Las reformas estructurales que la Presidenta ha impulsado desde que llegó La Moneda en marzo pasado han debido sortear muchos obstáculos y críticas, incluso desde la Nueva Mayoría dando cuenta de los intereses involucrados en ellas y que han alzado la voz en contra de los cambios propuestos.

La Reforma Educacional ha sido uno de los botones de muestra más importantes al respecto, siendo escenario de encarnizados debates entre los partidos oficialistas quienes discrepan por el grado de profundidad que esta reforma debe alcanzar y que ha llevado a acusaciones mutuas entre la DC y el resto de los partidos de la Nueva Mayoría.

En este escenario, existen aún muchas reformas prometidas por el Gobierno que se han visto empantanadas y que no han sido ingresadas aun a discusión al Congreso, considerando que en marzo de 2014 muchas de ellas se proyectaban para estar listas en el primer trimestre de 2015 a más tardar.

Nueva Constitución

“El reclamo por una nueva Carta Fundamental no es un prurito de especialistas ni la obsesión de élites sobre ideologizadas. Es un objetivo planteado desde larga data por sectores democráticos (…) De esta manera, basada en una fuerte convicción democrática, se recoge la demanda nacional por una Nueva Constitución Política para Chile a impulsar en un proceso democrático, institucional y participativo que permita alcanzar este propósito”.

Genaro Cuadros
Coordinador nacional Marca AC

Esta es uno de los párrafos con que se plantea en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet la necesidad de dotar a nuestro de una nueva Carta Fundamental. Sin embargo, desde marzo de 2014 hasta la fecha, la posibilidad de contar con una nueva Constitución que se sanciones durante el presente gobierno, está cada vez más difusa, ya que desde la misma coalición oficialista se ha expresado que sólo desde el próximo año se comenzará a tratar este tema.

Genaro Cuadros, Coordinador Nacional de Marca AC, reconoce que en los inicios del actual gobierno, se crearon muchas expectativas con la posibilidad de que durante la administración de Bachelet viera la luz una nueva Constitución, sin embargo con la evidencia de los procesos políticos a la mano, Cuadros sostiene que la exigencia ahora es que dentro de lo que resta del gobierno de la Nueva Mayoría se pongan los cimientos del debate constituyente en Chile.

“Si bien en algún momento hubo harta algarabía y entusiasmo en creer que esto podía ser algo que se iniciara y se cerrara en un gobierno de cuatro años, lo cierto es que yo creo que estamos lejos de eso, pero sí hay algo que se le puede exigir a la Presidenta Bachelet y a un gobierno de cuatro años, que es que inicie un proceso constituyente o constitucional, que inicie reformas constitucionales que nos lleven a un proceso constituyente, o que lo inicie derechamente. Cualquiera de esas dos cosas son exigibles y la Presidenta Bachelet tiene a la mano poder hacerlo, y no solamente ella sino que el Ejecutivo en su conjunto, la Nueva Mayoría, etc., porque hay que pensar que una Constitución no es sólo de algunos”.

Por su parte, la diputada (PC) Karol Cariola, quien lidera la bancada transversal de diputados por una Asamblea Constituyente, sostiene que el Gobierno ya ha establecido que desde el próximo año comenzarán las deliberaciones que conducirán a la implementación de una nueva Constitución, lo que se condice con el acuerdo previo dentro de la Nueva Mayoría de generar una nueva Carta Fundamental.

Karol Cariola
Diputada PC

Cariola reconoce que los problemas han surgido a la hora de establecer los mecanismos a través de los que se construirá la nueva Constitución, si es vía Congreso o estableciendo una Asamblea Constituyente. Si bien la diputada comunista recordó que la bancada transversal que lidera y que enarbola la necesidad de implementar una Asamblea para cambiar la Constitución, esta es la opción que menos apoyo concita entre los parlamentarios, quienes han expresado que lo mejor es que la nueva Carta se debata al interior del Parlamento. Por esta razón, Karol Cariola llama a ser responsables en el debate y que la opción que se escoja sea la más democrática y representativa

“Yo quisiera que pudiéramos tener la nueva Constitución mañana mismo, pero en esto hay que ser lo suficientemente responsable como para hacerse cargo que una nueva Constitución democrática, representativa que termine de una vez por todas con los sesgos que tiene la Constitución del 80 pasa por un proceso de discusión bastante grande y amplio, y eso es lo que importa, por lo menos a nosotros es que sea iniciado dentro de este Gobierno. Si es terminado o no va a depender, en gran medida, del mecanismo que escojamos y lo vuelvo a decir, democráticamente donde la ciudadanía se puede expresar respecto de su voluntad en este tema”.

Reforma a la salud

Otro de los pilares del Programa de Gobierno es la reforma del sector salud que incluye, entre otros, una transformación del sistema de isapres, la construcción de hospitales y una política nacional de medicamentos. De hecho el retraso que se oficializó a fines de noviembre sobre el proyecto de una Ley de Isapres, molestó a diversos dirigentes políticos y sociales que han participado de esta discusión.

La diputada (PPD) Cristina Girardi, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara cree que el gobierno se ha mostrado tímido a la hora de enviar proyectos relativos a este tema, sobre todo pensando en la reforma al sistema de salud privada, lo que contrasta a juicio de la parlamentaria con la fluidez con que el Ejecutivo manejó el ingreso del proyecto de Política Nacional de Medicamentos, iniciativa que según la diputada generaba una suerte de unanimidad en el Parlamento, lo que no sucedería con el resto de las áreas más sensibles de la salud.

Cristina Girardi
Diputada PPD

Girardi espera que, al menos en lo relativo con la reforma a las isapres y la despenalización del aborto terapéutico, el Gobierno no demoré más allá de marzo en enviar los proyectos correspondientes, toda vez que la diputada recuerda que ya existía un proyecto en la Cámara sobre modificación a las instituciones de salud privada, pero el Gobierno decidió retirarlo para enviar uno nuevo, lo que hasta ahora no se ha concretado.

“Existe un proyecto de isapres que se empezó a tramitar, pero el Ejecutivo quiere entregar uno nuevo, y por lo tanto yo creo que es obligación del Ejecutivo no pasar más allá de marzo respecto tanto del aborto terapéutico como del tema de isapres, que seguramente va a movilizar nuevamente a los sectores más pudientes de este país, quienes son los que hoy día están presionando en Educación y en todas las áreas. Efectivamente el Gobierno se ha visto más tímido en generar cambios que puedan afectar a los sectores más poderosos lo cual me parece que no es una buena estrategia”.

En contraparte, el diputado (RN) Jorge Rathgeb, quien también forma parte de la Comisión de Salud, sostiene que el Gobierno ha creado en el país una suerte de campo minado con las reformas que ha implementado y que se proyectan para el mediano plazo, lo que se explicaría por dos razones: por la excesiva oferta de reformas, o por las tensiones al interior de la Nueva Mayoría que se han generado con estas transformaciones, es por ello que se han retrasado las reformas según el diputado.

Jorge Rathgeb
Diputado RN

Todo este cuadro lleva a Rathgeb a plantear que el Gobierno ha sido negligente a la hora de plantear las reformas en el Parlamento y que los mismos congresistas se sientan en una especie de limbo legislativo.

“Hemos tenido que trabajar, y particularmente en el tema de Salud, casi a ciegas imaginándonos qué es lo que el Gobierno pretende en cada una de las reformas que pretende implementar, sin saber si lo que se está haciendo está bien encaminado o no, por lo tanto respecto de la certeza y la claridad sobre cuáles van a ser los proyectos que el Gobierno va a llevar adelante, no hay ninguna, y a nosotros nos lleva a que, finalmente, no podamos tampoco agendar ni planificar lo que significa el trabajo legislativo en el Congreso Nacional porque ha existido de parte del Gobierno una falta de preocupación tremenda respecto de los propios proyectos que ellos pretenden impulsar”.

Reforma previsional

En este ámbito, una de las promesas del Gobierno fue que se encargaría a una comisión el estudio de las transformaciones al sistema previsional chileno. Esta quedó constituida por una serie de expertos nacionales y extranjeros liderados por el académico David Bravo, a quienes se les dio de plazo hasta enero de 2015 para presentar los resultados de su investigación. Sin embargo, a principios de este mes la comisión pidió una prórroga hasta agosto de 2015, lo que dio pie a la especulación sobre las presiones a las que estarían siendo sometidos los integrantes, en orden a no perjudicar los intereses de las AFP.

Gabriel Boric
Diputado IA

Además, en paralelo al trabajo de la Comisión Bravo, el Gobierno ingresó un proyecto de ley para crear una AFP estatal como parte de las medidas de los primero cien días de su administración, pero esta iniciativa también se vio afectada por el aplazamiento pedido por el comité de expertos, lo que nubla el futuro inmediato sobre un posible cambio sustancial al sistema previsional.

Si bien el diputado de la Izquierda Autónoma, Gabriel Boric, expresó su tranquilidad respecto de la prórroga hasta agosto de 2015 de entrega de resultados de la Comisión Bravo, es enfático al señalar que el proyecto de AFP estatal no va en la dirección correcta, ya que sólo se viene a sumar a un sistema de pensiones deslegitimado, por lo que desde su punto de vista lo esencial es terminar con la capitalización individual e implementar un sistema de reparto corregido

“Siempre me opuse a la idea de una AFP estatal porque el objetivo declarado, como lo señaló la ministra (del Trabajo) en la comisión con ella es aumentar la competencia, y desde mi punto de vista el problema no es la falta de competencia dentro del sistema de pensiones, sino más bien la idea de que las pensiones o la administración del sistema de pensiones puede ser objeto de negocio, desde mi punto de vista debiera entenderse como un derecho social, y por lo tanto debiéramos cambiar la lógica de la capitalización individual por un sistema de reparto corregido”.

Patricio Melero
Diputado UDI

Por el contrario, el diputado (UDI) Patricio Melero, señala que en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se encuentran en un compás de espera ante la prórroga que la Comisión Bravo pidió para entregar sus resultados. Además, sostiene que el Gobierno en esta materia se ha mostrado errático, ya que a su juicio, se apresuró en enviar a la Cámara el proyecto de AFP estatal en sus primeros cien días, pero sólo fue un saludo a la bandera ya que no cambiaría en nada la situación de los pensionados.

Para Melero, en la actualidad no existiría apoyo unánime para terminar con el sistema de AFP, instituciones que han sido demonizadas como la principal causa de las bajas pensiones, cuando para el diputado gremialista la razón estaría en el bajo porcentaje de cotización que impone la ley, y en las “lagunas” previsionales que muchos trabajadores chilenos tienen al final de su vida laboral.

“En Chile no hay piso ni consenso mínimo como para terminar con el sistema de capitalización individual de las AFP. Sería un error de diagnóstico echarle la culpa de las bajas pensiones a las AFP, el problema de las bajas pensiones está en la poca cantidad de ahorro que los chilenos hacemos. En promedio, las mujeres están cotizando 14 o 15 años, y los hombres del orden de los 20 o 21 años. Y eso hace que la cantidad de recursos, la densidad de recursos que se acumulan es claramente insuficiente para tener una pensión que alcance una tasa de reemplazo de un 70% al dejar de trabajar”.

Reforma al Código de Aguas

Uno de los anuncios más celebrados del discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet fue la declaratoria a nivel constitucional de que las aguas serían un bien nacional de uso público, lo que vendría a dar un giro en la estructura de propiedad de las aguas en Chile, considerando que el Código de Aguas modificado en dictadura, consagraba la propiedad privada y en algunos casos a perpetuidad de los recursos hídricos.

No obstante el entusiasmo inicial, conforme pasaron los meses la incertidumbre y los problemas se evidenciaron al interior de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara. Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la posible expropiación de derechos de agua que el Gobierno podría realizar, en vista de la nacionalización del elemento que se pregonó desde un comienzo.

Pedro Álvarez-Salamanca
Diputado UDI

En este sentido, el diputado (UDI) y miembro de la comisión de marras, Pedo Álvarez-Salamanca, aseguró que revisarán a fondo este proyecto para que en caso de existir vicios constitucionales, los parlamentarios de la Alianza acudirán al Tribunal Constitucional para que zanje potenciales conflictos.

“El tema es un poco enredado porque puede tener algún sesgo de inconstitucionalidad, de que esté puesto en la Constitución y va a llevar a que el Estado pueda acceder o tener derechos de agua de otras personas, una suerte de expropiación de agua, y ahí a mi juicio se genera un conflicto de inconstitucionalidad”.

El diputado gremialista cree que en marzo o abril el proyecto debiera pasar al Senado en donde serán discutidas algunas indicaciones que desde su partido, y en colaboración con el Instituto Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán han trabajado para expresarlas cuando llegue el momento de la discusión en sala.

Manuel Baquedano
Instituto de Ecología Política

Por su parte, el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, expresó su decepción por el curso que ha tomado la discusión sobre la reforma al Código de Aguas, y sobre todo por los cambios que los diputados oficialistas han manifestado al interior de la comisión que estudia los cambios en la propiedad de los recursos hídricos, ya que la postura que han adoptado los diputados de la Alianza era previsible.

La situación descrita, es lo que mueve al dirigente a plantearse de manera pesimista respecto del futuro de lo que él califica como una pequeña y leve reformita, que finalmente no será efectiva en la realización de los cambios que muchos de los pequeños propietarios agrícolas esperaban que se concretaran con ella.

“A mí lo que me preocupa es el cambio de actitud de los parlamentarios oficialistas, estaban todos muy entusiasmados en aplicar la reforma y de repente, de la noche a la mañana, bajaron y ahora mi augurio es bastante malo, yo creo que van a estar los cuatro años tramitando esta reformita y no va a haber nada sustancial en relación al agua, mi augurio es bastante negativo porque yo creo que así, al ritmo y poca intensidad que están llevando la reforma, el Gobierno no va a sacar esta reformita no siquiera en los cuatro años de esta legislatura”.

El diputado Álvarez-Salamanca expresó que de haber vicios de inconstitucionalidad en la reforma al Código de Aguas, no descartó recurrir al Tribunal Constitucional para que zanje estos potenciales conflictos, al igual que con el resto de las llamadas reformas estructurales que el gobierno de Bachelet prometió implementar pero que aún siguen esperando ser ingresadas al Congreso.