A 53 años del suceso que dio nacimiento al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ellas continúan siendo víctimas de diferentes maneras.

Más allá del impacto de los femicidios existen formas de violencia que las mujeres padecen en su vida diaria y que transitan desde el terreno de lo simbólico, pasan por acosos de diferente tipo, el uso del lenguaje, la invisibilización de las mujeres en espacios de participación política. En los casos extremos se llega a la muerte de la mujer, donde el victimario es alguien de su entorno y la mayoría de las veces se trata de sus propias parejas.

Una muestra de ello se traduce en la cosificación que se produce por la reducción de la mujer a un objeto sexual. Así lo explicó Maite Rodríguez, Coordinadora e integrante de la fundación guatemalteca Red de Mujeres y Hábitat de América Latina y el Caribe: “Toda esa violencia pública hay que visibilizarla porque lo que hacen, eso lo que tú dices, los piropos, los supuestos halagos callejeros, lo que están haciendo es cosificar a las mujeres y nos convierte en un objeto sexual que es tan violento y forma parte de una ruta de la violencia incluso para derivar en los feminicidios”, indicó.

Dicha situación se repite en países de Latinoamérica donde la desigualdad propia del continente aumenta la violencia que padecen las mujeres.

En ese contexto, nuestro país se encuentra en el puesto 119 de 144 países dentro de una lista elaborada por el Fondo Económico Mundial que mide la empleabilidad de las mujeres, lo que denota la violencia dentro del sistema productivo y el menoscabo que sufren.

Este escenario fue explicado por la socióloga del Observatorio de Género y Equidad, Tatiana Hernández: “Cuando tú tienes un millón y medio de mujeres que eligen no trabajar de forma asalariada por los cuidado del hogar, de personas dependientes como hijos, enfermos y otros. Hay una violencia estructural que afecta a las mujeres por las desiguales relaciones de poder que se establecen por la división sexual del trabajo”, sostuvo la socióloga.
Es así que urge una modificación en materia legislativa para que las mujeres se integren al trabajo y además, se les pague el mismo salario que reciben los hombres por una misma tarea. Esto da cuenta de las muchas violencias que padecen las mujeres en materia laboral.

El mundo de la política, la situación se manifiesta desde la poca apertura que tienen los partidos políticos para incorporar candidatas en sus diferentes elecciones, lo que influye en la baja participación de las mujeres en estas organizaciones.

En este sentido, Elizabeth Guerrero, experta en Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “Nosotros en Chile estamos llegando solo a un 15 por ciento de participación política de las mujeres en los parlamentos, en las alcaldías estamos en un 12 por ciento, en las concejalías un poquito más alto, estamos en un 20 por ciento y eso nos posiciona muy por debajo de los países de la región. Son pocos los países que tienen menos participación política que nosotros e incluso nos posiciona debajo de los países árabes, es decir, estamos bastante mal en ese sentido”, concluyó la investigadora.

Las especialistas en temas de Género coinciden en que en el contexto latinoamericano Chile está muy atrasado, mientras que Argentina se convirtió en el primer país en instaurar una ley de cuotas.

Por otro lado, Brasil, que posee una ley de cuotas pero no establece sanciones, tiene una baja participación política de las mujeres.

Ambas expertas destacaron la nueva legislación que establece mínimos y máximos para que ningún sexo supere al otro en la cantidad de candidatos, pero indicaron que debe ir acompañada por una modernización de la Ley de Partidos Políticos.

Esto, porque en los últimos 25 años los partidos políticos han seleccionado un 90 por ciento de candidatos en desmedro de un 10 por ciento de postulantes femeninas. Tanto en materia laboral como política, las organizaciones reproducen la estructura patriarcal, por lo que urge modificar las relaciones entre hombres y mujeres dentro de cualquier entidad, para que se reconozca que las mujeres son sujetos políticos y sociales que contribuyen en igualdad al devenir del país.