En julio de 1986 Rodrigo Rojas perdió su vida dramáticamente. El brutal ataque policial también afectó gravemente a Carmen Gloria Quintana, quien resultó con gran parte de su cuerpo quemado luego que Carabineros les prendiera fuego.
El 2 de julio de ese año, el primer día del paro total de actividades convocado por la Asamblea Nacional de la Civilidad para demostrar el repudio a la Dictadura, el jóven fotógrafo encontró la muerte luego de ser quemado y abandonado por los perpetradores a más de diez kilómetros del lugar del ataque. Su compañera, fue herida de gravedad.
29 años después, el caso dio un giro inesperado. La confesión del ex conscripto Fernando Guzmán permitió que el ministro en visita Mario Carroza tomara a siete ex militares detenidos, cambiando el motivo del crimen desde “hecho culposo a hecho intencional”. Hoy realizó los primeros interrogatorios a Iván Figueroa, Nelson Medina, Jorge Astorga, Luis Zúñiga y Francisco Vásquez, quienes quedarán detenidos hasta que el viernes se decida su situación procesal.
En tanto, y durante estás casi tres décadas, la familia de Rojas y la propia Carmen Gloria Quintana han buscado acreditar su versión. La que es respaldada con la versión de Guzmán, quien decidió romper el pacto de silencio que los involucrados habían dejado guardar.
Para Amanda De Negri, tía de Rodrigo y abogada de Derechos Humanos esto es un “triunfo”. La familiar del fotógrafo que en ese momento tenía 19 años y estaba de paso por Chile dijo que “la lección más importante es que se logra hacer justicia de alguna manera” y que, para los demás, queda la esperanza de que la lucha, en algún momento, cobra su recompensa.
Tras este paso, de inmediato se llamó a que el Ejército hablara y entregara nuevos datos en delitos de lesa humanidad. El ministro Marcelo Díaz también se sumó al llamado que hizo el jefe del área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, para que también se pueda avanzar en otras causas.
Lledó sostuvo que con los nuevos antecedentes se da cuenta de que el Ejército encubrió el crimen y mintió durante casi 30 años. Esto, porque en una primera versión, se había dicho que los jóvenes se habían auto quemado accidentalmente y que el Ejército, simplemente, no le había prestado la debida atención.
“Eso no fue así. Lo que ocurrió fue que ellos fueron detenidos, rociados con gasolina, incendiados y luego, posteriormente, se efectuó una consulta telefónica y producto de esa consulta, las tres patrullas militares que intervinieron fueron a tirar a estas personas aún agonizantes, a una zanja, en un descampado cerca del aeropuerto Pudahuel en Quilicura”, explicó el Jefe del departamento de Interior.
Rodrigo Lledó agregó que en el proceso anterior, donde se juzgó y condenó por medio de la Justicia Militar al teniente y jefe de una de las patrullas Pedro Fernández Dittus 1993 quien tuvo una pena a 600 días de prisión por el cuasidelito de homicidio de Rojas de Negri y las heridas graves producidas a Carmen Gloria Quintana fue un fraude: “Nosotros sostenemos que produce cosa juzgada aparente o fraudulenta, porque lo que se hizo allí fue un montaje para, simplemente, tener un chivo expiatorio para exculpar a las demás personas que tenían responsabilidad, pero aquí entendemos que todos los oficiales que participaron y todos los suboficiales que participaron, tienen responsabilidad penal. Así lo hemos hecho presente al ministro en Visita Mario Carroza, y él accediendo a la petición del Programa ha detenido a los 7 oficiales y suboficiales”.
El cambio en la causa podría abrir la posibilidad que el teniente Pedro Fernández Dittus sea condenado por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas De Negri y el homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloría Quintana. “La situación de Fernández Dittus, en este momento tiene que ser revisada y si es que no accede a nuestra petición el ministro (Carroza), vamos a apelar, porque entendemos que aquí hubo una apariencia de juicio y no un juicio realmente tal”, agregó Lledó.
El juez Mario Carroza aseguró que se investigarán a la totalidad de conscriptos, es decir, a todos los militares que participaron ese día. “Durante el transcurso de esta semana y de la próxima también van a ser citados los conscriptos y detalladamente se les va a pedir que colaboren y vamos ver cuáles son las versiones que entregan”.
Sobre la situación del conscripto que reveló los antecedentes dijo que se determinán los pasos a seguir. “Son cosas que la investigación arroja porque es muy difícil restablecer penas previas porque no sabemos cuáles son las atenuantes. Él está cooperando, tiene una cooperación eficaz, es una persona que nunca ha delinquido por lo que podría tener otro tipo de consideraciones”.
Finalmente, el gobierno, luego de conocerse la declaración de Guzmán, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a que digan la verdad sobre aquellos crímenes que se mantienen impunes. Así lo dejó ver el ministro vocero Marcelo Díaz. “Aquí se ha roto un pacto de silencio que ha permitido que la justicia conozca antecedentes que dan cuenta de cómo ocurrieron estos hechos y como ha dicho una de las víctimas Carmen Gloría (Quintana) permite que prevalezca la verdad”.
Díaz, además, explicitó la importancia que tuvieron las declaraciones del conscripto Guzmán. “Lo que vimos ayer fue el testimonio de un funcionario involucrado en estos hechos que reconoció haber sido parte de un pacto de silencio, que reconoció haber recibido instrucciones respecto de cómo declarar expresamente para esconder la verdad y para impedir la justicia y, por lo tanto, se cumple nuestra convicción profunda, que representamos el sentir de la inmensa mayoría del silencio sino de la totalidad, es que en caso horrorosos como éste y en toda las violaciones de Derechos Humanos ocurrieron en ese periodo negro de la dictadura debe haber justicia”.