De forma unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones decidió revertir la decisión del ministro en visita del caso Inverlink, Patricio Villarroel y revocar las absoluciones, estableciendo condenas para los involucrados en este caso.

Recordemos que este proceso comenzó en el año 2003 cuando el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió por un correo electrónico rebotado que su secretaria Pamela Andrada había estado filtrando información privilegiada a la corredora de bolsa Inverlink.

Estos datos fueron usados por los miembros del grupo para retirar sus fondos de forma masiva, sustrayendo cerca de 85 millones de dólares, en complicidad con el ex jefe de tesorería de Corfo, Javier Moya.

De acuerdo a la investigación judicial, “a fines de la década de los 90 ejecutivos del grupo Inverlink S.A. contactaron a Javier Moya para realizar maniobras engañosas y eludir prohibiciones de ventas de papeles de la entidad estatal, maniobras en las que, además, contaron con el apoyo de entidades bancarias”.

El fallo agrega que “En la triangulación de los instrumentos de plazo fijo, conforme lo que se ha venido reseñando, cada uno de los demandados, desde la posición que ocupaban -ya sea dentro del Grupo Inverlink, CORFO o BBVA- realizaron maniobras engañosas o fraudulentas que, en definitiva, significaron eludir la prohibición o limitación de CORFO para efectuar intermediaciones de sus excedentes de caja con corredoras que no fueran propiedad de bancos, ocultando a quien estaba detrás de lo que se llevaba a cabo que era precisamente Inverlink Corredora de valores S.A.”.

Las penas dictadas por el tribunal de alzada fueron de 800 días de cárcel para Javier Moya Cucurella, el ex funcionario de Corfo, y 541 días para Eduardo David Monasterio Lara, ex presidente del grupo.

Además, recibieron 541 días los ex ejecutivos de Inverlink Eduardo Marcos Dominguín Tapia Donoso, Luis Alberto Hernández Palma y Lawrence Fernando Fletcher Vera; los ex ejecutivos de la corredora de bolsa BBVA Juan Pablo Prieto Viviani y Frank Williams Leigthon Castellón; y el ex operador de la corredora Scotia Bank Gino Andrés Tirapegui Palomino, todos “como autores del delito previsto en el inciso 2° del artículo 53 de la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores”.

El ministro de la Corte, el juez Juan Escobar, se refirió escuetamente a la resolución, “la sala, por unanimidad, estableció que había ilícitos que debían ser sancionados y todos los antecedentes que se analizaron llevaron a la sala a condenar a las partes querelladas”, señaló.

Por su parte, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, señaló que es valorable que después de 11 años haya condenas y multas ejemplificadoras, “si hay también sanciones respecto de temas económicos es relevante porque eso significa que los delitos económicos que son difíciles de probar y difíciles de sancionar, en definitiva, es posible”, agregó.

En el aspecto civil en tanto, se acogió la demanda presentada por la Corporación de Fomento de la Producción y se determinó que “los condenados deben pagar solidariamente la suma de $26.462.millones de pesos, por concepto de daño emergente, indemnización que también debe pagar BBVA Corredora de Bolsa Limitada, por la responsabilidad derivada de la conducta de sus funcionarios Juan Pablo Prieto Viviani y Frank Williams Leighton Castellón”.

De acuerdo al proceso, los condenados tienen 15 días para interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema. Hasta el momento sólo el banco BBVA se ha referido a lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, asegurando que son inocentes de estas maniobras dolosas.

“BBVA Corredores de Bolsa no está de acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que la condena civilmente por los hechos de sus ex empleados, revocando la sentencia absolutoria de primera instancia”, dijo la empresa.

Por ello, aseguró que presentará recursos judiciales para probar esta inocencia, “confiando en que la Corte Suprema reestablecerá su total inocencia, como fuera reconocido en el fallo de primera instancia”.