Son cuatro grandes invasiones y ocupaciones del Wallmapu las que identifica el libro “Tiburones de la Tierra: El plan del exterminio de los mapuche en Chile” de editorial CEIBO, y que siguen presentes como base de las tensiones que se viven día a día en el sur del país.

Para comprender el proceso, conversamos con el autor Eduardo Díaz, quien puso la mirada en el proceso histórico, el tratamiento político y judicial de conflicto, las injusticias y la necesidad de buscar la verdad.

Las cuatro invasiones

La primera se da en el encuentro de la corona de Castilla con los mapuche, momento en el que surge la patria, un proceso que culmina con el triunfo del pueblo mapuche en Curalaba. “Así, se puede decir que es el único pueblo indígena que ha derrotado un imperio”, afirmó Díaz, y añadió que ambos se convirtieron en grandes aliados para la defensa del enemigo externo.

La segunda ocupación está a cargo de Cornelio Saavedra, quien arrebata dos millones 500 mil hectáreas de tierra a los mapuche y divide el territorio en cuatro: Una parte para bienes nacionales, una para los colonos, otra para el remate a privados y sólo 500 hectáreas para las “reducciones”, donde otorga los llamados títulos de Merced a los comuneros, los que tenían prohibición de enajenar. Sin embargo aún hay colonos instalados en estos terrenos, usurpando el terreno.

La tercera es para la Guerra del Pacífico, cuando Chile se va a combatir con Perú y Bolivia y los mapuche, cumpliendo el Tratado de Tapihue, lo apoyan y se van al norte. Al dejar La Araucanía sola, sin seguridad, afirmó, cayeron diez mil forajidos de la zona central, los que se instalaron donde se les vino en gana y al mapuche que reclamaba lo mataban, dejando su cuerpo tendido en el camino. “Se llamaba ‘encaminar’ y era un acto de intimidación para los comuneros de territorios colindantes”, dijo.

Finalmente la cuarta invasión “la tenemos en la cara, nos está golpeando todos los días”, sostuvo. Se da en plena dictadura militar, particularmente entre septiembre de 1973 y el mismo mes de 1974, cuando no existía ni la DINA ni la CNI. En ese momento, dijo Díaz, los militares se tomaron el poder y se repartieron los cargos, “estaban ocupados, no andaban cazando mapuches por los campos”.

Según sostuvo el autor, el informe de la mesa de diálogo de Ricardo Lagos y el General Izuritera donde se publican los desaparecidos por región, de los mil 200 desaparecidos 950 son en La Araucanía.

“Si usted puede inferir que no fueron los militares, porque andaban en otras tareas, ¿quién lo hizo sino los terratenientes que limpiaron sus respectivos territorios?”, dijo y añadió que ésta es una parte dolorosa de la historia reciente, digna de atender y de aclarar.

Julio Ponce Lerou y los tiburones de la dictadura

En este periodo aparece el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, como un actor clave en la consolidación de la invasión. Esto cuando se le designa a cargo de la CONAF y a Fernando Léniz en Economía, quienes encabezan la contra-reforma agraria.

“La reforma era un ley de una tremenda legitimidad, había sido apoyada por tres gobiernos consecutivos de distinta ideología y distinta velocidad. No era una ley cualquiera, sino una que conmovió a una época”, afirmó Eduardo Díaz y explicó que en ese proceso Ponce Lerou tomó las tierras que se habían devuelto a los mapuche y las licitó “a dedo”, principalmente a las grandes forestales de hoy.

El abogado afirmó que Ponce Lerou participó en la creación del Decreto 701 mediante el cual se bonifica a las forestales el 75 por ciento de las plantaciones, con el dinero de los impuestos, aún vigente gracias a un parlamento, aseguró, que está sobornado justamente por las grandes forestales para que les mantengan esas condiciones. “No sólo usurpó al pueblo mapuche, sino también al Congreso Nacional”.

Juicios irregulares, criminalización y burocracia

Así, el magister en ciencia política y Doctor por la Universidad de Salamanca afirmó que, ante la férrea defensa de la sociedad chilena a la propiedad privada, se debe entender que el pueblo mapuche está luchando por lo suyo, por su mapu, pero que se les ha criminalizado, estableciendo diversos montajes que atentan contra sus derechos.

“Todos los días se violan los Derechos Humanos en Chile. Basta ver las sentencias a los comuneros mapuche, que no están fundadas sino en presunciones, en antecedentes de testigos encapuchados que no se pueden contrainterrogar, lo que es impresentable”, dijo poniendo como ejemplo los juicios al machi Celestino Córdova y al colaborador chileno, el ex estudiante de antropología, Emilio Berkhoff.

Díaz añadió que esto ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera y sigue en los gobiernos de la Concertación, y que recientemente el ministro del Interior, Jorge Burgos, admitió la posibilidad de utilizar esta legislación, pese al cuestionamiento de organismos nacionales e internacionales y a encontrarse, además, en un proceso de reforma.

“Si se abocara el señor ministro al estudio de la verdad completa y hacer Justica sobre esa verdad se va a ahorrar la Ley Antiterrorista y todo lo que implica”, dijo tajante Díaz.

El abogado aplaudió la reciente visita del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, a la reunión con el Consejo de Todas Las Tierras y la apertura que mostró a evitar el encarcelamiento de líderes mapuche. “Pero esa es una opinión personal de Muñoz, lo que me interesa con los resultados de la sentencias y que aún se acepten testigos falsos encapuchados o se piense en leyes de excepción”.

En esa línea afirmó que la propuesta de un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo, anunciadas en las últimas cuentas públicas de la Presidenta son medidas burocráticas que sólo buscan dar más trabajo a los partidos políticos. Además catalogó de “truchas” las consultas realizadas en el proceso de transición institucional.

Medidas de confianza mutua

El académico afirmó que el Estado no puede seguir sin dar respuestas concretas a los temas de fondo del pueblo mapuche y se aventuró a proponer algunas “medidas de confianza mutua” para iniciar el diálogo.

Entre ellas sugiere terminar con la discriminación que implica seguir manteniendo presos políticos mapuche. “En La Araucanía uno tiene una cárcel por comuna y en el gobierno de Piñera se les ocurre llevar la escuela de Gendarmería a Traiguén, ¿qué es esto?”, se preguntó.

Además apuntó a la necesidad de sentarse a colocar la verdad histórica sobre la mesa, estableciendo informes que reconozcan lo ocurrido en los negros años dela dictadura y el saqueo por parte de colonos y agricultores, reparando esas situaciones.

Para Eduardo Díaz hay muchos elementos que aclarar, pero advirtió que no observa real voluntad política por parte de las autoridades que por años siguen repitiendo las viejas fórmulas o crean nuevos mecanismos que  no van a la raíz política y social.

Algo que afirmó, se puede explicar cuando ha quedado a la luz el vínculo de los actuales actores políticos con el mundo de los negocios y fenómeno de corrupción, como se ve en los casos Caval, Penta, SQM y Corpesca, los que son sin duda, afirmó, la punta del iceberg del reino de los intereses personales y el juego de influencias.