La determinación de la CIJH de aceptar o no la competencia frente a la demanda presentada por Bolivia y la respectiva impugnación chilena, tras los alegatos que se darán entre los días 4 y 8 de mayo próximo, tiene a la política exterior chilena con los nervios de punta. Esto, pues los indicios señalan que la petición de incompetencia presentada por Chile no sería acogida. Para gran parte de la clase política chilena, las Fuerzas Armadas y los sectores más chauvinistas, esta determinación no sólo representaría una dolorosa derrota sino que, según expresó el Presidente del Senado Chileno, el democratacristiano Patricio Walker “sentaría un precedente de enorme riesgo pues crearía las condiciones para un caos internacional, porque el día de mañana cualquier país podría pedir a la CIJH que se modifiquen los límites fronterizos”.
Mismo argumento esgrimido por el expresidente Ricardo Lagos quien cuestionó la posibilidad de que los tratados limítrofes existentes sean revisables. Para círculos de gobierno boliviano estas afirmaciones, son parte del intenso nerviosismo de la clase política chilena, que bien sabe que una derrota en La Haya acrecentaría la crisis institucional que vive el país trasandino. En estricto rigor, Walker, Lagos y otros exmandatarios chilenos, al margen del tono apocalíptico consignado coinciden en un error garrafal pues la demanda boliviana no es para modificar límites o exigir que Chile revise el Tratado de 1904.
Lo que exige Bolivia es que “Chile se siente de buena fe a discutir sobre una salida soberana a Bolivia al Océano Pacífico”. Esto en función de una serie de derechos expectaticios, promesas, documentos, acuerdos y compromiso asumidos por el gobierno de Santiago desde el fin de la Guerra que enfrentó a ambos países a fines del siglo XIX. Los alegatos orales son para dirimir la competencia o no de La Haya frente a la demanda boliviana. Si el resultado es favorable a Bolivia, Chile se encontrará frente a un callejón sin salida: o se sienta de “buena fe” a discutir o concreta los pasos de retirarse del Pacto de Bogotá, y no reconocer unilateralmente la competencia de la CIJH.
El vocero oficial de la demanda marítima boliviana, el expresidente e historiador Carlos Meza señala que “el fundamento jurídico de nuestra demandada son los actos unilaterales de los Estados, que en el caso de Chile se hicieron al margen del Tratado de 1904 y en innumerables oportunidades, estableciendo actos y compromisos formales del Estado chileno de negociar con Bolivia para entregarle un acceso soberano al mar… no pretendemos desconocer el tratado de 1904, ese es un tema altamente sensible que no se ajusta a la verdad y puede ser una interpretación equívoca. Ni directa ni indirectamente pues respetamos la arquitectura de tratados internacionales, ya que permiten al mundo funcionar sin alteraciones”.
Según el exmandatario boliviano, “el verdadero juicio para Chile, está en la fase preliminar del proceso. Esta es la razón que explica la estrategia de sostener que Bolivia disfraza en su demanda la intención real que es la de cuestionar el tratado de 1904”. Las palabras de Meza aclaran que Bolivia lo que desea es que el Tribunal obligue a Chile “de buena fe” a negociar con La Paz un acceso al mar y esa pretensión tiene una dimensión ética que escapa al frío mundo diplomático y que puede significar la línea argumental principal en un tribunal, que no sólo emite dictámenes basados exclusivamente en criterios políticos o legales, sino que ha logrado impregnarse de otros tópicos, que las propia dinámica internacional ha ido entregando.
Pensar que algo firmado hace 111 años en condiciones políticas, regionales e internacionales muy distintas a las actuales no puede ser discutido y eventualmente revisable es pensar con egoísmo y una miopía que resulta inaceptable en aquellos que se supone son actores políticos de envergadura, quienes sostienen que no hay temas pendientes entre nuestros países. Si estamos en La Haya es porque el contencioso no se ha solucionado, hay temas no resueltos y nos empecinamos en negar la posibilidad de buscar un desarrollo común de nuestros pueblos.
Bolivia confía que La Haya desestime el recurso de incompetencia presentado por Chile. Y su Presidente, Evo Morales ha emplazado a Chile a acatar la decisión “Chile intenta desconocer la competencia de La Haya, no reconoce el derecho internacional, por tanto qué autoridad tiene como Gobierno – para hablar de si se respeta o no se respeta el dictamen”. Bolivia ha efectuado una sostenida, dinámica y contundente campaña política, diplomática y comunicacional sobre su reivindicación marítima en cuanto foro internacional se ha presentado lo que hace temer a fuentes internas de la cancillería chilena que esa labor está dando resultados frente a una política exterior chilena descolorida y tibia.
Pase lo que pase en La Haya la realidad del norte chileno, el occidente boliviano y el sur peruano, e incluso el noroccidente argentino requieren políticas colaborativas. Políticas energéticas, culturales, migratorias, económicas, mineras, viales, de infraestructura, portuarias entre otras, de cooperación, de sumar voluntades, recursos y esfuerzos. De pensar en un sur estratégicamente sustentable, que enfrenten los desafíos del siglo XXI con criterios de desarrollo que favorezcan a los pueblos, la unión política y que amplíen nuestros lazos culturales e históricos y no que implanten modelos que no dan cuenta de nuestras necesidades. Todo ello requiere miradas generosas, tanto de la Paz como de Santiago. Enfrentar La Haya con perspectiva de futuro, más allá de cálculos electorales puede ser el primer paso para lograr caminar, sino tomados de la mano, por lo menos sin pegarse codazos.
Andrés Soliz Rada: “La demanda boliviana tiene una dimensión ética que Santiago no ha valorizado”
Conversamos con el destacado político, periodista, ex congresista y ex Ministro de Hidrocarburos del primer gobierno de Evo Morales, el intelectual Andrés Soliz Rada. Uno de los hombres que contra viento y marea sigue hablando de la necesidad de conformar y concretar lo que denomina LA PATRIA GRANDE.
¿Cuál es su percepción sobre el contencioso que nos enfrenta como países?
En los últimos años ha ido calando hondo en Chile y América Latina el contenido ético de la demanda boliviana, debido a que los gobiernos de Santiago se hallan imposibilitado de explicar cómo un país que tiene una costa bañada por el Océano Pacífico de miles de kilómetros de longitud, se niegue a devolver, así sea unas decenas de los 400 kilómetros de costa que arrebatara a Bolivia en una guerra de agresión. Tampoco pueden explicar que el enclaustramiento boliviano se originó en represalia a la exigencia de cobrar un miserable impuesto de diez centavos por quintal de salitre explotado por compañías anglo-chilenas. Si el reclamo chileno era justo, ¿no era suficiente con apropiarse de la renta de ese recurso por algunos años y no asfixiar a un pueblo hermano por 135 años?
La dimensión ética del conflicto se incrementó desde el momento en que, a partir del 2006, movimientos sociales y populares de Chile, así como historiadores, periodistas, músicos, escritores y artistas exteriorizaron su apoyo al reclamo boliviano. Las voces de respuesta al abuso, alrededor de los historiadores chilenos Pedro Godoy, Leonardo Jeffs y Cátulo Martinez, se fueron multiplicando con el respaldo de gobiernos del ALBA, de presidentes como Hugo Chávez y Jimmy Carter, de Premios Nobel como Rigoberto Menchú, José Saramago y Eduardo Galeano. Es importante añadir que en tanto Bolivia está cohesionada en torno a su demanda, la negativa chilena divide cada día más al país trasandino. El régimen de Santiago se equivoca al no valorizar esa dimensión ética y no tomar en cuenta que fue el reclamo victorioso de Panamá a EE.UU., para la devolución de la zona del Canal interoceánico, fue posible por el respaldo mundial a la demanda panameña.
¿Cuál es la visión del gobierno boliviano frente a la demanda en La Haya pero también en orden a avanzar en la solución del enclaustramiento marítimo?
La posición boliviana es clara y sencilla. Pide que Chile se siente a negociar, en tiempo razonable, de buena fe y con resultados concretos, una salida marítima soberana ofrecida a Bolivia en decenas de oportunidades por gobiernos y gobernantes chilenos. El Derecho Internacional es puntual al señalar que la conquista de territorios, mediante el ejercicio de la fuerza, no genera derechos y que el intercambio de notas diplomáticas, como las que cursaron La Paz y Santiago, en los 135 años precedentes, en las que Chile se comprometió a atender la demanda boliviana, son acuerdos exigibles. Al no aceptar estos postulados, el gobierno chileno confiesa que siempre tuvo frente a Bolivia una conducta dilatoria, plagada de mala fe. Es penoso tener que señalar que la agresividad oficial contra Bolivia parece no tener fin. El canciller Heraldo Muñoz y los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera exigen que gobierno boliviano se comprometa a no volver a reclamar una salida al mar si el fallo de La Haya le es desfavorable. La demanda de Bolivia existirá mientras exista como país independiente por todos los medios a su alcance.
¿Es posible pensar en una solución que permita recuperar la cualidad marítima boliviana? ¿Se percibe voluntad del gobierno chileno?
El gobierno chileno, debilitado por problemas internos, sobre todo por casos de corrupción, no asiste a La Haya convencido de sus propias posiciones. Cualquier análisis serio del problema tiene que concluir que la devolución a Bolivia de su cualidad marítima abre inmensas perspectivas a un polo de desarrollo para el norte chileno, el sur peruano y el occidente boliviano.
En Chile, son cada día más numerosos quienes piensan que el marco de amplia corrupción política, que implica a la clase política y el mundo empresarial chileno le quita legitimidad y moral a estos grupos que han dirigido al país durante tantos años ¿se puede negociar con aquellos que piensan en sus intereses privados?
Bolivia está obligada a negociar con el gobierno existente. Claro está que, desde el punto de vista boliviano, preferiríamos negociar con gobernantes que creen en la unidad de América Latina, sin la cual nuestra región seguirá siendo parte de un coro, cuyas melodías son compuestas en otras latitudes.
¿Qué se juega Chile y Bolivia en la próxima ronda de alegatos orales del mes de mayo? ¿Cómo se entiende que en pleno Siglo XXI, después de 135 años de terminada la Guerra siga sin resolverse la demanda de vuestro país de volver al Pacífico?
La Haya es un importante eslabón en el camino por fortalecer los procesos de integración, sobre todo en Sudamérica. Un acuerdo chileno – boliviano sobre la cuestión marítima redundaría en un fortalecimiento sobre todo del Mercosur y de UNASUR. Esa victoria sería también la derrota de las expresiones políticas oligárquicas que anteponen los interese de transnacionales y potencias mundiales a los de nuestras comunidades nacionales, como ocurrió en la guerra del Pacífico.
¿Cómo se explica que durante la dictadura de Pinochet en Chile y Banzer en Bolivia se haya estado a punto de lograr un acuerdo de retorno de Bolivia al Pacífico y que bajo los gobiernos democráticos hayamos dejado la solución a la “idea de conversar de buena fe” en manos de juristas de la CIJH?
Conviene no olvidar que los ejércitos en los países semi coloniales como los nuestros expresan las contradicciones de la sociedad en la que actúan. Pinochet y Bánzer, expresiones de la doctrina de seguridad de los EE.UU. y violadores consumados de los derechos humanos, no renunciaron a resolver el problema del enclaustramiento boliviano. Pinochet en la perspectiva de terminar con la permanente amenaza Perú-Boliviana de recuperar el territorio perdido en la Guerra del Pacífico y Bánzer en su afán de resolver la demanda marítima, lo que le habría ayudado a prolongar su dictadura. Los acuerdos iniciales alcanzados a través del “Abrazo de Charaña”, del 8 de febrero de 1975, tienen enorme importancia en la historia de nuestras relaciones diplomáticas, ya que demuestran que el Ejército chileno no es un obstáculo en la solución del problema de la mediterraneidad boliviana, más aún cuando Perú, con el respaldo de sus Fuerzas Armadas, ha expresado también su disposición a suscribir un acuerdo histórico entre nuestras naciones.
