En noviembre pasado, la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa desestimó que el Gobierno pudiera enviar un proyecto de Reforma Laboral sólo con cambios parciales. La militante comunista incluso garantizó que el PC sería un “actor en el gobierno bregando porque los avances y demandas sean de la magnitud” que esperan los trabajadores, y agregó que dicha colectividad ha planteado claramente que “no quiere una Reforma Laboral a medias”.

Sin embargo, antes de terminar 2014, la multisindical comenzó a enfrentar críticas externas que acusaban a los militantes del PC de alinearse con las propuestas de Gobierno, y en el plano interno se dieron roces públicos con dirigentes de la DC y el PS por respaldar los montos de salario mínimo y el reajuste salarial del sector público de un seis por ciento.

La máxima dirigente sindical aseveró que no le quedaba claro si la DC estaba asumiendo el debate de fondo, es decir cambios estructurales, y sobre la confrontación interna con el militante socialista Arturo Martínez se limitó a explicar que los dichos del otrora presidente de la CUT, no tenían “tanto calibre” y no iban al punto principal.

Bárbara Figueroa también pidió precisiones al ministro de Hacienda Alberto Arenas ante el énfasis que el Secretario de Estado le imprimió a la preocupación de los empresarios por la futura reforma laboral, y por sostener que ésta sería “gradual”. Frente a esta situación la dirigenta replicó que la iniciativa debía ser “integral”.

Al finalizar el año, la Presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto que modificará el Código del Trabajo donde se estipuló la existencia de grupos negociadores, los beneficios para los trabajadores sindicalizados en el marco de las negociaciones colectivas; transparencia de los empresarios en la información; derecho a huelga y servicios mínimos; piso de negociación; pactos de condiciones especiales; y permisos sindicales, entre otros.

Los dirigentes de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) son parte de quienes en marzo esperan poner sus propuestas ante los diputados que integran la Comisión de Trabajo de la Cámara, y si bien valoraron la propuesta de Gobierno, recalcaron que hay cosas que mejorar como la negociación colectiva, dilucidar si el reemplazo a la huelga es a la función o al cargo, y temas que incluir como la reincorporación de los trabajadores.

El presidente de la CAT, Oscar Olivos señaló que la nueva reforma debe tener precisiones concretas para no dejar nada al arbitrio de posibles interpretaciones que perjudiquen a los trabajadores.

“Nosotros valoramos todas estas iniciativas que tienden a mejorar la relación con la empresa o darle un mayor equilibrio. Creemos que hay cosas que mejorar y dilucidar en forma seria y muy responsable, aquello que entre paréntesis esté con letra chica. Por ejemplo, el reemplazo en la huelga, la titularidad sindical, grupos de negociadores, hay varias cosas que hay que ir corrigiendo ahí, o darle una seriedad o una redacción que tenga una claridad absoluta, y no haya malos entendidos el día de mañana o utilización de resquicios legales que perjudiquen a los trabajadores”.

En tanto, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz manifestó que tienen una alta expectativa sobre el texto enviado desde el Ejecutivo, y eso se traduciría en que esperan que dicho proyecto sea modificado “sustantivamente”.

Respecto de las críticas al interior de la multisindical, Díaz comentó que las diferencias son naturales en una organización como la CUT, pero se ha realizado una síntesis y se han consensuado cerca de 14 “severas” observaciones a la reforma, las que serán presentadas por su presidenta ante la Cámara este 2 de marzo, detallando los principales puntos.

“Todo lo que tiene que ver con criminalizar la huelga, aumentar las causales de desafuero para los dirigentes sindicales nos parece de mal gusto, de mal criterio, eso hay que borrarlo entero. Nosotros durante años trabajamos para que la gente tenga ocho horas diarias de trabajo para bajar el horario de 48 a 45. Tercero, la ley del piso mínimo. El Gobierno no puede pretender que nosotros aceptemos una ley de piso mínimo sin IPC y sin reajuste ya concordados, y la prórroga, no pueden decirnos que van a hacer una reforma laboral y que la ley va a entrar en vigencia en un año más. Eso es decirle al empresariado tienen un año para hacer lo que quieran con los trabajadores, imponerles pacto total, la ley laboral va a empezar a regir en un año más. Eso no puede ser”.

El presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Diego Olivares sostuvo que se han colocado los puntos importantes que demandan los trabajadores, pero que obviamente les gustaría mucho más.

“El que se haya colocado este anteproyecto ya es un avance, en el sentido de poner la discusión en la sociedad chilena, en el Parlamento y en todas las instancias que debemos participar del debate. Uno quisiera que más, evidente, pero el tema de la ampliación de negociación colectiva, el tema de la eliminación de los reemplazantes en huelga, con las diferencias que hay de interpretación de distintos sectores, son puntos importantes en esta materia”.

Respecto de las declaraciones de los dirigentes sindicales, a través de los medios de prensa, Olivares manifestó su molestia y lo calificó como “un debate artificioso en la antesala de nuevas elecciones”, que a su juicio no ponen en el centro lo que verdaderamente le importan a los trabajadores que son los contenidos de la reforma laboral.