Los habitantes de Cochamó con el apoyo de la Corporación Puelo Patagonia presentaron sus últimos alegatos a cinco recursos de protección interpuestos en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, por la aprobación de la calificación ambiental del proyecto Central de Pasada Mediterráneo.

La acción judicial incluyó exposiciones en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de los habitantes de Cochamó, comunidades Indígenas y Fiscalía del Medio Ambiente.

Recordemos que el proyecto hidroeléctrico Central Pasada Mediterráneo contiene un tendido eléctrico de 63 kilómetros y una inversión de 400 millones de dólares.

495 observaciones recibió el proyecto en  su  etapa de evaluación ambiental, incluida la del ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, por sospecha de los vínculos de la propuesta energética de José Cox e Ignacio Guerrero con el ex Presidente Sebastián Piñera.

Por su parte, el diputado DC Patricio Vallespín que acompañó a las organizaciones de la zona a interponer el recurso de protección.  En estas últimas reclamaciones, espera que quede instalada en la opinión de los magistrados que la empresa ha pensado en su rentabilidad y no en la comunidad y sustentabilidad de Cochamó que es el turismo sustentable.

Vallespín aseguró que se llegará a la Corte Suprema si es necesario con tal de proteger el medio ambiente en Cochamó.

“Vamos a tener torres instaladas en lugares de una belleza escénica que es inaceptable y que crean el conjunto de situaciones de que no se cumplió la normativa como corresponde y la legislación pertinente para que fallen conforme a derecho y dejen imposibilitado que el proyecto siga adelante. Modificar el trazado y evitar intervenir zonas con un valor turístico, ecológico y escénico era muy grande y la diferencia era de un 2 por ciento del total del proyecto, es decir existió cero disponibilidad de la empresa a ajustar este proyecto” criticó el parlamentario.

En tanto, el abogado Diego Lillo, coordinador litigio de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), afirmó que el proyecto afecta a especies que están en estado vulnerable como por ejemplo, el alerce, y además viola dos derechos constitucionales.

“El Proyecto Central Mediterráneo durante su proceso de evaluación fue sumamente irregular respecto a la participación ciudadana. Hay una petición expresa que se hizo de participación y que el CEA no resolvió ni para bien ni para mal, básicamente escondió el papel en el cajón y recién está dando sus argumentos de por qué, explicación que es extemporánea, debió hacerlo durante la evaluación” denunció el abogado.

Lillo agregó que en este momento están siendo tramitadas las reclamaciones administrativas que tienen que ver con las observaciones ciudadanas que resuelve el Comité de Ministros y según su decisión se podrá ir o no al Tribunal Ambiental, como segunda etapa en oposición al proyecto hidroeléctrico.