La Superintendencia de Valores y Seguros determinó que los involucrados en el Caso Cascada, deberán pagar 164 millones de dólares por infracciones a la Ley de Mercados y Sociedades Anónimas.

Cabe recordar que la Superintendencia formuló cargos en septiembre del años pasado y enero de este año a las personas vinculadas a las Sociedades Cascadas, aquellas controladoras de la Sociedad Química y Minera S.A: Norte Grande S.A, Oro Blanco S.A, Pampa Calichera S.A, Nitratos S.A y Potasios S.A. Además, se incluyó a Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa y a ejecutivos y personas relacionadas a esta intermediaria.

Luego de un análisis de transacciones bursátiles, la Superintendencia identificó una serie de infracciones en las operaciones realizadas desde septiembre de 2010 y durante el año 2011. Las transacciones de inversión y financiamiento se llevaron a cabo a precios por debajo del mercado, aplicando obstáculos a otros inversionistas.

El mayor afectado por la multa dada por el organismo, fue Julio Ponce Lerou, presidente del directorio y controlador de Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Potasios S.A., Nitratos S.A., Inversiones SQ S.A., Inversiones SQYA S.A., estas dos últimas controladoras de Norte Grande S.A, quien deberá pagar cerca de 70 millones de dólares.

Mediante un comunicado la Superintendencia señaló que “Este esquema benefició directa y económicamente al presidente de las Sociedades Cascada, señor Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él que participaron de diversas formas en dicho esquema (…) todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascada, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión”.

En tanto, Paula Vial, abogada de la Superintendencia, defendió que la determinación de la entidad responde a un actuar independiente y técnico del caso.

“La lectura de una investigación de este tipo no sólo dice relación con algunos agentes o personas en particular, sino que también con operadores de la corredora de bolsa y va en la línea de que el Mercado cada día tiene que tender a la transparencia. En el caso de la autorregulación, si esta no es suficiente, debe existir una regulación que permita un actuar de acuerdo a la normativa” planteó la abogada.

La sanción de la Superintendencia por el Caso Cascada se apuntaría como la más alta de la historia superando al Caso Chispas en que se dictó una multa de 73 millones de dólares. Asimismo, dentro de los antecedentes se encuentra la multa de 6,9 millones de dólares para de 22 ex ejecutivos y directores de La Polar, además de la auditora PWC. Y Por último, el ex mandatario Sebastián Piñera en su calidad de ex director de LAN fue multado por 194 mil dólares. Todo lo precedente según las UF y tipo de cambio de la época.

Al respecto la abogada Paula Vial opinó que “en todos los casos la Superintendencia identificó y tuvo por acreditado que existía un esquema coordinado de operaciones que permaneció en el tiempo y por eso fueron justificadas las altas multas”.

Por su parte, el abogado querellante Mauricio Daza, valoró que se descubriera que Julio Ponce actuó en contra de los intereses de accionistas minoritarios dentro de los que se encontraban las AFP.

“Estimamos que lo más importante de lo que se ha conocido hoy son los motivos en virtud de los cuales se han aplicado estas sanciones. En la medida que se ha establecido la infracción a un conjunto de normas, que no solamente llevan asociadas la aplicación de multas por parte de la Superintendencia de Valores, sino también, dicha infracción tiene contempladas sanciones criminales que significa -en la práctica- que hay un impulso relevante a la acción que hoy está realizando el Ministerio Público al investigar una arista penal vinculada al Caso Cascada” expuso Daza.

Desde el Cámara Alta, el senador DC Andrés Zaldívar, estimó que la aplicación de la sanciones conviene al mundo privado y mundo público dejando en claro que nadie puede sentirse fuera de la ley.

“Me parece muy bien que se sancione si se ha cometido cualquier acto que sea ilícito. Ahora, quien haya sido sancionado tendrá derecho de recurrir ante los tribunales a objeto de hacer su reclamo. Pero si alguien es sancionado por cometer ilícitos sobre todo en materia de negocios, corresponde en el Caso Cascada que se apliquen las sanciones más ejemplares” remató el senador.

Frente al tema, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, se restó de emitir una opinión concluyente hasta que no exista una sentencia definitiva. No obstante, de corroborarse las infracciones, el dirigente gremial sostuvo que “se trataría de hechos de la mayor gravedad que ameritan una enérgica condena, puesto que atentan contra el correcto funcionamiento del sistema económico”.