El financiamiento, sugieren, será a través del uso de los recursos de la Ley Reservada del Cobre, el Fondo de Estabilización Económica y Social, y el aumento de la Deuda Externa Pública.
La derogación de la Ley Reservada del Cobre se realizó finalmente este miércoles, acompañada de una reforma que continúa asignando montos arbitrarios para el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Así lo explicó a nuestro medio, el académico del Instituto Públicos de Universidad de Chile, Felipe Agüero.
El proyecto establece un nuevo mecanismo para costear la Defensa Nacional de carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles y democráticos que incluyen al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.
Con 35 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó los cambios realizados por la Comisión de Hacienda al proyecto que establece una nueva forma de financiamiento para las Fuerzas Armadas. La directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, señaló que es importante valorar que al fin se esté dando paso a esta modificación.
Los recursos habrían sido traspasados entre 2014 y 2018, según la Ley Reservada del Cobre.
La derogación de la Ley Reservada del Cobre ha despertado todo tipo de reacciones. Mientras algunos la miran con buenos ojos, el economista experto en Codelco cree que la medida es parte de un plan de los gobiernos instalados desde 2010 para intentar, primero, debilitarla y, luego, privatizarla. “Nadie va a querer comprar Codelco teniendo que pagar 10 por ciento de sus ventas a las Fuerzas Armadas”, sostiene Alcayaga.
Supresión de la normativa fue catalogada como una buena noticia para Chile en la medida que ésta no sea utilizada para privatizar Codelco. La normativa actual se convirtió en una de las más cuestionadas y surgen modificaciones después de conocidos casos de corrupción y multimillonarios desfalcos en el Ejército.
El Presidente Sebastián Piñera firmará el lunes una indicación al proyecto ingresado en 2011, que estipula un nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas.
Más de 12 millones de dólares sería el monto por el cuál, la Fiscal del Ministerio Público, Ximena Chong, habría abierto una nueva investigación en el marco de uso irregular de la Ley Reservada del Cobre.
Equilibrar los recursos para las FF.AA. con el gasto social es el principal objetivo de una campaña impulsada por el Servicio Paz y Justicia, para exigir que se cambie el marco legal en la materia, se derogue la Ley Reservada del Cobre y se establezca un mayor control sobre estos dineros.
El endeudamiento al que debió recurrir Codelco para cumplir con el traspaso de recursos a las FF.AA. por concepto de la Ley Reservada del Cobre, abrió nuevamente el debate sobre una eventual derogación de esta norma. Desde el Congreso critican que el Gobierno no tenga entre sus prioridades abordar este tema.
Por primera vez en su historia Codelco tuvo que recurrir a la deuda para pagar el 10% de sus ventas que tiene entregar a las Fuerzas Armadas por concepto de la Ley Reservada del Cobre. Parlamentarios exigen al gobierno poner urgencia al proyecto que busca la derogación de la norma.
Uno de los diputados que impulsó la iniciativa, Jaime Pilowsky, destacó la decisión del Parlamento. Ahora se espera que sea promulgada para su publicación en el Diario Oficial.
Trabajadores de planta de Codelco darán a conocer esta semana sus puntos de vista sobre la sustentabilidad de la cuprífera y su plan de acción sindical, del que no descartan un paro nacional.
“La falta de voluntad política, respecto a esta materia, refleja la comodidad del Gobierno con un mecanismo reservado”, aseguró el diputado de la Democracia Cristiana Jaime Pilowsky.
Una firma italiana dedicada al comercio de armas presentó un recurso ante Contraloría para objetar la compra, por parte de la Fuerza Aérea de Chile de seis helicópteros Black Hawk a la empresa Sikorsky. Dicha firma es representada en nuestro país por Conrado Ariztía, quien está vinculado al escándalo de la compra de aviones Mirage.
La iniciativa que es respaldada transversalmente por parlamentarios, quienes hacen un llamado al Gobierno para avanzar en este tema.
