Desde temprano, las comisiones de Hacienda y Educación continuaron con el debate del proyecto de inclusión. El conductor de este encuentro fue el senador Fulvio Rossi, luego de que Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, se marginara para que él la pudiese presidir. En ese sentido el senador Rossi, explicó que si se está discutiendo un proyecto educativo, el cabecilla de este debate tiene que ser el presidente de esta materia.

“Más allá de cualquier consideración reglamentaria ya que la mitad de los abogados del Senado tenían una interpretación y la otra mitad, una diferente, lo que parece del todo razonable es que un proyecto que ha estado un año en comisiones de educación, tiene que ser visto y conducido por el presidente de la comisión de Educación.”, explicó Rossi.

En el ex Congreso Nacional se encontraban los senadores de Hacienda y Educación. Esto sumado, al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, la ministra de la Secretearía General de la Presidencia, Ximena Rincón, y el secretario ejecutivo de la Reforma, Andrés Palma, además de los asesores del ministerio y las bancadas.

Ya en la discusión, una de las modificaciones que más se extendió, fue la del artículo 11, en donde se remplazó “en los establecimientos que reciben aportes estatal”, por “los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado”. Y “no será motivo de impedimento” por “no será motivo de impedimento de discriminación arbitraria”. Esto desarrolló una prolongada discusión en torno al poder de injerencia que pueda tener la Reforma en los colegios particulares pagados.

Uno de los primeros en desarrollar este punto fue el Senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, quien pidió al Ejecutivo plantear si la educación particular pagada se encuentra en la matriz de la Reforma Educacional.

“Aquí hay algo que resolver. Inmiscuirse en la educación particular pagada está dentro de las ideas matrices (de la Reforma) o no está dentro. Lo que no se puede decir es que está, solo algunas veces y otras veces no, dependiendo de la discrecionalidad de la apreciación. Porque esa no es la lógica del legislador. Acá se tiene que definir si esta indicación cabe dentro de las ideas matrices. Pero si se concluye que no, hay que rechazarlas sin entrar en la consideración del contenido.”, afirmó Allamand.

Lo que se discutía era si el cambio del estado civil de los apoderados no sería motivo para impedir la continuidad de un alumno en un colegio. Para ello, el senador Jaime Quintana (PPD) explicó que el fondo de las opiniones no se debe relacionar con el tipo de establecimientos sino más bien con la continuidad de los alumnos a pesar del estado civil de sus padres.

“Acá no se está interviniendo, en los establecimientos particulares, situaciones de recursos, de administración, financieros ni siquiera el proyecto educativo del sistema educacional pagado. Aquí simplemente, lo que se está consagrando son derechos conocidos como la continuidad de estudios de los alumnos. La verdad es que nunca pensé que íbamos a estar discutiendo alrededor de una hora esta indicación, respecto del derecho que tienen los estudiantes a no pagar las consecuencias que tienen las decisiones de sus padres, ese es el fondo.”, especificó Quintana.

La discusión de ésta y las otras modificaciones se mantuvo en el ex Congreso Nacional, luego de un debate que duró más de 10 horas. Desde la Nueva Mayoría esperan que el proyecto, con 456 indicaciones, se despache a fines de esta semana, con esto  la Cámara del Senado podría discutirlo el 20 y 21 de este mes. Y finalmente, solo faltaría la discusión en la Cámara Baja, en donde los diputados contarían con 10 días para ello.