El financiamiento de la política es uno de los temas que se han visibilizado en la opinión pública, esto a propósito de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad que ha logrado, a través de las indagaciones, establecer posibles conductas constitutivas de delito en el financiamiento de campañas electorales en 2013.

Parlamentarios y analistas insisten  en tener una ley que impida favorecer el enriquecimiento o intereses de empresas, las que podrían influir en el rol que cumple el Congreso. También piden reformular el rol del Servel con mecanismos que apunten a transparentar el nexo que existe entre la política y el dinero.

En este contexto no ha estado ausente la crítica hacia organizaciones que la ciudadanía percibe como poco representativas, aportando otro elemento a la discusión que tiene al poder legislativo imbuido en la aprobación de importantes reformas, a las que se podría agregar una futura reforma laboral, donde los intereses de los empresarios no han estado ausentes, quienes hacen fuertes presiones para no ver afectados sus negocios.

Transparentar el gasto electoral, prohibir el aporte de las empresas hacia las candidaturas, impulsar un aporte fiscal que favorezca a las candidaturas más pequeñas, son parte de las propuestas que están en la palestra.

Entre las distintas iniciativas, el Centro de Estudios Públicos (CEP) propuso para los partidos políticos, un sistema de financiamiento permanente no electoral, que provenga de fondos públicos. A juicio de la organización podría estimular la participación ciudadana y mejoraría la representación de intereses y la rendición de cuentas.

El diputad DC, Fuad Chaín sostuvo que la ley que reforma el sistema electoral binominal, aprobada en la Cámara, incluyó indicaciones que abordan el tema en forma parcial, porque se limitan a terminar con los aportes reservados de las campañas y de las empresas, sin embargo no  generan un  mecanismo de control eficiente. Situación que podría incidir en volver a tener casos como la denuncia realizada en contra de Penta.

Fuad Chahín aseguró que en el caso de la DC nadie ha incurrido en acciones reñidas con la ley. Insistiendo que se debe terminar con los aportes reservados, las donaciones de empresas, sobre todo fuera de los plazos que establece la ley. Además de regular el ejercicio de las campañas y la propaganda electoral.

“Claro a uno de repente naturalmente que le caen sospechosas sobre cuáles son los intereses que se están defendiendo en determinados proyectos de ley por cierto hay unos componentes ideológicos en algunos casos y en otros definitivamente. Uno podría sospechar que hay un interés económicos detrás y que por eso es muy importante transparentar el origen de los recursos de las campañas que ya no existan estos aportes reservados,  que no existan estos aportes de las empresas para que no pretendan capturar a dirigentes políticos”.

La organización Ciudadano Inteligente inició hace un tiempo una campaña para exigir transparencia y regular el financiamiento de la actividad política. Piden mayor estándar de transparencia y que se pueda transparentar  a la ciudadanía los gastos que se realizan durante las campañas electorales.

El representante de La fundación, Álvaro Castañón, explicó  que la propuesta incluye el fortalecimiento y modernización del Servicio Electoral de Chile (Servel); el fin de las donaciones de las personas jurídicas rechazando el financiamiento de las empresas por considerar que responden a intereses reducidos que apuntan al lucro y no a la democracia.

“La propuesta nuestra está enfocada a fortalecer el financiamiento público, pero también bajando el límite de gastos que con posterioridad a la inscripción automática y voto voluntario se vio incrementado excesivamente. Creemos que  ahí hay un tema que hay que revisar y el financiamiento público el ideal es que pueda aumentar. Sabemos que ese es un debate bastante árido, pero es una forma de poder exigir mayor transparencia, por lo tanto nosotros apelamos también que allí se pueda hacer un esfuerzo”, enfatizó Álvaro Castañón

Transparentar el financiamiento de las campañas políticas ha incidido entre otros temas, a aumentar la desconfianza en la ciudadanía respecto de sus representantes. Aprovechando esta grieta en la legislación hoy existe un sistema que impide tener acceso a los nombres de las personas y empresas que hacen “donaciones” a las campañas políticas, sin contar con los antecedentes necesarios la ciudadanía puede observar el despliegue de cientos de gigantografías, publicidad en medios de comunicación masivos y personas que reciben una remuneración por su trabajo en las candidaturas.

Esta situación pone un manto de duda sobre los posibles compromisos que pueden haber establecido los futuros legisladores y sus “donantes” y si éste hecho podría eventualmente afectar el bien común de los ciudadanos.