Pese a las manifestaciones ciudadanas y ambientalistas contrarias al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en que se advierte que perjudicará la disponibilidad de agua para la Región Metropolitana, esta última semana la polémica iniciativa se presentó como factible para el Ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, argumentó públicamente que por cumplir la normativa legal y ayudar a bajar los precios de la energía, el proyecto que asocia a la generadora AES Gener con Antofagasta Minerals debe ver la luz.

La autoridad recapituló que ingresó en mayo de 2008 al Sistema de Evaluación Ambiental, que aprobó su Resolución de Calificación Ambiental al año siguiente y desde septiembre de 2011 tiene el visto bueno por resolución de la Dirección General de Aguas.

“Este proyecto debe construirse para que entre en operación en los tiempos contemplados, este proyecto es fundamental para el desarrollo energético” aseguró Arenas.

Entre 2018 y 2019 la empresa tiene contemplado que este operativo el proyecto.

En efecto, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, apoyó al titular de la cartera respondiendo a la autosuficiencia del país.

“Las palabras del ministro realmente son para aplaudirlo, creo que todos tenemos que estar detrás de esta idea” comentó el líder de la Sofofa.

Sin embargo, la posición de la ciudadanía no es la misma. La Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo convocó a una nueva marcha este fin de semana y su dirigenta Marcela Mella, consideró “vergonzoso” el respaldo desde La Moneda al proyecto cuando es cuestionado por la opinión pública por irregularidades en su aprobación ambiental.

Marcela Mella no compartió la eventual baja de las cuentas de energía de los ciudadanos ya que, a su juicio, los ríos que se pretenden represar son de nieve y hielo, por lo tanto, el encarecimiento de las cuentas de los hogares es en invierno cuando las centrales podrán generar un promedio de 135 mega watts.

En consecuencia, “cuanto más energía puede generar las centrales Alto Maipo, en promedio 210 mega watts, eventualmente es cuando hay menos demanda y el precio no es tan caro” señaló.

Asimismo rechazó la posible reactivación económica que se daría: “Una parte importante de los mil 500 trabajadores que hoy están empleados por los contratistas de Alto Maipo son extranjeros o de fuera de la zona, siendo el mínimo porcentaje mano de obra local. Además miles de puestos de empleo se perderán con el proyecto hidroeléctrico en el sector turístico y los relacionados con la extracción de áridos y la agricultura del Valle del Maipo”, criticó.

En tanto, Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política apuntó al litigio en temas de aguas que tiene pendiente el proyecto y que puede cambiar su viabilidad, asegurando que “el contexto del cambio climático hace que las aguas que sirven para el riego y las  que sirven para la alimentación de los santiaguinos van a ser cada vez menos y no más, por lo tanto, un proyecto hidroeléctrico como Alto Maipo, es un tema que trasciende lo que les pasa a los vecinos del lugar y tiene que ver con la subsistencia misma de Santiago”.

El ambientalista añadió que la decisión estratégica del Estado debió ser separar el uso de las aguas para la hidroelectricidad del uso para agua potable, más aún cuando una empresa precisamente de agua potable hizo viable el proyecto.

Sin embargo, el presidente ejecutivo de Alto Maipo, Jorge Rodríguez Grossi agradeció el apoyo de Hacienda, indicando que el proyecto inyectará prácticamente  el 50 por ciento de lo que están consumiendo los hogares en Santiago  actualmente y “producirá electricidad más eficiente, que no altera el paisaje, las rutas de montañismo ni el agua”.