Un estudio publicado la semana pasada por los expertos del FMI, Jonathan Ostry, Atish Ghosh y Rafael Espinoza, ha afirmado que cuando un Estado debe pagar demasiada deuda, su crecimiento e inversión se frenan, razón por la que proponen determinar un “límite de la deuda”, siguiendo una clasificación desarrollada por la agencia Moody’s en 2014, en la que los países se ordenan en función de su situación financiera, de modo de establecer si tiene aún “espacio fiscal” o si “puede vivir con su deuda” estabilizada por un lapso.

De acuerdo al informe, aplicada la fórmula de la agencia –que colorea la situación de los países en verde, amarillo, naranja o rojo- Grecia, Chipre, Italia y Japón (al fondo del gráfico), están entre los que tienen menor margen de maniobra y donde la deuda representa un “riesgo grave” debido a que su “espacio fiscal” ha desaparecido, razón por la que, sostener sus actuales niveles de deuda es inviable y aquella debe reducirse.

Aun cuando Ostry, Ghosh y Espinoza advierten que no representan el pensamiento oficial del Fondo y que coinciden en que el alto endeudamiento es negativo porque tiende a frenar el crecimiento, reconocen que también cuando un Estado debe pagar demasiada deuda, liquida su potencial, al tiempo que los pago de deuda heredada pueden producir graves efectos al desempeño de largo plazo de la economía.

Otro gran grupo de países, en cambio, según ellos, podría vivir con su deuda. Sería el caso de Reino Unido, Islandia, Alemania o Estados Unidos, cuya relación deuda-PIB es más razonable y pueden financiar con mayor facilidad su débito en los mercados. Para estas naciones, dicen, es mejor aprovechar las bajas tasas y pedir prestado, que recortar gasto público o subir impuestos.

La opinión de estos expertos constituye una curva en la tradicional doctrina de austeridad del FMI con los países endeudados, pues, para estos, muchas naciones pueden no sólo vivir con su deuda actual, sino, además, tendrían incentivos para mantenerla, en vez de reducirla.

Grecia, empero, no parece ser el caso y de allí que la tensión entre Atenas y la Troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo) llegó a sus más altos niveles, luego que la semana pasada el país heleno decidiera seguir los pasos de Zambia en los 70 y retrasara el pago de los cuatro vencimientos pendientes para este mes (1.600 millones de euros) hasta el próximo 30 de junio, fecha en que expira el programa de rescate actual.

Como se sabe, las tensiones entre el gobierno de Syriza y la Troika se debe a las reticencias de los griegos a aceptar el plan clásico de reformas inmediatas propuestas por el FMI, BCE y la CE, que implica reformar el IVA, pensiones y el mercado laboral y privatizar aeropuertos y puertos.

Enfrentados a la propuesta de Ostry, Ghosh y Espinoza, en el sentido que con una economía estancada es mejor retrasar la reducción de deuda, manteniéndola estable por un lapso para enfocarse en el crecimiento, otorgar más plazo y estabilizar su deuda se abre como vía de solución. Y es que, si finalmente no hay acuerdo y Grecia cae en impago, el BCE podría cortar la liquidez de emergencia, arrastrando toda la zona al caos. En cambio, si el FMI revisara la propuesta de sus propios técnicos, se podría rediseñar un enfoque distinto.

En las últimas sesiones de las bolsas de Europa y EE.UU se han observado caídas superiores a un punto, producto de la incertidumbre griega. El portavoz del Gobierno de Atenas, Gavriil Sakelaridis, dijo que un equipo negociador viajó a Bruselas para empujar las conversaciones y explorar puntos en común entre las dos propuestas sobre la mesa.

Ha recalcado, asimismo, la importancia de la reunión que mantendrá el miércoles Tsipras con la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente francés, François Hollande. Sin embargo, cualquiera sea el acuerdo final, debe solucionar los problemas de liquidez de Grecia y abordar el problema de la deuda.

No se debería olvidar que hace un tiempo, el FMI debió hacer su propio mea culpa por subestimar los “multiplicadores fiscales”, que fue lo que indujo a recesiones en diversos países obligados a ajustar su gasto público, triplicando así el efecto paralizador en el sector privado y el desempleo.