La Corte Suprema ratificó por mayoría el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que ordenó el desafuero del senador independiente Carlos Bianchi, quien fue acusado por su presunta participación en delitos de negociación incompatible y fraude al fisco.

El máximo tribunal deberá entregar su sentencia definitiva el próximo miércoles 1 de junio abriendo así el proceso judicial en contra del legislador por el uso indebido de su dieta parlamentaria, al arrendar su sede distrital, y que además habría sido alquilada por un valor superior al establecido, produciendo un perjuicio hacia el Estado.

El legislador podrá enfrentar un juicio oral por los cargos que pesan en su contra y por los cuales el Ministerio Público solicitó 4 años de presidio por el primero de los ilícitos y otros 5 años por el segundo, además de 10 años de inhabilidad para ejercer cargos o empleos públicos.

Una vez conocida la resolución, el presidente del Senado Patricio Walker dijo que “el Senado de Chile no hará defensas corporativas”, respecto de la decisión del pleno de la Corte Suprema.

Respecto de los efectos de la resolución de la Suprema, el senador Walker aclaró que Bianchi queda suspendido de sus funciones legislativas, pero no de las de representación, lo que implica que no puede participar del proceso legislativo, pero sí está habilitado para participar en actos públicos y recibir personas en su oficina regional. Además, acorde a las medidas de Transparencia y Probidad, el titular de la Cámara Alta propuso, el senador informó que se suspenderá la entrega de asignaciones parlamentarias; es decir, se acaban los pasajes aéreos, los viáticos, pagos de bencina, etc.

“Esta es la primera vez que se adopta una decisión de estas características con la que se busca elevar los estándares de transparencia y probidad”, dijo.

En lo netamente judicial, el abogado Mauricio Daza, quien defendió al legislador, dijo que “lo corresponde es hacer un pronunciamiento, respecto del fundamento de la imputación. La Corte Suprema no ha señalado de que el senador Carlos Bianchi sea culpable o inocente sino ha señalado de que, finalmente, tiene que ser un tribunal oral en lo penal el que lo vaya a decidir y ese es el desafió que la defensa deberá asumir”.

Por su parte, el Fiscal Regional de Magallanes Juan Agustín Meléndez, se manifestó conforme con el fallo de la Corte Suprema: “Cuando la Fiscal presenta una acusación, es porque tiene convicciones que se han cometido ilícitos. En este caso, negociación incompatible y fraude al fisco y por eso se dictó el desafuero. Ahora lo que corresponde, es que definitivamente sea un tribunal el que resuelva esto”.

En tanto, una de las partes querellantes del caso, liderada por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña sostuvo que: “la verdad que la Corte Suprema cada cierto tiempo le toca pronunciarse respecto de estas investigaciones y efectivamente, la concesión de un desafuero es un paso inevitable cuando se trata de personas que están con fuero constitucional, por lo tanto, insisto, lo que queda ahora es esperar el paso siguiente, es esperar un juicio oral, con todas sus garantías, donde el Senador Bianchi también pueda hacer todos los descargos que estimen conveniente”, indicó.

Recordemos que la Fiscalía acusa un sobreprecio en el arriendo del inmueble de 39 metros cuadrados, por el cual se desembolsaba una suma cercana a los $850 mensuales. De acuerdo al Ministerio Público, el perjuicio causado asciende a 45 millones 148 mil 728 pesos.

Por ello, ahora que Bianchi quedó suspendido de su cargo y sujeto al juez competente como cualquier otro ciudadano, se podrán solicitar medidas cautelares en contra del parlamentario mientras dure  la investigación.

Aunque si al finalizar el proceso, se dicta el sobreseimiento de Carlos Bianchi, podrá volver a ser senador de la República.