“Que no la situación no estaba en su plena competencia” fue la respuesta que por mucho tiempo se les dio a los dirigentes del Movimiento Ciudadano Salvemos la Quebrada de La Plata, el que luego se convirtió en Red y hoy es una coordinadora de diversas organizaciones sociales.

La ciudadanía comenzó su lucha el 2011, cuando detectó que la empresa Minera Española Chile Limitada realizaba faenas mineras clandestinas para extraer “pomacita” o “puzolana”, polvillo de origen volcánico altamente contaminante por contener silicio, entre otros elementos. Esto en La Quebrada de la Plata, en Maipú, en terrenos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, destinados a la investigación científica en su calidad de “pulmón verde local”.

Allí se organizaron los llamados “Comités de Fiscalización” (COF) en conjunto del municipio y organismos sectoriales del Estado, los que no llegaron a mayores. Así, la situación se agudizó en 2012 y se interpuso una denuncia en Fiscalía y a través de la PDI, con lo que diversos actores se fueron involucrando. Sin embargo, parecía que no existía una entidad capaz de detener las explotaciones.

Por eso la Intendencia Regional de Santiago convocó a la llamada “Cumbre por la Quebrada de la Plata” que reunió el grueso de los involucrados. La finalidad la explicó, en conversación con Radio Universidad de Chile, el propio Intendente, Claudio Orrego.

“Se ha podido comprobar no solamente que se han realizado estas explotaciones mientras ilegales, que han derivado en que los Tribunales Ambientales hayan decretado, primero que todo, una clausura temporal y después la Corte de Apelaciones también haya acogido un recurso que establecía este cierre, sino que además, hoy día tenemos que ser capaces de investigar las responsabilidades penales que pueda haber en este caso, por la sencilla razón de ver que, pese a las diversas prohibiciones, falta de autorización, la concomitancia de tantos actores, públicos y privados, la mina sigue su curso y nadie le puede poner atajo. Para eso es esta reunión, para poner atajo de una vez por todas”, afirmó.

Orrego afirmó que este es un lugar especial de Santiago, un bosque esclerófilo considerado “una zona caliente” desde el punto de vista de la protección ambiental, no sólo en Chile sino que en el mundo, ante su gran biodiversidad. Por esto es más sorprendente que la firma ni siquiera cuente con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como exige la institucionalidad ambiental.

Al encuentro la Intendencia como convocante, los representantes del Ministerio del Medioambiente y su respectiva Superintendencia, de Minería y Energía, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la PDI a través d la Brigada de Delitos Ambientales (Bridema), la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y dueños de los predios particulares, el “Fundo San Francisco”, además de varios Concejeros Regionales (CORES) de Maipú y organizaciones ciudadanas. Sin embargo, estuvieron ausentes dos partes importantes del problema: la empresa y el Ministerio Público.

El encuentro se realizó a puertas cerradas a la prensa y se determinó que a partir de este momento será la Intendencia la encargada de coordinar a las organizaciones. Además, se acordó realiza las acciones judiciales necesarias para exigir que se cumpla la ley. La cita generó altas expectativas, al ser la primera vez que se juntan todos los actores interesados e involucrados en los problemas de las Quebrada de La Plata.

Pedro Lazo, dirigente del movimiento ciudadano, sostuvo que ya transcurridos cuatro años de lucha, este momento pone evidencia las falencias institucionales y la necesidad de dar protagonismo a los actores locales.

“Hoy en día el estado de derecho en cuanto a la aplicación de normativas y leyes es demasiado precario. O sea, queda de manifiesto que efectivamente se necesitan estas instancias, no sólo judiciales y administrativas, sino que también las más comunitarias con el fin de sensibilizar y poder entregar las herramientas, no sólo a la comunidad, sino que también con esto nos hemos dado cuenta de que la comunidad se ha transformado en los órganos administrativos del Estado”.

El apoyo de las organizaciones fue valorado por la principal propietaria de los predios, la Universidad de Chile, tal como indicó el vicedecano de Agronomía, Carlos Muñoz.

“Nos parece muy bien que la comunidad organizada esté interesa en estos temas y la universidad va a utilizar todo el apoyo que pueda recibir para hacer que la Quebrada de la Plata vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: un Centro de Investigación científica, así como de formación y creación de capacidades”, sostuvo la autoridad universitaria.

Vale recordar que la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile ofrece dos carreras: Agronomía e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y que este lugar es considerado como “una zona estratégica” de “inestimable valor para formar y capacitar a los estudiantes”.

Por todas estas razones, las organizaciones sociales afirman que estarán atentos a los resultados de esta coordinación multisectorial, con la finalidad de “salir del peor de los escenarios posibles”; donde todos quieren defender la Quebrada, pero nadie cuenta con las atribuciones efectivas para ponerle freno al avance de la minera.

De hecho, el Intendente Orrego anunció  el viernes que se querellarán contra quienes resulten responsables luego de la incautación de material utilizado para explotación minera dentro del parque Quebrada de la Plata, en Maipú, acción que se conducirá por la ley de control de armas.

La autoridad comentó que si bien no hay pruebas directas, las miradas apuntan hacia la empresa Minera Española Chile. Además se pronunció sobre los daños a la flora y fauna, los que consideró como “irreparables” y sentenció que “es un crimen ambiental” por lo que es importante que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias”.