A eso de las 9.50 de la mañana arribó a la fiscalía de las Condes, Carlos Eugenio Lavin, uno de los controladores del grupo Penta que es interrogado a esta hora por el Fiscal Carlos Gajardo, quien investiga el presunto financiamiento irregular a las campañas políticas. En este segundo día de declaraciones voluntarias se prevé que el empresario permanezca en el lugar hasta pasado el mediodía.

Recordemos que ayer, por cerca de nueve horas estuvo reunido el otro de los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Delano, acompañado de su abogado Julián López, con el fiscal Carlos Gajardo en la Fiscalía de Ñuñoa para prestar declaraciones y ofrecer su colaboración en la investigación del caso, presumiblemente, para conseguir atenuantes ante las formalizaciones que el Ministerio Público debe realizar, a más tardar en marzo, contra quienes están involucrados en los delitos tributarios cometidos por el holding.

Alberto Délano

“Lo que se busca es cumplir lo que la empresa Penta siempre ha hecho, que es colaborar. Hemos tenido acceso a todo el contenido de la carpeta de investigación, seguimos analizándolo y  eso es contenido para las defensas”, manifestó López.

Horas antes, desde el Ejecutivo, el ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, declaraba que éste no es un debate político. Asimismo explicaba que en tribunales se están investigando delitos y que ante ellos, somos todos iguales.

“Respecto de la investigación, lo que hemos dicho desde el primer día es que la fiscalía realice su investigación sin presiones y prejuicios. De la misma forma, que no esté determinada la investigación por los temas de la contingencia política. En eso hay una gran diferencia con aquellos sectores que han pretendido desde el primer día, transformar esto en un debate político. Esto es un tema que se debe determinar en los tribunales, ya que se están investigando delitos y ante la ley, todos somos iguales.”, afirmó Elizalde.

Además de lo ocurrido en la fiscalía y de las declaraciones del vocero en La Moneda, se conocieron nuevas revelaciones en torno del actuar del contador Marcos Castro, de Penta, quien por intermedio del martillero Jorge Valdivia, ya fallecido, estableció vínculos con el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez —quien también está encausado por la arista del fraude al FUT—, para lograr condonación de impuestos. Álvarez recibía pagos de parte de Castro por estas labores, tal como él mismo lo declaró ante el fiscal Gajardo.

Por esta situación, uno de los querellantes en este caso, el abogado Enrique Aldunate señaló  a medios de prensa que después de tener acceso a la carpeta con los antecedentes de la investigación, la cual calificó como excelente, anunció que ampliarán la querella en contra del holding por las figuras penales de cohecho, soborno y responsabilidad jurídica, ya que habría sido una práctica habitual del Grupo económico lograr conseguir rebajas de impuestos a través de contactos entre el holding y funcionarios del SII.

El director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Vivian Bullemore, explica que una de las posibles consecuencias si es que se acredita que existió el lavado de dinero por parte del grupo Penta, es el pago de multas elevadas en dinero para el holding.

Vivian Bullemore

“Ese delito de lavado de dinero incluso tiene repercusiones que pueden ser bastante onerosas en este momento porque abarca la posibilidad de la aplicación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entonces podría haber ahí sanciones a la persona jurídica, que en este caso es Penta”, explicó el académico.

Comisión Investigadora

En tanto, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la comisión investigadora que recaba antecedentes sobre el financiamiento irregular de campañas políticas por el Grupo Penta, citó al Director del Servel, Eduardo Charme, y a la Subdirectora, Elizabeth Cabrera, para que explicaran las posibles sanciones que los parlamentarios que recibieron aportes irregulares desde el Grupo Penta.

En la cita, la subdirectora del Servel, explicó que se están estudiando nuevas fórmulas para perfeccionar el aporte de las empresas en las campañas y a su vez, alcanzar una mayor inspección por parte de la institución.

“México es un hito en relación a la fiscalización, en donde se contratan a miles de personas. Nosotros hemos estudiado este caso y es una buena alternativa en el caso de la fiscalización pero hay que aterrizarlo en nuestra situación en particular. En cuanto al derecho comparado, en cuanto a la vulneración de los candidatos de las normas en el gasto en campañas es llamativo el caso de Ecuador, en el que se pierde el escaño y los aportantes se les deja sin efecto sus derechos políticos.”, aseveró Cabrera.

Por su parte, Eduardo Charme señaló que las facultades fiscalizadoras del Servel sobre las campañas para las elecciones de octubre de 2013 expiraron en marzo de 2014, por lo que no tendrían forma de revisar posibles irregularidades en los gastos electorales. Además, sostuvo que el organismo que dirige no tiene la capacidad de fiscalizar ingresos no declarados.

“El Servel lo que hace es hacer un análisis de consistencia contable respecto de los ingresos y gastos declarados por los candidatos. Por lo tanto no tenemos herramientas para computar los ingresos no declarados.”, complementó Charme.

Finalmente, la Comisión Investigadora del Caso Penta, concertó una cita el próximo lunes con Ana María Lagos, administradora electoral de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. De la misma forma se espera que el próximo miércoles se pida llamar al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por los aportes de la empresa en cuestión a la Fundación Ciudad Justa.