José Antonio Gómez dijo a Radio Universidad de Chile que era posible derogar el decreto que permite a las Fuerzas Armadas entregar condecoraciones alusivas al Golpe de Estado de 1973. La discusión se da luego que se viera a algunos oficiales utilizando las condecoraciones y que parlamentarios como Sergio Aguiló pidieran prohibir su uso.

Algunos parlamentarios socialistas también habían pedido al nuevo jefe de la cartera que sancionara a estos altos mandos de la Armada que, en actos oficiales relacionados con las Glorias Navales, utilizaron las medallas alusivas al 11 de septiembre del 73. Por ejemplo el  jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Miguel Romero.

Para el senador Alfonso De Urresti es necesario que exista un reglamento, una instrucción “perentoria de parte del Ministerio que estipule que ningún oficial puede usar ese tipo de condecoración, porque es una situación agraviante contra la memoria colectiva de este país y que, menos aún, pueden cargar con orgullo emblemas de una época oscura y trágica de la historia de Chile”.

Pese a lo bien recibido del anuncio, desde el mundo de las organizaciones de derechos humanos mostraron sus desconfianzas. Esto, porque hace un año el entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, les presentó al equipo jurídico que se encargaría de estudiar las degradaciones, lo que no prosperó como ellos esperaban.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira ha pasado mucho tiempo como para que el nuevo titular del ramo sostenga que van a revisar una vez más la medida.  En ese sentido, sostuvo que pedirán una audiencia con el Ministro, con la titular de Justicia, Javiera Blanco, e insistirán en reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet para exigir explicaciones sobre el retraso de la agenda de Derechos Humanos.

Otro tema que “no queda claro” es la forma en la que se enfrentará la modificación o derogación de la Ley Reservada del Cobre, sostuvo el economista Julián Alcayaga, ya que el Ministro afirma que “hay una iniciativa en trámite en el Congreso”. El problema, según explica , es que la ley no necesita quórums especiales, por lo que bastaría la voluntad política de la Nueva Mayoría para su modificación.

En ese sentido, el historiador de la Universidad de Chile e integrante de la organización Ciudadanos por la Memoria, Sergio Grez, afirmó que son sólo “palabras de buena crianza” que se inscriben en la línea tradicional de las respuestas de este gobierno a las demandas de los movimientos sociales y de la ciudadanía.

“En general nunca hay una negativa cerrada, siempre se declara una disposición a escuchar y al diálogo, se dice que se van a estudiar los temas y éstos se eternizan sin ninguna solución positiva para las organizaciones”, afirmó.

Grez advirtió que las organizaciones sociales deben trabajar para frenar la “dilación interminable” en el avance de éstos y otros temas relevantes en cuanto a transparencia y Derechos Humanos, si es que realmente se quieren ver cambios en los próximos años.