Recientemente Chile aprobó, en el marco de la reforma al sistema electoral, fijar una cuota de un 40 por ciento de candidatas mujeres. Esta es una medida afirmativa que apunta a reforzar la participación de mujeres en la toma de decisiones.
Pero según detallan distintas especialistas, “Chile está llegando tarde al desarrollo de los Derechos Humanos de las mujeres”, las que están lejos de la esfera de poder y de participación en diversos ámbitos.
No sólo en el Parlamento, donde apenas representan un 16 por ciento, sino también en los gobiernos, el trabajo, la empresa privada y diversas áreas dentro de las que se cuenta la sociedad civil.
¿Qué pasa con las demandas de las mujeres de las organizaciones sociales? La falta de espacios públicos limita directamente su avance.
En ese sentido, la presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera, apuntó a la necesidad de participar en lo que, afirman, es el mayor de los debates, el que sentará las bases de un nuevo contrato social: la discusión de una nueva Carta Fundamental.
“Para las mujeres chilenas, una nueva Constitución es muy importante. Estamos claras de que tenemos barreras hoy día, no sólo culturales, no sólo económicas, sino que barreras jurídicas y normativas que nos impiden avanzar en mayores derechos. Por eso queremos una nueva Constitución y, lo dijimos, el mecanismo nos importa: queremos una Asamblea Constituyente”, afirmó.
La presidenta de Humanas sostuvo que la experiencia internacional en América Latina ha dado cuenta de que el avance de las últimas décadas de las mujeres se ha debido precisamente a las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en esos países y gracias a las asambleas constituyentes donde las mujeres llegaron ya organizadas levantando sus demandas.
Esto es clave, cuando el Parlamento podría ser una vía para zanjar el cambio constitucional, más si se considera que éste está formado por más del 80 por ciento de hombres, lo que podría implicar que se deje de lado mirada femenina y su demanda por avanzar hacia un mayor respeto a sus derechos.
Por lo mismo, revertir esta tendencia en el Congreso es urgente. Si bien las organizaciones apoyan los mecanismos de cuotas, tendencia que comenzó en los años 90 y ha permitido paridad en muchos países, sostienen que no es suficiente: se deben reforzar los mecanismos de participación de las mujeres organizadas en las diversas áreas, no sólo en el ámbito del poder político directo.
Este fue uno de los planteamientos que se presentó hace unos días en el encuentro de alto nivel de ONU Mujeres que se realizó en nuestro país, donde se hizo también un llamado a los gobiernos a invertir en la sociedad civil y a generar mecanismos para monitorear los acuerdos que se adoptan en este tipo de instancias o los compromisos que toman los estados, para exigir su cumplimiento.
Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, consideró que “tenemos que ser muy activas en la posibilidad de generar un monitoreo, una fiscalización al cumplimiento de los compromisos, pero también de las leyes que se aprueben, y en este caso en particular en lo relacionado con la agenda de género y la igualad. Tenemos que actuar con mucha más convicción y no pensar que tenemos que seguir esperando cincuenta o cien años más para que estos avances se produzcan”.
La especialista apunta al informe del Foro Económico Mundial sobre brechas de género, citado también por la Presidenta en el encuentro internacional, donde se señala que en los últimos nueve años las desigualdades entre hombres y mujeres sólo se han reducido en un cuatro por ciento en los últimos nueve años. Es decir, a ese ritmo necesitaríamos 81 años más para eliminar las discriminaciones que persisten. “Un plazo inaceptable para las mujeres del mundo”, afirmó rememorando las cifras.
En ese sentido es muy importante incorporar este mecanismo en el marco de la creación de un ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que comenzará a operar en pocos días. Sin embargo, desde las organizaciones advirtieron que el proyecto contempla un rol de coordinación, pero no incluye una unidad encargada de este seguimiento específico.
Así, las mujeres llamaron a todos los organismos de la sociedad civil a estar atentos, fiscalizar y, sobretodo, exigir mayores espacios.