El proyecto de fortalecimiento del órgano persecutor contempla un alza en el presupuesto original de 30 mil millones de pesos, lo que representa una variación del 15 por ciento en la dotación del personal, con la creación de 577 cupos, aumentando fiscales adjuntos, profesionales, técnicos y administrativos.
Las indicaciones fueron con críticas por parte de los funcionarios de la Fiscalía, quienes señalaron que el alcance realizado por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, respecto del anuncio de tener fiscales al interior de las comisarías en forma permanente, no tiene ningún asidero en la realidad.
Los trabajadores de la Fiscalía manifestaron su preocupación por el desconocimiento de estas indicaciones y por la ausencia de sus principales demandas en el proyecto, entre ellas la carrera funcionaria. El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde explicó los alcances de las medidas.
“A través de este proyecto se fortalece al Ministerio Público dotándolo de una mejor institucionalidad y de mayores herramientas precisamente para cumplir con su objetivo, que es llevar adelante investigaciones que sean exitosas y que garanticen que quienes cometan delitos finalmente reciban las sanciones que establece nuestra legislación”.
El ministro de Justicia, justificó el anuncio explicando que esto representa “un mejoramiento en la atención de las víctimas y la posibilidad cierta que las personas tengan la posibilidad de hablar, estar presentes con el fiscal o con los abogados ayudantes” agregando que esto permitirá “sentir mayor seguridad frente a los delitos que son objetos los chilenos”.
Ante esto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán dijo que conversó con el ministro Gómez y aclaró que nadie ha planteado una estadía permanente al interior de las comisarías, y que en caso de que fuera de esa forma, no estaría de acuerdo.
“Los fiscales en eventos puntuales han estado en las comisarías, en marchas, en eventos complicados y es necesario que vayan. Muchas veces van a tomar declaraciones, de manera tal que no es raro que un fiscal esté en una comisaría, ahora que sea obligatorio en todos los casos, eso no es así porque la Fiscalía determina dentro de su autonomía constitucional hacia qué lugar van los fiscales a trabajar, pero no es una idea que podamos anatematizar”.
El Presidente de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip), Claudio Carvallo sostuvo que al conocer el proyecto en su integridad, han comprobado que las peticiones que fueron consensuadas entre la Fiscalía Nacional y los gremios de funcionarios fiscales no se reflejan en las indicaciones que firmó hoy la Presidenta Michelle Bachelet.
Asimismo lamentó que los trabajadores no hayan podido tener injerencia en el proyecto de ley y manifestó sus observaciones a las indicaciones.
“Se nos abren algunas interrogantes que son básicamente lo que tiene que ver con la asignación profesional para el estamento administrativo y auxiliar ¿cómo va a ser la repartición de la dotación en términos geográficos, en términos de unidades y en términos de grado? y además hay una falta de los reglamentos internos que pudiesen garantizar unas resoluciones ecuánimes, en términos de reglamento de la capacitación interna, reglamento de la subrogación y suplencia, y reglamento que dice relación con los procesos de ascenso”.
Claudio Carvallo también criticó la medida de instalar fiscales en forma permanente, diciendo que si bien se podría pensar que beneficia a las víctimas, precisó que trae aparejado una demanda de funcionarios que ya están recargados para asumir tareas para las cuales no tienen la capacitación técnica.
Los diputados de Renovación Nacional (RN) e integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat, valoraron la iniciativa y sostuvieron que “va en la línea correcta”, añadiendo que “va en la línea que siempre hemos postulado: mayores recursos para la persecución de delitos comunes, que afectan a los chilenos día a día, y no a una Fiscalía de Alta Complejidad”.
Este proyecto de Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, está en el marco de otras iniciativas legales como la Ley de Control de Armas y el aumento en las sanciones; y la nueva Ley Antiterrorista, los que buscan avanzar en elevar los estándares de seguridad exigidos por la comunidad internacional.