El pasado 29 de diciembre el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley para reformar el Código del Trabajo heredado de la dictadura. En un principio las declaraciones de los dirigentes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fueron cautas y solo se recibieron críticas de organizaciones que no adhieren a la multigremial, pero después de dos meses, esta semana, se reanudará el diálogo en el Parlamento y ahora la propuesta está siendo calificada por representantes de la CUT como “mediocre”, “impresentable” y con “letra chica”, y que al parecer solo daría respuesta a las demandas empresariales.
El vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, manifestó a Radio Universidad de Chile que las organizaciones sindicales esperaban que luego de 25 años de gobiernos elegidos democráticamente, la actual administración terminara con un Código del Trabajo, elaborado, según sus palabras por “Jaime Guzmán y sus secuaces”.
A su juicio, el proyecto generado por el Gobierno “es mediocre e impresentable” y rechazó que se intente aumentar la tipificación de causales para el desafuero de los dirigentes sindicales, como asimismo lamentó el intento de vulnerar el derecho a la negociación colectiva.
El dirigente sindical denunció que esta iniciativa viene al menos con tres “cosas raras”: contiene elementos que nunca se habrían conversado con el Gobierno; hay demandas que fueron malinterpretadas; y además se plasman modificaciones que serían “radicalmente distintas” a lo que se ha dicho desde el sindicalismo.
El vicepresidente de la CUT precisó que este será un año de movilizaciones, y marcó sus diferencias con el Ejecutivo, señalando que aquí hubo “abuso de confianza”.
“Yo creo que aquí alguien metió la cola y se pretendió darle muchas concesiones al empresariado”. Por eso, anunció que será un año movilizado.
Otro de los puntos en conflicto son los llamados “pactos de adaptabilidad” que normarán la posibilidad de establecer sistemas irregulares de distribución de la jornada de trabajo y de los descansos.
Respecto del rol que le ha tocado al Ministerio de Hacienda, Nolberto Díaz aseguró que dicha cartera ha sido el freno de los cambios sociales.
“Bajo los Gobiernos de la Concertación privatizó varias empresas públicas; consignó a privados muchas áreas de la economía. Por qué yo voy a tener que creer que ahora el Ministro de Hacienda, que ayer fue director de Presupuesto y que ha sido funcionario de Hacienda 25 años ¿por qué voy a creer que es el paladín del progresismo? Si la reforma tributaria tampoco fue una gran reforma”, criticó.
De seguir así, advirtió Nolberto Díaz, el país terminará como un campamento minero, con empresas extranjeras extrayendo los recursos naturales.
En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, diputado Tucapel Jiménez señaló que le hubiera gustado hacer una reforma completa del Código Laboral.
“yo habría reformado completamente el Código Laboral, pero siempre he pensado que una forma de mejorar la situación, las condiciones, un trato digno, mejores sueldos a los propios trabajadores, es con sindicatos fuertes, empoderados, que se sienten de igual a igual en una mesa, negocien en igualdad de condiciones con sus empleadores y yo creo que este proyecto hace eso. Por supuesto que uno siempre hubiese querido más y los empresarios hubiesen querido menos, y bueno ahí se tienen que buscar los equilibrios, porque esta es un gran reforma, no es una reforma pequeña”.
Por su parte, el integrante de la comisión de Trabajode la Cámara, diputado Osvaldo Andrade (PS) informó que las dos primeras semanas estarán dedicadas a terminar el periodo de audiencias para votar el proyecto a más tardar el 18 de marzo.
En este escenario, uno de los escollos a resolver por parte de las organizaciones sindicales, son las diferencias de opinión que se han presentado al interior de la CUT, que se han expresado en declaraciones divergentes y renuncias de los dirigentes, entre ellos de la provincial de Valdivia, quien ha manifestado su rechazo a respaldar un proyecto que, según su análisis, no beneficia a los trabajadores.
Este lunes se reabre el proceso de audiencias para la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados, lo que durará dos semanas.