Por más de 30 días se ha extendido el corte de ruta que mantienen los dirigentes de Caimanes y que impide el acceso de vehículos a la mina Pelambres de propiedad del Grupo Luksic. Esto después de que la misma Corte Suprema resolviera que la firma está obligada restituir el curso natural de las aguas del Valle del Pupío.

Álvaro Badillo, dirigente del Comité de Defensa de Caimanes, afirmó que en la localidad hay problemas de suministro de agua que afectan la labor de los agricultores, e incertidumbre con la calidad del elemento que consumen. En ese sentido, indicó que el fallo vino a proteger sus derechos básicos por lo que seguirán movilizados.

“No se van a mover de aquí hasta que la minera no cumpla. En este momento la gente se está organizando para pasar las fiestas acá, Navidad y Año Nuevo, aquí juntos en el cerro, esa es la postura que hay, no hay ninguna opción de deponer este paro, al contrario. Las autoridades (la Intendencia de la Región de Coquimbo) hicieron una mesa de acercamiento y en la segunda reunión que agendaron la minera se retractó y nos dijo que si no deponíamos este paro ellos no seguían en ninguna mesa de acercamiento”.

El dirigente sostuvo que no aceptaron esa propuesta porque “sería la enésima vez que hacen lo mismo y nunca más aparecen”. En ese contexto, el Presidente del organismo, Cristián Flores apeló a la comunidad internacional afirmando que en Chile el Gobierno no da garantías para cumplir los fallos emitidos por la Justicia.

Los dirigentes se refieren a la denuncia por obra nueva, donde el Máximo Tribunal a finales de octubre dictaminó que la empresa debía presentar un plan para reponer el cauce de las aguas en un plazo de un mes. Pelambres presentó un programa en el plazo indicado, no obstante la abogada defensora, Sandra Dagnino, sostuvo que esto no fue más que una estrategia porque la firma sigue sin cumplir.

“El fallo establece que hay que entregar las aguas y demoler, y que en el evento que exista otra posibilidad de devolver el escurrimiento natural de las aguas sin demoler, había un mes para hacer esa presentación. Esa presentación se hizo pero no contempla ninguna obra para la devolución de las aguas subterráneas. Nosotros creemos que debe cumplirse el fallo porque el plan no es idóneo”.

La abogada explicó que ahora la Corte está a resolviendo si el documento presentado da cuenta o no de lo que exigió al inicio. En ese sentido la abogada se mostró sorprendida por la falta de acción de las autoridades para lograr que se cumpla una resolución judicial.

Cabe señalar que en una reunión con la comunidad el gobernador del Choapa, Patricio Trigo, se comprometió a cumplir con lo exigido por otro de los dictámenes de tribunales, dictado en la denuncia por obra ruinosa, y elaborar un plan de emergencia en caso de colapso del tranque.

Hasta el día de hoy la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) no tiene este plan de contingencia, con lo que día a día se expone la seguridad de la población.