El máximo tribunal de Justicia condenó a Endesa S.A a desembolsar más de mil 600 millones de pesos a seis agricultores que el año 2006 vieron afectados sus predios por la crecida del Río Biobío a causa de deficiencias en la operación de la central hidroeléctrica Ralco.

Amortiguar de forma “importante” la crecida del caudal era la obligación que debía cumplir la empresa al aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, según se indica en el documento.

Patricio Rodrigo, director ejecutivo de la Corporación Chile Ambiente, criticó que al haber ocurrido el suceso en un periodo de alta intensidad de precipitación el 2006, se soltó más agua de la que habría escurrido naturalmente por la cuenca, lo que afectó no solo a los agricultores demandantes.

“Aquí hay más gente que salió dañada económicamente y pérdidas de vida por un mal manejo del sistema hidrológico que hizo la represa, por lo tanto, hay más personas que debieran ser indemnizadas y esto debiera ampliarse. Aquí hubo una negligencia y espero que la empresa cumpla cabalmente”, expresó.

El ambientalista recapituló la trayectoria de la empresa e indicó que ésta ha tenido una mala conducta ambiental y social con sus instalaciones de represas Pangue y Ralco, lo cual ejemplificó con la relocalización  de comunidades pehuenches del Fundo El Barco que perdieron su calidad de vida, sin reparaciones por parte de Endesa.

Por años, los habitantes de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío mantienen su preocupación por los efectos que las represas tienen sobre la región y su regulación.

Francisca Treca, vocera de la comunidad de Callaqui de Alto Biobío, advirtió que con el proyecto se ha visto  en perjuicio la iluminación residencial de los habitantes, a pesar que la empresa es la principal generadora de energía del país: “Se firmó un acuerdo para dar beneficios a las comunidades, Endesa hizo instalación de electrificación en el hogar de cada persona, después pasaron los años y como a la empresa le faltaban recursos, no tiraba torres de luz ni cables, por lo que muchas personas están sufriendo hoy los maltratos”.

En cuanto a lo ocurrido hace casi nueve años, el alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, afirmó que en conversaciones actuales con el Ministerio de Energía se ha discutido el establecer por ley que las represas cuenten con un plan de emergencia aguas abajo que incluya “un sistema de monitoreo alerta temprana para que las personas en el caso de un eventual sobrepaso, colapso, aumento del caudal, etc, estén alerta de lo que está ocurriendo y un sistema de asignación virtual que determine las cotas de altura para que en la eventualidad de que esto ocurra, las comunas que están en la ribera de la cuenca del Biobío puedan dentro de los planes reguladores ubicar las zonas de riesgo para los habitantes, también un sistema de radio y comunicación para que las comunas se comuniquen entre sí y se entreguen información”.

Por último, Daniel Salamanca planteó que la Intendencia en la Región del Biobío durante el presente año ingresará un proyecto con fondos regionales para hacer el sistema de asignación virtual. Mientras, las empresas a cargo de centrales hidroeléctricas se comprometieron a entregar radios de comunicación a las comunas cercanas, medida que según la autoridad aún no se ha concretado.