Un extintor relleno con pólvora negra con un mecanismo de relojería adosado a él, bajo el viaducto de la línea 5 del metro entre las estaciones San Joaquín y Pedrero, panfletos que podrían llevar a quienes instalaron el aparato, y un amplio operativo del GOPE revivieron la discusión en torno a la eficacia de las medidas tendientes a encontrar a los culpables de este tipo de delitos, justo en la semana en que el gobierno presentó las modificaciones a la ley 18.314 conocida como ley antiterrorista.
El subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, comunicó que el Ejecutivo invocará esta ley para perseguir a los responsables de la colocación de este nuevo artefacto explosivo -que se suma a la decena de aparatos que en los últimos meses han movilizado a las fuerzas policiales-, a pesar de los reparos a nivel jurídico que esta ley ha despertado en círculos académicos y judiciales, y que recuerda las palabras de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, quien en entrevista con la Radio Universidad de Chile, advirtió sobre la aplicación demagógica de este cuerpo legal, con un carácter más efectista que efectivo.
Desde el mundo político, diversas reacciones han surgido en torno a este nuevo atentado. El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado DC Gabriel Silber, señaló que este tipo de situaciones desnuda las falencias que el sistema de inteligencia tiene para enfrentar los actos terroristas.
“La parte preventiva de nuestro sistema de inteligencia, claramente está en pañales, ahí está el talón de Aquiles de nuestro sistema de seguridad. Mientras no tengamos una inteligencia profesional, con capacidad para adelantar escenarios, obviamente siempre vamos a estar con una actitud reactiva a la hora de perseguir a los responsables”, señaló el diputado de la DC.
Por su parte, el diputado de la UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Arturo Squella, criticó el actuar del gobierno para enfrentar los delitos de connotación terrorista, señalando que la seguridad ciudadana y pública no han sido una prioridad para el Ejecutivo, ni siquiera fueron parte importante del programa de gobierno, por lo que hace un llamado a que la administración de Bachelet se replantee sus objetivos en este sentido.
Además, Squella apuntó a que las modificaciones de la ley 18.314 sólo agrega más dificultades para que la justicia, eventualmente, pudiera probar el carácter terrorista de los delitos: “Esperamos de que esto sea un lapsus por parte del gobierno y que una vez que empiece la discusión en el Congreso, el Ejecutivo envíe una indicación como corresponde, corrigiendo estas materias”.
En una línea similar, el diputado independiente Vlado Mirosevic, si bien apoya la idea del gobierno de invocar la ley antiterrorista en este caso, señaló que el gobierno debe acelerar la tramitación del proyecto que modifica esta ley, la que considera ineficaz y con muchas ambigüedades.
Si bien el mundo político en general, se ha alineado con la invocación de la ley antiterrorista para este caso, los parlamentarios manifiestan su disconformidad con los magros resultados que las investigaciones para esclarecer estos delitos han arrojado hasta ahora.
Quiénes están detrás de estos atentados con bomba, y cuáles son las reales motivaciones que tienen estos grupos o individuos para llevar a cabo sus acciones, son las preguntas que después del enésimo intento de ataque quedan rondando en el aire, y aún no hay una respuesta satisfactoria.
Un extintor relleno con pólvora negra con un mecanismo de relojería adosado a él, bajo el viaducto de la línea 5 del metro entre las estaciones San Joaquín y Pedrero, panfletos que podrían llevar a quienes instalaron el aparato, y un amplio operativo del GOPE revivieron la discusión en torno a la eficacia de las medidas tendientes a encontrar a los culpables de este tipo de delitos, justo en la semana en que el gobierno presentó las modificaciones a la ley 18.314 conocida como ley antiterrorista.
El subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, comunicó que el Ejecutivo invocará esta ley para perseguir a los responsables de la colocación de este nuevo artefacto explosivo -que se suma a la decena de aparatos que en los últimos meses han movilizado a las fuerzas policiales-, a pesar de los reparos a nivel jurídico que esta ley ha despertado en círculos académicos y judiciales, y que recuerda las palabras de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, quien en entrevista con la Radio Universidad de Chile, advirtió sobre la aplicación demagógica de este cuerpo legal, con un carácter más efectista que efectivo.
Desde el mundo político, diversas reacciones han surgido en torno a este nuevo atentado. El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado DC Gabriel Silber, señaló que este tipo de situaciones desnuda las falencias que el sistema de inteligencia tiene para enfrentar los actos terroristas.
“La parte preventiva de nuestro sistema de inteligencia, claramente está en pañales, ahí está el talón de Aquiles de nuestro sistema de seguridad. Mientras no tengamos una inteligencia profesional, con capacidad para adelantar escenarios, obviamente siempre vamos a estar con una actitud reactiva a la hora de perseguir a los responsables”, señaló el diputado de la DC.
Por su parte, el diputado de la UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Arturo Squella, criticó el actuar del gobierno para enfrentar los delitos de connotación terrorista, señalando que la seguridad ciudadana y pública no han sido una prioridad para el Ejecutivo, ni siquiera fueron parte importante del programa de gobierno, por lo que hace un llamado a que la administración de Bachelet se replantee sus objetivos en este sentido.
Además, Squella apuntó a que las modificaciones de la ley 18.314 sólo agrega más dificultades para que la justicia, eventualmente, pudiera probar el carácter terrorista de los delitos: “Esperamos de que esto sea un lapsus por parte del gobierno y que una vez que empiece la discusión en el Congreso, el Ejecutivo envíe una indicación como corresponde, corrigiendo estas materias”.
En una línea similar, el diputado independiente Vlado Mirosevic, si bien apoya la idea del gobierno de invocar la ley antiterrorista en este caso, señaló que el gobierno debe acelerar la tramitación del proyecto que modifica esta ley, la que considera ineficaz y con muchas ambigüedades.
Si bien el mundo político en general, se ha alineado con la invocación de la ley antiterrorista para este caso, los parlamentarios manifiestan su disconformidad con los magros resultados que las investigaciones para esclarecer estos delitos han arrojado hasta ahora.
Quiénes están detrás de estos atentados con bomba, y cuáles son las reales motivaciones que tienen estos grupos o individuos para llevar a cabo sus acciones, son las preguntas que después del enésimo intento de ataque quedan rondando en el aire, y aún no hay una respuesta satisfactoria.
Un extintor relleno con pólvora negra con un mecanismo de relojería adosado a él, bajo el viaducto de la línea 5 del metro entre las estaciones San Joaquín y Pedrero, panfletos que podrían llevar a quienes instalaron el aparato, y un amplio operativo del GOPE revivieron la discusión en torno a la eficacia de las medidas tendientes a encontrar a los culpables de este tipo de delitos, justo en la semana en que el gobierno presentó las modificaciones a la ley 18.314 conocida como ley antiterrorista.
El subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, comunicó que el Ejecutivo invocará esta ley para perseguir a los responsables de la colocación de este nuevo artefacto explosivo -que se suma a la decena de aparatos que en los últimos meses han movilizado a las fuerzas policiales-, a pesar de los reparos a nivel jurídico que esta ley ha despertado en círculos académicos y judiciales, y que recuerda las palabras de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, quien en entrevista con la Radio Universidad de Chile, advirtió sobre la aplicación demagógica de este cuerpo legal, con un carácter más efectista que efectivo.
Desde el mundo político, diversas reacciones han surgido en torno a este nuevo atentado. El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado DC Gabriel Silber, señaló que este tipo de situaciones desnuda las falencias que el sistema de inteligencia tiene para enfrentar los actos terroristas.
“La parte preventiva de nuestro sistema de inteligencia, claramente está en pañales, ahí está el talón de Aquiles de nuestro sistema de seguridad. Mientras no tengamos una inteligencia profesional, con capacidad para adelantar escenarios, obviamente siempre vamos a estar con una actitud reactiva a la hora de perseguir a los responsables”, señaló el diputado de la DC.
Por su parte, el diputado de la UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Arturo Squella, criticó el actuar del gobierno para enfrentar los delitos de connotación terrorista, señalando que la seguridad ciudadana y pública no han sido una prioridad para el Ejecutivo, ni siquiera fueron parte importante del programa de gobierno, por lo que hace un llamado a que la administración de Bachelet se replantee sus objetivos en este sentido.
Además, Squella apuntó a que las modificaciones de la ley 18.314 sólo agrega más dificultades para que la justicia, eventualmente, pudiera probar el carácter terrorista de los delitos: “Esperamos de que esto sea un lapsus por parte del gobierno y que una vez que empiece la discusión en el Congreso, el Ejecutivo envíe una indicación como corresponde, corrigiendo estas materias”.
En una línea similar, el diputado independiente Vlado Mirosevic, si bien apoya la idea del gobierno de invocar la ley antiterrorista en este caso, señaló que el gobierno debe acelerar la tramitación del proyecto que modifica esta ley, la que considera ineficaz y con muchas ambigüedades.
Si bien el mundo político en general, se ha alineado con la invocación de la ley antiterrorista para este caso, los parlamentarios manifiestan su disconformidad con los magros resultados que las investigaciones para esclarecer estos delitos han arrojado hasta ahora.
Quiénes están detrás de estos atentados con bomba, y cuáles son las reales motivaciones que tienen estos grupos o individuos para llevar a cabo sus acciones, son las preguntas que después del enésimo intento de ataque quedan rondando en el aire, y aún no hay una respuesta satisfactoria.
