Experiencias como la campaña “Por Ema y por nuestra Victoria”, impulsadas en La Victoria y el Comité de defensa y promoción de derechos humanos de la Legua, rescataron la experiencia organizacional que les proporcionó la resistencia a la dictadura. Hoy esperan desalojar la droga de sus barrios y ponen de manifiesto su desconfianza en instituciones que, según destacan, los han dejado en la más completa orfandad.

La campaña “Por Ema y por nuestra Victoria” es un intento de desalojo de las drogas al interior de la histórica población que se encuentra en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC). La comunidad organizada decidió impulsar esta iniciativa en defensa de la vida, como la denominan ellos mismos, y nació de la alianza entre la directora de la escuela La Victoria, Miriam Camilla Gallardo, y la encargada de las organizaciones comunitarias del municipio, Soledad Garrido.

Ema González, una joven madre de dos niños, adicta a la pasta base y que se encontraba desaparecida desde enero, fue hallada estrangulada y quemada en la ruta 5 en Maipú, dos meses después. La joven vivía en la población La Victoria y sus padres, en medio de una sensación de abandono e impunidad, empezaron a pegar afiches en el frontis de su hogar pidiendo justicia.

La campaña tomó fuerza luego de la muerte de Ema González

Esta campaña, a la que adhieren todas las organizaciones de La Victoria, desde las juntas de vecinos, clubes deportivos, escuelas, jardines infantiles y salas cunas; tuvo como primera medida realizar actividades con un enfoque que no violentara a los narcotraficantes y consumidores, porque son sus propios vecinos. Con esta mirada, se han realizado acciones en calles y esquinas donde se vende y consume droga, interviniendo el espacio público con velatones, fútbol callejero, cerrando calles para instalar juegos inflables para los niños y proyección de películas.

La directora de la Escuela La Victoria, Miriam Camilla, explicó el sentido de la campaña para enfrentar a consumidores y vendedores de drogas al interior de esa población.

“La droga nos daña a todos. Aquí en la escuela no se vende droga. Tenemos muchos apoderados presos y también tenemos muchos niños que son utilizados eventualmente para la venta pero esta es una escuela libre de drogas. Igual estamos afectados, no solamente estamos afectados nosotros como Escuela, también está afectada la sala cuna que está al lado, está afectado el jardín infantil, el tejido social completo, todos nosotros como comunidad aquí en La Victoria estamos afectados. Y como todos estamos afectados, todos nos hacemos cargo. Aquí no hay ni malos ni buenos. Aquí hay que combatir el tráfico y el consumo”, enfatizó la directora de la escuela La Victoria.

El historiador y poblador de La Legua, Paulo Álvarez, integrante del Comité y defensa de promoción de derechos humanos de La Legua, emplazó en varias oportunidades a las autoridades para obtener respuesta sobre el sentido y los objetivos de las políticas de intervención que, según manifestó, solo consideran la ocupación policial. Explicó que el ministerio del Interior reconoció en 2010 que no existe un plan y que se trataría solo de un nombre de fantasía.

“Lo más serio no es solo un diagnóstico equivocado, sino una lectura totalmente errónea de la política pública. Mientras en el país se siga considerando que el narcotráfico es un espacio de tránsito y que tiene poco que ver con lo que representa cultural social y políticamente, dentro de una zona territorial local como las poblaciones, no se va a reconocer que miles de personas se constituyen por lo que propone el narcotráfico”, aseguró.

La constante ocupación policial ha sido plasmada en los muros de la población.

Paulo Álvarez aseguró que el Estado, a través de la políticas locales, con gran despliegue comunicacional, no ha podido generar herramientas ni dinámicas pertinentes o acertadas para enfrentar la violencia de la droga, que cada vez consume a generaciones menores, los que vendrían a desenvolverse como traficantes de turno.

El jefe de la división de Prevención y Gestión territorial de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Jorge Araya, reconoció que existe una sensación de abandono por parte de los ciudadanos en materia de seguridad pública, adjudicando esta responsabilidad al gobierno pasado.

“Hay una sensación de orfandad producida por lo que fueron las estrategias del gobierno pasado, que nosotros no compartimos en lo grueso. Nosotros queremos tener un trabajo muy territorial, muy con el municipio, pero estamos recién comenzando. Estamos ahora firmando, en estos días, los convenios comunales, porque logramos conseguir con el ministerio de Hacienda un presupuesto adicional que va a permitir esta coordinación en el territorio con carabineros, fiscalías locales, alcalde y nosotros como subsecretaría”, planteó.

Jorge Araya aseguró que la comuna de Pedro Aguirre Cerda recibirá este año un presupuesto de cerca de 300 millones de pesos para la ejecución de una serie de proyectos de prevención y recuperación de espacios públicos.

Los habitantes de sectores como La Legua y La Victoria insisten en desconfiar de las autoridades y de las policías, y comentan que han vuelto la mirada hacia sus respectivas historias y experiencias, iniciando una batalla que devuelva el espacio público a toda la comunidad.