En el discurso del 21 de mayo pasado, la Presidenta Michelle Bachelet anunció una gratuidad completa para el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Consejo Rectores, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro. Esta última exigencia reduce la cifra de instituciones beneficiadas, entre CFT e IP, de 39 a solo ocho.

Con el objetivo de incrementar el alcance de la propuesta gubernamental, parlamentarios de la comisión de Educación pidieron modificar la naturaleza jurídica de los CFT e IP para que, en un corto plazo, estas instituciones se conviertan en corporaciones sin fines de lucro y puedan acceder a la gratuidad.

La diputada demócrata cristiana, Yasna Provoste, había presentado una indicación que permite que los CFT constituidos como sociedades con fines de lucro, y que se encuentran al alero de las universidades estatales, puedan convertirse en instituciones sin fines de lucro. No obstante, esta indicación no cambiaría el estado jurídico del resto de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Por lo que la ex ministra de Educación se mostró a favorable a una ley corta que cambie la condición jurídica actual de estas instituciones.

“Entregaría todo mi apoyo para que se conviertan en entidades sin fines de lucro, porque en esto hemos mantenido una conducta invariable: que la educación no es un negocio sino un derecho. Por lo tanto los recursos que el Estado invierte en educación no pueden estar destinados a otros fines.”, aseguró la Parlamentaria.

Otro de los parlamentarios que integra la Comisión y que respaldaría una ley corta es el diputado PPD, Rodrigo González, quien señaló que se debe buscar “la forma adecuada para ampliar el universo de jóvenes beneficiados con la gratuidad”.

Aunque González expuso que esta ley corta debe ser transparente “y no puede servir como contrabando para encubrir entidades que siendo lucrativas se disfrazan para aprovecharse beneficios del Estado (…). Tendrían que hacerse exigencias muy altas a las instituciones que se van a convertir, para que efectivamente cumplan su función sin fines de lucro”.

En cambio el diputado de Evópoli, Felipe Kast, declaró que ésta solo sería “una solución táctica” y para él no se modificaría el problema estructural de la propuesta realizada por el Ejecutivo.

“El problema de fondo es por qué el Estado va a decidir por las personas en qué lugar deben estudiar y por qué se va a discriminar a los estudiantes que eligen instituciones como Inacap, simplemente porque está constituida como una sociedad con fines de lucro. Aquí lo que debió haberse hecho era discriminar por aquellas de universidades de calidad ya sean públicas o privadas y por necesidad, es decir priorizar a las familias que más ayuda necesitan.”, afirmó Kast.

Buscando armonizar el debate provocado por la promesa de la Presidenta Michelle Bachelet, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, especificó que éste es “solo un primer paso de la Reforma de educación superior.”

La Subsecretaria reconoció que en el segundo semestre, con el ingreso del proyecto de ley al Congreso, se aclararán las condiciones que tendrán tanto las universidades, como los CFT e IP. De la misma forma, Valentina Quiroga  explicó que en ese momento se indicará cómo las instituciones restantes se integrarán la gratuidad.