En la madrugada del sábado 27 de junio, la Prefectura Naval Argentina desarticuló una red de trata de personas que operaba en un club nocturno de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Tres personas fueron detenidas y se logró rescatar a trece mujeres; seis argentinas, tres paraguayas, tres dominicanas y una boliviana, quienes fueron asistidas por personal del Ministerio de Desarrollo Social. Durante la misma semana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró desbaratar una ruta de contrabando y trata de personas que se extendía desde la ciudad de Orán, en la frontera argentina con Bolivia, hasta Córdoba. Dos personas fueron detenidas, las cuales reclutaban ciudadanos bolivianos con la falsa promesa de un empleo digno para luego obligarlos a desempeñarse en condiciones de insalubridad y trabajo forzado.

Lejos de tratarse de casos aislados, la trata de personas, entendida como el traslado de seres humanos dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación sexual o laboral, es un delito que se ha ido extendiendo y arraigando en nuestro continente durante las últimas décadas. “Argentina es uno de los países que más reporta casos de trata, después tenemos a Perú y Colombia. Hay países que son de origen, que expulsan a las víctimas; otros que solamente son de paso y otros que son obviamente un país de destino”, detalló Jessica Belardes, del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer de Bolivia, durante el III Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas, organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el año 2013 en Bogotá.

Aproximadamente 2,5 millones de personas son víctimas de trata a nivel global. Sin embargo, se calcula que por cada víctima identificada existen otras veinte más sin identificar. Según datos de la UNODC, dos tercios de las victimas detectadas por las autoridades son mujeres; el 79 por ciento de ellas sometidas a explotación sexual. Además, la mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años.

“La trata en América incluye explotación sexual, laboral, la utilización de niños en conflictos armados, el tráfico de órganos y otras violaciones a los derechos humanos. Estimar a cuántas personas afecta es un desafío, pues muchas veces las víctimas no denuncian”, explicó Fernando García Robles, jefe de la sección contra tráfico de personas en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el contexto de la Consulta regional para América Latina y el Caribe sobre el derecho a una reparación efectiva para las víctimas de trata de personas.

Por su crecimiento económico en relación a los demás países de la región, Chile se ha convertido fundamentalmente en un local de destino de trata de personas, aunque también de tránsito y de origen. Ante esta realidad, la Cámara de Diputados aprobó en abril de 2011 la ley 20.057, que permite controlar, prevenir y sancionar a quienes cometan este delito, así como amparar a las víctimas y velar por su recuperación.

Durante el último año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado cuatro querellas por trata, la más reciente en contra de dos ciudadanos coreanos quienes, desde octubre de 2014, se habrían dedicado de manera sistemática y permanente a la trata de personas con fines de explotación sexual. Actuando de manera organizada, habrían facilitado la entrada y el traslado dentro de nuestro país de mujeres coreanas, engañándolas y aprovechando su condición de vulnerabilidad para forzarlas a ejercer la prostitución.

Pero pese a los esfuerzos estatales y legislativos, todavía quedan asuntos pendientes. Para Denisse Araya, directora ejecutiva de la Corporación ONG Raíces, “si bien se ha verificado la existencia de trata de personas, ésta es visibilizada en circuitos todavía limitados, no siendo concebida como un problema social significativo. La baja conciencia acerca de las vulneraciones que ésta conlleva, así como las nefastas consecuencias que este delito produce en las víctimas, refuerzan aún más las condiciones que favorecen la existencia de la trata en nuestro país”.

A su juicio, es fundamental implementar relaciones de cooperación efectiva con otros Estados, así como acciones destinadas a la prevención: “se requieren campañas de sensibilización y programas educativos, así como campañas permanentes contra la discriminación hacia inmigrantes y contra violencia hacia las mujeres como factores estructurales de la trata, que se implementen desde un enfoque de derechos humanos”.

El primero de julio de este año, los ministros del Interior de Chile y Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación que pretende luchar contra de la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y el tráfico de drogas, teniendo en consideración la detección de rutas de tráfico establecidas entre ambos países. Asimismo, las ministras de Relaciones Exteriores de Colombia y Perú suscribieron en mayo de este año un acuerdo de prevención, investigación y persecución de la trata de personas, con el objetivo de luchar contra este delito y dar asistencia y protección a sus víctimas.

En el foro Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres, realizado en marzo de este año por el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la doctora en filosofía por la Universidad de Londres y profesora-investigadora de la UAM-Xochimilco, Ana Amuchástegui, evidenció que, pese a que los orígenes de la trata tienen que ver con estructuras sociales y económicas que producen profundas desigualdades, “la fuerza del Estado está dirigida no a producir una transformación en las estructuras que generan esos niveles de pobreza y desigualdad, sino en producir un aparato estatal policiaco y represivo que busca eliminar los efectos indeseados de las políticas neoliberales y la producción de pobreza extrema, la precarización del trabajo, los salarios mínimos míseros y el embate contra la seguridad social, mostrando que en realidad tienen que ver con la comisión de delitos individuales”.

Las ganancias del mercado ilícito de la trata se estiman en 32 billones de dólares al año, ubicando este delito como el tercero más lucrativo después de la venta de armas y de drogas. La mitad de ese dinero se genera en países industrializados como España, Italia, Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza, caracterizados por ser los principales destinos de las víctimas que provienen de América Latina.