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Año XI, 22 de octubre de 2019

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Modificación al Código de Aguas vive complejo escenario en el Parlamento

Este miércoles continúa la votación del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en la Cámara de Diputados. Si bien se han dado contundentes señales a favor del reconocimiento del recurso como un derecho fundamental, se denuncia un intenso lobby, tanto del sector empresarial, como de organizaciones ligadas a UDI.

Paula Correa

  Martes 13 de enero 2015 17:26 hrs. 
Camara de Diputados

La Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, realizó este lunes una nueva sesión para votar el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas y que, ya la semana pasada, mostró un avance considerado como “histórico” para las organizaciones  sociales y los parlamentarios presentes, quienes aprobaron por unanimidad otorgar al recurso la categoría de “bien nacional de uso público y Derecho Humano garantizado por el Estado”.

Además, los parlamentarios aceptaron la indivisibilidad jurídica del agua con respecto a la tierra en el caso de los territorios indígenas.

Según explicó uno de los responsables de esta indicación, el democratacristiano Matías Walker, con esto se incorpora  la protección del recurso para el bien común y no como una mercancía transable después de más de 30 años del surgimiento de este Código, que, recordemos, ha estado vigente desde 1981.

El diputado afirmó que esto es un avance relevante en cuanto a la importancia del recurso, pero se refirió también al contexto político y económico que está presente en esta ley.

“Acá no se afectan los derechos de aprovechamiento de agua existentes. Eso quiero dejarlo claro, porque hay derechos adquiridos. Lo importante es que los nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen van a ser concesiones del uso de agua temporales, que deben ser utilizados para el fin por el cual fueron solicitadas. Por ejemplo, si se solicita un derecho temporal de aprovechamiento de agua para la agricultura sólo puede ser utilizado para ello y no se puede enajenar posteriormente a la minería”, afirmó.

El miércoles continúa con la votación de los artículos restantes, donde uno de los temas que puede representar más dificultades es el artículo número seis, que regula la propiedad y el dominio de las aguas. Este proyecto incluye una novedad al modificar la entrega de derechos de agua a perpetuidad por una suerte de concesión a 30 años plazo, mismo tiempo que se fija en la ley de pesca.

Vale señalar que una vez aprobada esta iniciativa pasará a la Comisión de Agricultura, donde el escenario es aún más complejo ante el fuerte lobby que estarían realizando las Fundaciones Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Sobre esto se refirió a Directora Ejecutiva de la Organización Chile Sustentable, Sara Larraín.

“Claramente la Fundación Jaime Guzmán y Libertad y Desarrollo están asesorando a los parlamentarios de la UDI. De hecho, están permanentemente en sala. La SNA ha sido clara en señalar que esta reforma es anticonstitucional, pero la verdad es que no hay ninguna privación de derecho y al contario, todos los testimonios de constitucionalistas que asistieron a la Comisión apuntaron a que el texto de ley no es anticonstitucional, sino que establece razones válidas para la caducidad de derechos y, por lo tanto, perfectamente se ajusta a la Carta Magna”, sostuvo.

La ambientalista afirmó que, hasta el momento, se han dado señales positivas y de avance en la materia, pero reconoció que la SNA podría tener más peso en la Comisión de Agricultura.

Por todas estas razones, se augura una tramitación lenta de este proyecto que se discute en paralelo a la iniciativa comprometida por la Presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo que fija en la misma Constitución la condición de Derecho Humano fundamental de este recurso.