El parlamentario aseguró que se trata de una iniciativa “apresurada” y sin financiamiento claro. Además, señaló que las complicaciones del proyecto habrían sido advertidas al Ejecutivo, incluso por senadores del oficialismo.
Según el parlamentario, y contrario a lo declarado por el ministro Grau, la norma “no hace ninguna distinción entre cargos de carrera y los que son asesores”. Bajo esa premisa, el gremialista adelantó las intenciones de su sector de acudir al TC.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la cautelar más gravosa al estimar que la libertad de los imputados “es un peligro para la seguridad de la sociedad”. La investigación tendrá un plazo de 120 días.
Tras los escándalos recientes, el diputado electo advirtió que el Estado no ha ejercido un rol de prevención y llamó a modernizar controles y profesionalizar cargos. Sobre la “ley de amarre”, sostuvo que es un debate necesario, pero mal planteado.
El presidente de la ANEF respondió a la controversia sobre el acuerdo entre el sector público y el Gobierno. Además, manifestó sus discrepancias con el porcentaje de reajuste pactado calificándolo como “una suerte de estanco”.
El ministro de Seguridad Pública defendió la norma sobre desvinculación de funcionarios públicos incluida en la ley de reajuste, afirmando que es “técnicamente incorrecta” la tesis del “amarre”.
El presidente de la organización, José Pérez Debelli, se refirió a los dichos de presidenciables sobre el empleo público. A su juicio, no solo se ofende a los propios trabajadores, sino que “atentan contra la dignidad de las personas que atendemos”.
Desde la agrupación manifestaron su rechazo a que, en medio de la campaña electoral, se manifieste una “falsificación de la realidad del Estado chileno” por parte de la extrema derecha.
En medio de los cruces entre el mundo político debido al texto escrito por Cristián Valenzuela —asesor de la candidatura de José Antonio Kast—, la experta en Derecho Administrativo, Gladys Camacho, cuestionó la superficialidad del debate.
El término “parásitos” usado por el candidato republicano y su equipo provocó un frente común de repudio desde la UDI hasta el PC. Guillermo Ramírez tildó los dichos de “ataque personal” y Lautaro Carmona los definió como “descalificación gratuita”.
Tras la presentación de este reporte, Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del SIAD.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el sumario administrativo consiste en un cuestionario simple de tres preguntas relativas a la causal de la licencia, los viajes o el viaje que se realizó y el motivo de dicha salida al extranjero.
La fiscal Lorena Parra llevará la indagación penal. Mientras, diputados presentaron denuncias ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Además, el Ejecutivo instruyó el inicio de sumarios en todos los servicios públicos.
El parlamentario apuntó sus críticas hacia los médicos involucrados en la controversia y señaló que en torno a la emisión de estos certificados de reposo se han conformado “asociaciones ilícitas”. “Es la punta del iceberg, pero es escandaloso”, dijo.
El nuevo reporte de la Contraloría General de la República señala que tanto en 2023 como en 2024, las salidas y/o entradas al territorio nacional se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre.
Cecilia Cifuentes, asesora económica de Matthei, apuntó a mejorar la designación en cargos y evitar que asuman personas que “no cumplen la función para las que están preparadas”. La ANEF replicó señalando que ya existe déficit en la dotación.
En el documento, el órgano contralor reafirma que todo el personal que trabaje para el Gobierno, para una empresa estatal, municipio o que reciba sueldo de las arcas fiscales tiene la obligación de asistir a estas instancias.
