Diez son los ejecutivos de Salcobrand, Cruz Verde, Farmacias Ahumada (Fasa) y del laboratorio Medipharm (asociado a Salco) acusados de coludirse para subir, de forma fraudulenta, el precio de más de 40 medicamentos entre 2007 y 2009.

Se trata de Roberto Belloni Pechini, gerente general; Ramon Ávila Silva, gerente comercial; Mehilin Velázquez Chau, jefa de Departamento de Precios; y las category manager Claudia Carmona Zuñiga y Judith Carreño Oteiza, todos de Salcobrand. También se acusó a Mario Zemelman Riveros, gerente general de Laboratorio Medipharm.

Por parte, de FASA se sindicó a Sergio Purcell Robinson, gerente general y Ricardo Ewertz Munchmeyer, gerente comercial del área Farma. De Cruz Verde están implicados Ricardo Valdivia Kloques, gerente del área Farma y Cristián Catalán López, category manager.

Recordemos que este juicio comenzó con denuncias que generaron una investigación de oficio de la Fiscalía Nacional de la época, la que presentó los antecedentes del caso ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). En ese momento el TDLC propuso una salida alternativa para las cadenas de farmacias, la que contaba con varias condiciones como las cuestionadas “clases de ética a los ejecutivos”, decisión que revisó la Corte de Apelaciones y decidió llevar al Cuarto Tribunal Oral en lo Penal.

El juicio

La primera jornada comenzó de manera polémica. Desde la defensa se recurrió al principio del “Non is bien ídem”, afirmando que ya se había juzgado al menos a seis de los ejecutivos por los mismos hechos, lo que no correspondería en derecho.

Ante esto, el Fiscal Jaime Retamal, sostuvo que aquí se está pidiendo pena de privación de libertad para los individuos, no buscando la responsabilidad de las cadenas, como ocurrió anteriormente.

“Nunca hubo pronunciamiento respecto de la responsabilidad de personas determinadas, por lo tanto, los argumentos que esgrime la defensa son erróneos. En ese contexto, entendemos que el Tribunal debiera, al momento de resolver este caso de forma definitiva, desestimar esta argumentación”, afirmó.

Para el Fiscal, si bien los hechos son similares, no son exactamente los mismos, esto porque las figuras delictivas son completamente distintas: “La figura penal que enfrentan está contemplada en el artículo 285 del Código Penal, en conformidad a que ellos fueron juzgados en su minuto, de conformidad del Decreto de Ley 211, que, obviamente es un cuerpo legal distinto”.

El Fiscal pide, para todos los imputados por igual, la pena de presidio menor en su grado mínimo por cinco años, considerando la agravante de la comisión reiterada de los delitos. Además una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Ante ambas solicitudes se resiste de forma coordinada la defensa de los ejecutivos, tal como indicó el abogado defensor de Salcobrand, Cristián Muga.

Por su parte, Luis Hermosilla, abogado defensor de Fasa, afirmó que la Farmacias Ahumada colaboró con la investigación a cambio de una disminución de la multa. A lo que se sumaría el que la empresa ha cumplido al aplicar diversas sanciones administrativas, después de realizar un sumario interno. Además, los juristas manejarían proponer como atenuante la “irreprochable conducta anterior” del grueso de los imputados.

Los argumentos de los querellantes: Cometieron diversas atrocidades comerciales

El abogado Jorge Mario Saavedra definió como “diversas atrocidades comerciales” las que cometieron los empresarios. Esto, por la forma en que “jugaron” con la población, incluso desde una mirada de Derechos Humanos.

Con esto coincidió Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quien recordó que la colusión no afectaba a cualquier medicamento, sino a aquellos con receta retenida, varios de ellos incluso para el tratamiento de enfermedades crónicas. Por lo mismo, indicó que, ante la gravedad de los delitos, es necesario concretar penas de cárcel.

“Creemos que es la única manera en la que podemos terminar esta mala práctica que ya se ha hecho permanente. Ya no es solamente una colusión, son muchas colusiones posteriores que se han descubierto después del caso farmacias”, afirmó.

Calderón añadió que la cárcel es la única manera de que esto vaya teniendo un camino más o menos aplicable y que la opinión pública vea que hay una defensa posible. Estas personas no pueden hacer lo que quieren y asegurarles que los delitos de cuello y corbata van a ser sancionados con fuerza, agregó.

Además, el dirigente consideró impresentable que, al día de hoy, varios de los ejecutivos imputados en ambos procedimientos sigan trabajando en las cadenas respectivas.

Todo esto da cuenta de lo que será el juicio, donde se persigue prisión para los responsables en un contexto de mucha atención al trato que el Poder Judicial da a los grandes empresarios, más aún después de que este fin de semana se decretara prisión preventiva para los ejecutivos del Caso Penta.

Para este caso el tribunal programó inicialmente audiencias por 90 días, las que se desarrollarán desde las 9.00 a las 14.00 horas.