La Conferencia Episcopal de Chile redactó un documento sobre la Reforma Educacional y los alcances propuestos desde la Iglesia para mejorar el sistema de educación del país.

Titulado, “Una Reforma Educacional por el bien de Chile”, el texto ofrece la visión sobre el actual trámite legislativo del proyecto ingresado por el Gobierno. En él sostiene que “las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad independientemente de donde estudien, y a crecer en un país respetuoso de la pluralidad de proyectos educativos, así como también del esfuerzo y aporte que tanto la educación pública como particular, laica y confesional, han brindado al país”.

Si bien el episcopado expresa el apoyo a la reforma al sistema, indican que es imprescindible trabajar por “la construcción de un sistema más equitativo y el fin de la segregación social desde la base, favoreciendo mayores grados de integración e inclusión”.

“Si bien no compartimos en varios aspectos la forma de llevar a cabo la reforma educacional, dada la ausencia de presupuestos claros respecto de la naturaleza, fines y principios de una auténtica educación, queremos aportar propuestas de modo responsable. Así, nos sumamos a la reflexión y contribución de todos los demás sectores que han hecho de la educación un servicio reconocido y significativo a la Patria”, indican.

“Nos preocupa que la reforma pueda construirse sobre diagnósticos insuficientes de la verdadera y múltiple realidad de los colegios particulares subvencionados y que pueda afectar el legítimo funcionamiento de las comunidades educativas, sean laicas o confesionales, o desincentive a continuar educando o a crear nuevos colegios.

Además, agregan que como iglesia reconocen el derecho de los padres y apoderados a manifestar inquietudes y declarar esperanzas en los proyectos de educación, defendiendo sus derechos y su libertad de elegir.

“Creemos fundamental que se fomente la diversidad de proyectos educativos en la educación chilena, tan necesaria para la democracia. Nuestra educación debiera manifestar con nitidez los atributos asociados a la libertad de enseñanza: provisión mixta, libertad para el desarrollo de los proyectos educativos con la imprescindible autonomía en la gestión, sin perjuicio de la debida fiscalización y sanciones a los infractores por parte del Estado”, agregan.

En este punto profundizan sobre la necesidad de garantizar la apertura de nuevos establecimientos y mantener los actuales. Además, indican que “resulta primordial favorecer la inclusión social, asegurando el acceso a esta misma educación de calidad a aquellas personas con habilidades especiales”.

Sobre la gratuidad, desde el Episcopado “valoran positivamente el esfuerzo declarado por el Gobierno en orden a proveer una educación gratuita para todos”. Sin embargo, agregan que de nada serviría si esto no se acompaña con calidad: “En efecto, todos los estudiantes de colegios gratuitos, independientemente de donde realicen sus estudios, han de recibir idénticos recursos del Estado, ya que cualquier discriminación al respecto atentaría contra la equidad y la calidad de los aprendizajes para todas y todos”.

“Nos preocupa que la actual discusión se haya centrado en la estructura de propiedad de los colegios, la falta de libertad para crear nuevos establecimientos y proyectos educativos, la creciente inflexibilidad para asignar recursos a las prioridades definidas por cada sostenedor según su propio proyecto educativo, el exceso de regulaciones innecesarias que amenazan con instalar la sospecha y la desconfianza como el modo ordinario de percibir el servicio de los establecimientos, también la falta de incentivos reales para el comodato y compraventa de propiedades, como los obstáculos para un arriendo regulado y legítimo”, porque señalan que hay otros aspectos, como formación docente, donde es necesario trabajar.

Al finalizar, hacen un llamado a todos los sectores para alcanzar un gran acuerdo en educación. También piden reflexión al Senado e impulsar una Reforma en modo gradual, caracterizada por una transición serena y ordenada a las futuras entidades jurídicas, sin detrimento y menoscabo patrimonial de los sostenedores.