Después de dos años de dejar la rectoría en la Universidad del Mar, el académico Raúl Urrutia da una mirada a las posibles lecciones que dejó su caso.

El abogado, militante de Renovación Nacional, entregó una carta en mayo de 2012 -luego de 49 días en el cargo- dirigida a la Junta Directiva donde denunció que el plantel priorizó la “entrega de 600 millones de pesos  a los controladores en forma directa o indirectamente a través de las inmobiliarias”. Así, quedaban pagos adeudados al personal a contrata que ascendían a “250 millones de pesos al 25 de mayo de ese año, sin contar con el pago de las cotizaciones previsionales”.

Urrutia destapó una “olla a presión” que generó diversas repercusiones. Entre ellas, el proceso de cierre de la casa de estudios, comisiones investigadoras en el Parlamento y cuestionamientos al sistema de acreditación.  Esto último, abrió una arista judicial donde se involucraba al ex presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz.

El viernes pasado, el fiscal Carlos Gajardo acusó a Díaz de delitos de corrupción, lavado de dinero e, incluso, un presunto fraude tributario. El ex directivo arriesga 12 años de cárcel y el pago de multas por 190 millones de pesos. Además, la fiscalía acusó a los ex rectores de la U. del Mar, Héctor Zuñiga; y de la UPV, Ángel Maulén. Se les imputa soborno y lavado de dinero.

Raúl Urrutia nos recibió  en su oficina en Valparaíso y en entrevista con Radio Universidad de Chile confirma que fue una sola vez a declarar ante el fiscal (agosto 2012).

El también  ex diputado por Viña del Mar y Concón (por dos periodos consecutivos entre 1990 y 1998) advierte que está preocupado de ejercer su profesión y realizar algunas clases en el ámbito universitario.

Aunque asegura que “está retirado de la política” por razones personales  no deja de analizar a su sector: la Alianza.

“Se han demorado bastante en hacer análisis, el país necesita oposición fuerte”, comentó.

Han pasado dos años desde su renuncia a la Universidad del Mar. ¿Cómo observa el proceso que afectó a esta institución?

Uno puede analizar desde varios puntos de vista. Primero, que no había realmente una organización estudiantil fuerte. En los 49 días que estuve de Rector, con la única dirigencia estudiantil  que me reuní fue con la Escuela de Medicina y con ellos pude enterarme de muchas situaciones. Segundo, la desidia absoluta del Estado en cumplir su rol fiscalizador, regulador y de control. No lo hizo en la Universidad del Mar y creo que tampoco lo ha hecho en ninguna de las otras universidades (estatales y privadas). No es posible que se otorgue la autonomía a una casa de estudios y eso signifique que ésta puede hacer y deshacer en materia de orden académico.

Por ejemplo, a la Universidad del Mar se le dio la autonomía en 2002 y de inmediato se abrieron carreras en diferentes ciudades del país donde no había ninguna posibilidad real de tener académicos para entregar  clases y conocimientos. Se crea la Escuela de Derecho en la ciudad de Calama ¿Con qué académicos?  ¿Cómo responsablemente una casa de estudios superiores puede tomar una decisión de esa envergadura? Eso el Ministerio no lo controló. Cuando se habla de control  solo se menciona la parte económica, pero no la académica”.

¿La figura de “administrador provisional” es la solución?

Esa es una solución parche. Se buscó intervenir a las Universidades y eso no soluciona el problema. Lo que tiene que hacer el Estado, no solamente en materia universitaria sino que también en las Isapres, Administradoras de Fondos de Pensiones y salud donde tenga que supervigilar, es efectivamente cumplir ese rol. Decir al fiscalizado lo que está mal, sancionar si no cumple y esto ocupando la Ley vigente. En el evento que no cumpla con todos los requerimientos, ahí buscar la forma de intervenir. Estos administradores se transforman en una institución que va a ser como una espada de Damocles que va a estar siempre encima de las Universidades. Lo importante es que ellas cumplan su rol: educar y entregar conocimiento a los jóvenes que serán los futuros profesionales del país.

La acusación del fiscal Gajardo  incluye prisión y multas ¿será un ejemplo?

He ido una sola vez a declarar ante el fiscal y tengo la mejor impresión de él. Creo que la acusación que formuló donde solicita sanciones es lo que la Ley le permite y los Tribunales tendrán que decidir si aceptan este tipo de sanciones. Es fundamental que se entienda que ante una situación de esta envergadura,  quienes cometen estos ilícitos deben pagar y ojalá que los Tribunales sean muy duros para que todo el resto sepa a qué atenerse. La Ley debe cumplirse y no se puede hacer un fraude, porque lo que se hacía era un fraude.

Este caso tuvo reacciones en el Parlamento con la creación de comisiones investigadoras que revisaron antecedentes de otras instituciones. Hoy, también está en la mira la crisis que vive la Universidad Arcis. ¿Se sacó alguna lección de lo vivido con la U. del Mar?

Como manifesté, una vez que dejé la rectoría, aquí había que hacer una profunda transformación a la Ley. Hay que sincerar el asunto: la educación la paga el Estado (al final todos los chilenos) o los usuarios. Porque en la Ley vigente dice que las Universidades deben ser Corporaciones sin fines de lucro y eso permitió que se formaran todo este tipo de sociedades e inmobiliarias para obtener la rentabilidad que una persona quiere recibir por el hecho de invertir para hacer una Universidad.

Otro tema delicado y que no deja de ser importante es si un partido,  una ideología  o grupo religioso quiere formar una Universidad que tengan una orientación,  que lo haga dentro del margen de la Ley.

Qué culpa tienen los jóvenes que en forma voluntaria se inscribieron y que por problemas económicos no pueden obtener  un título profesional. Hoy día la discusión está centrada en si estas instituciones tienen que tener o no fines de lucro, pero debería centrarse en lo académico. Busquemos el mecanismo más adecuado pero que permita que todos puedan tener igualdad en el acceso y las mismas oportunidades.

Camino hacia una Acreditación 2.0

A principios de 2013, el ex presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto para cambiar la CNA por una Agencia Nacional de Acreditación.  Este 2014, a pocos días que asumiera el Gobierno de Michelle Bachelet, se anunció que suspenderían tres iniciativas enviadas por la administración anterior (financiamiento para la educación superior, superintendencia y la Agencia de Acreditación).

¿Hay conciencia de la necesidad urgente de cambios en esta materia?

Siempre entendí que cuando se hablaba de acreditación de las Universidades, el Estado iba a determinar si cumplían con su rol que es entregar una buena educación, contar con los implementos y sacar buenos profesionales. Pero nos encontramos, para mí fue una sorpresa, que para acreditar a una Universidad es malo que los estudiantes salgan con resultados deficientes. Esto quiere decir, que los profesores tienen que sacar bien a los estudiantes. Pero si el joven no sabe, ¿eso significa que la Universidad es mala? No hay exigencia al alumno y eso es un tema bastante complicado. Esto, le sucede a todas las Universidades tanto públicas como privadas. Todas tienen el mismo problema para su acreditación y tratan por todos los medios que los alumnos salgan dentro de un plazo determinado, sino no las acreditan o les bajan los años.

¿Cuáles son las prioridades?

La acreditación debe ser permanente. Tiene que ser un sistema donde el Estado esté preocupado que las universidades estén cumpliendo con sus funciones (excelencia académica). Le puedo dar 7 años y después que obtienen la acreditación  pueden estar 3 o 4 años sin hacer nada y cuando tengo que acreditarme de nuevo retomo la compra de cosas. Debe existir una fiscalización continua del Ministerio de Educación.

Promesas 2015: Reformas en educación superior

¿Cómo evalúa la gestión del ministro Eyzaguirre?

Luego de mi renuncia aparecieron las atribuciones (en el Mineduc) para fiscalizar a las Universidades. En esta materia tiene que haber una política de Estado, no puede ser partidista ni del grupo que está gobernando el país porque la educación se reforma el 2015 y esto va a empezar a tener vigencia real en 5 o 10 años.  Esto va a marcar a los profesionales que tendrá el país durante los próximos 40 años. Lo que se debe buscar es un consenso real entre todos los actores políticos para buscar el mejor sistema que permita excelencia académica en la parte universitaria. Obviamente que en educación parvularia, básica y media también tiene que existir, pero si estamos hablando de las Universidades es fundamental que hoy día el Estado asegure un consenso amplio en la ciudadanía.

El ministro Eyzaguirre  ha sido errático porque ha tratado de imponer un programa, que dice debe respetar, pero  nadie sabe cuál es ese programa porque ésa es la realidad. Decir que la gente votó por un programa no es verdad, sí lo hizo un porcentaje mínimo pero otros votaron por afinidades políticas o personales.

Ante el actual debate legislativo en materia educacional, se hace un balance si se empezó por el proyecto correcto o si se puede ir avanzando en varias materias al mismo tiempo ¿Se puede “caminar y mascar chicle” considerando también la infinidad de temas que se relacionan con la educación superior?

Me da la impresión que hay que tomar todo el conjunto. No podemos ver calidad académica en 5 años más y lucro el 2015. Porque ello va a implicar el futuro de esas universidades y sus profesionales, en eso tenemos que centrarnos. Si hoy nos dedicamos exclusivamente a señalar que será sin fines de lucro-lo que me parece válido tomar esa decisión-pero también veamos de inmediato la calidad académica.

“El país tiene que saber”

En 2010, Urrutia fue electo como presidente del Consejo para la Transparencia. En este contexto, comenta los debates en esta materia.

Chile cuenta con Ley de Transparencia y de Lobby. Hace pocos días, el Gobierno anunció los detalles de su propuesta por el financiamiento de la política. ¿Vamos por buen camino?

He sido un ferviente impulsor  de la absoluta transparencia en materia financiera y política. Sufrí en carne propia la avalancha de dinero que le pusieron a su contendor en la campaña de 1997 en donde fue 4 a 1 las cantidades de dinero que se emplearon. Esto no puede ser así porque desprestigia la política y no permite que exista igualdad de oportunidades para participar en la actividad política. Además, el país tiene saber dónde y quiénes entregaron las platas. La persona que fue elegida debe abstraerse de poder, de alguna forma, beneficiar a quién entregó dinero en su campaña  y eso es lo más complicado.

Vamos bien porque hasta el año 2008 no había nada.  Se había modificado en 2005 como una normativa programática en la Constitución donde se establece la probidad en el ejercicio de la función pública y publicidad. Pero la OCDE obligó al país a tener un órgano como el Consejo para la Transparencia.  Éste se creó y cuando partimos no nos dieron recursos porque solo se quería cumplir con la OCDE. Tuvimos que dar una fuerte batalla desde  los 4 consejeros y esa fuerte lucha por obtener los recursos significó que poco a poco se entendiera el rol del Consejo.

No fue fácil introducir en la mentalidad del funcionario público y de los chilenos  la necesidad de transparencia y acceso a la información de los órganos del Estado. Pero hemos avanzado aunque falta mucho por hacer. El Consejo es un órgano que permite saber lo que está pasando.

¿Los partidos políticos están conscientes de esta necesidad?

Los partidos han estimado que están por sobre todo, pero ahora se han ido dando cuenta que esa situación  no es posible mantenerla. Indudablemente, ellos van a tener que buscar las formas de hacer más transparente su actuar y mostrar a la ciudadanía de donde obtienen los recursos para poder actuar.  Sino el desprestigio va a ser cada día peor y esto es grave.

La UDI ha sido reacia a buscar fórmulas reales de control de este tema de financiamiento, pero al final la opinión pública va para ese lado y van a tener que ceder a una realidad que es fundamental.