En horas de la tarde de este jueves, se conoció a través de un comunicado la resolución que el directorio de SQM, presidido por Julio Ponce Lerou, tomó frente a la petición de la Fiscalía de entregar antecedentes sobre la contabilidad de los años 2009 a 2014, en busca de la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas, todo en el marco del llamado caso Penta
La minera señaló que decidió solicitar un informe independiente en relación con la solicitud de entregar de manera voluntaria, y en conformidad con las leyes vigente, la información requerida por el fiscal Sabas Chahuán, y se puso como fecha de entrega del informe el 16 de marzo.
Sin embargo, el directorio de SQM se mostró dividido en torno a la entrega de estos antecedentes, ya que mientras el citado Ponce, Wolf von Appen, Juan Antonio Guzmán, Hernán Büchi y Patricio Contesse aprobaron la resolución, José María Eyzaguirre y Alejandro Montero se expresaron a favor de entregar de manera y voluntaria y a la brevedad la información requerida por la Fiscalía.
El recurso se fundamentaba en la inexistencia de una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), en que se pidiera que la investigación se ampliara a ese período, toda vez que la denuncia original del organismo, sólo se remitía a julio de 2009, como parte de la querella al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, por lo que la Fiscalía, según Contesse, no tendría atribuciones para pedir más diligencias.
El juzgado señaló que la presentación fue rechazada, debido a que el tribunal no puede inmiscuirse e intervenir en las decisiones que toma el Ministerio Público, reafirmando la autonomía del organismo persecutor para ejercer la investigación a la minera, en orden a determinar la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas.
Por su parte, la empresa dirigida por Julio Ponce Lerou desde el momento en que se anunció la presentación del recurso interpuesto por Contesse, se desmarcó de la presentación hecha por el gerente general, señalando que el directorio no presentó recurso alguno para evitar la entrega de información al Ministerio Público.
Fuentes cercanas a SQM, señalaron a Radio Universidad de Chile, que en la plana mayor de SQM estarían molestos con la acción tomada por Contesse, por lo que estarían barajando la salida del gerente general de la empresa, en los próximos días.
SII: Han sido insuficientes los antecedentes para fundar una acción penal
Por su parte, el SII en palabras de su director Michel Jorrat, sostuvo que el organismo no ha puesto límites a la investigación puesto que no se han querellado en contra de SQM, y enfatizó que las diligencias pedidas por el Servicio tienen que ver con las boletas emitidas por Pablo Wagner, y que en la medida que existan antecedentes fundados, el Servicio podrá tomar las acciones legales correspondientes.
“El Servicio no se ha querellado en contra de la empresa Soquimich, y por lo tanto no ha puesto limitaciones a la investigación, las limitaciones vienen de los hechos, y lo que hay es que en una querella que presentó el Servicio, en contra del señor Wagner, había una serie de boletas a distintas empresas, y los hechos investigados son esos. Lo único que hizo el Servicio fue pedir diligencias relacionadas con esos documentos tributarios, por lo tanto no es correcto señalar que el Servicio haya acotado la investigación de Soquimich. El Servicio para actuar, debe fundar adecuadamente las acciones. En la medida en que existan antecedentes fundados, para iniciar una acción, el Servicio está obligado a hacerlo, y lo va a hacer”
El subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, aseguró ante las críticas vertidas contra el organismo que no existe tal demora en la presentación de un recurso judicial en contra de SQM, ya que estarían pidiendo más antecedentes de la información que les envió la Fiscalía.
“No hay ninguna demora. Es el tiempo que tarda requerir los antecedentes, cuando los que hemos conocido no son suficientes, nosotros tenemos que hacer la recopilación de antecedentes que ordena la ley. Para fundar adecuadamente una acción penal, han sido insuficientes”
Ante la consulta de si existen presiones por parte del Ejecutivo, ante la posibilidad que surjan políticos de la Nueva Mayoría involucrados en esta arista, descartó de plano esta situación, pero reconoció que si se confirma la participación de algún personero del oficialismo, podría inhabilitarse, en atención a su labor durante la campaña de la Presidenta Bachelet.
Se espera que con el rechazo que el Octavo Juzgado de Garantía al recurso para impedir que la Fiscalía indague en los documentos contables de 2009 a 2014, se allane el camino para que la investigación siga su curso, la que podría arrojar nuevos antecedentes sobre el financiamiento irregular de campañas políticas.