con penas de 60 días de prisión por su responsabilidad como autores del delito de fraude al fisco. Entre ellos figuran 11 ex ejecutivos de empresas consultoras que firmaron contratos con el MOP, quienes, de acuerdo a la investigación, habrían proporcionado asesorías inexistentes.

Por reunir los requisitos legales, a todos los condenados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, salvo Cortés Castro, a quien se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Además, a todos se les impuso la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para cargos u oficios públicos y deberán pagar una multa correspondiente al 25% del monto fraudado.

Según el fallo, el proceso, “antes de invitar a las distintas empresas consultoras para que presentaran sus ofertas para un determinado trabajo, funcionarios de esa cartera estatal tomaban contacto con una de ellas a la que se le proponía participar en la consultoría, pero se le solicitaba que aumentara su costo en una determinada cantidad, la que justificaría con una boleta de la empresa GATE S.A. por una asesoría inexistente, y de esta manera aseguraba que se le adjudicara el trabajo al que se llamaba por esta modalidad”.

En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, y se condenó a pagar montos millonarios a cada uno de los condenados, entre ellos, Carlos Cruz, quien deberá cancelar una multa de casi 800 millones de pesos.