El debate constitucional sigue en primera plana de las preocupaciones de diversos sectores del país. Mientras desde el gobierno las declaraciones apuntan a que la nueva carta fundamental no llegará en esta administración, los defensores de la nueva Constitución insisten que renunciar a ella sería una de las grandes batallas perdidas del Ejecutivo.

En esa línea se ubican diversos personeros del oficialismo. La vicepresidenta del Senado Adriana Muñoz, los senadores Guillier y Pedro Araya y diputados como René Saffirio y la bancada por la Asamblea Constituyente, quienes insisten en la necesidad de no dejar pasar esta oportunidad para reescribir el texto que desde 1980 dirige la vida de los chilenos.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado de la DC calificó de “insulto a la inteligencia de los chilenos” la propuesta presidencial sobre cabildos. Por ello, llamó a trabajar en serio en la elaboración del nuevo documento constitucional.

En su opinión, no existe disposición para avanzar en un proceso constituyente serio. “Así no se logra reformar una Constitución, así no se logra disponer de una nueva Constitución. Es insólito lo sostenido por la Presidenta cuando dice que se va a hacer el proceso constituyente a través de cabildos -lo dijo expresamente- con las juntas de vecinos y con los grupos de adultos mayores. El proceso constituyente es mucho más complejo que eso. Requiere participación política, requiere participación social, pero requiere que se defina previamente un proceso en el que esté claro un contenido de una propuesta de Constitución, que al final del camino sea plebiscitado, y que todos los chilenos tengamos la opción de pronunciarnos respecto de esa propuesta. El resto es pirotecnia, simplemente”, dijo.

Otro de los debates apunta al modo en que se debe llegar al nuevo reglamento. En este sentido, se dividen las opiniones entre quienes avalan la idea de una asamblea constituyente y un plebiscito para validar esta propuesta entre la ciudadanía y los que aseguran que la modificación debe llegar por la vía institucional, donde un nuevo Parlamento, en conjunto con el Gobierno y algunos expertos y representantes de la gente puedan priorizar las líneas que contendría el documento.

Para el senador Pedro Araya el compromiso del gobierno debe cumplirse. En ese sentido, llamó a centrarse en definir los contenidos de una nueva Constitución antes que culmine este periodo, obviarlo, para él, sería un rotundo fracaso para el gobierno y la Nueva Mayoría. En ese sentido, dijo que no iniciar el debate, con los temas de fondo que se contendrán en él, es no cumplir el compromiso con la ciudadanía.

Por su parte, Alejandro Navarro (MAS) reiteró su opinión sobre la nula disponibilidad de este gobierno para efectuar el cambio constitucional comprometido: “Realismo es que no habrá nueva Constitución con la presidenta Bachelet”, prueba de ello es que no se tocará el tema en el cónclave, enfatizó.

Varios historiadores comparten la visión de que es la asamblea constituyente el mejor camino para alcanzar mayores estándares de democracia. Así, lo plantea, por ejemplo, Sergio Grez, para quien este punto es irrenunciable e ineludible.

Sobre eso profundizó reiterando que existe un sinsentido al proclamar un “mecanismo participativo no vinculante, si estos no van a aparecer en la definición del tipo de carta que se redactará”.

Pese a que existen algunos que siguen creyendo que el gobierno está allanado a un debate público sobre la nueva Constitución, para el historiador, lo único que se anunciará en septiembre es que el texto ya está definido y que se cerrará definitivamente la puerta a la asamblea constituyente, abriendo fórmulas a espacios como el Parlamento, o la designación de una comisión constituyente nombrada por el mismo Parlamento o por una comisión de experto decidida a dedo, “reediciones de una forma que no satisface las necesidades ciudadanas”.

Sin embargo, insistió que a nivel ciudadano este momento debe ser utilizado como un tiempo pedagógico, para explicarle a la gente por qué es necesaria una asamblea constituyente y transversalizando el sentido de urgencia de una nueva Constitución que permita que la ciudadanía proteste no solamente por los cauces tradicionales, como marcar el voto en una elección, sino a través del vínculo de estas reivindicación con las luchas sociales y políticas.

“El debate constituyente va a seguir abierto, entre otras razones, porque mientras no tengamos nueva Constitución el debate seguirá. Eso ofrece una oportunidad para seguir caminando por la auto educación ciudadana a la que estamos obligados a tomar, porque las autoridades no cumplen esa labor”, acusó Sergio Grez.

Así, lejos de frenarse el debate por la redacción de una nueva Constitución, se siguen sumando al debate nuevas voces al interior del conglomerado de Gobierno que plantean la necesidad de trabajar por un proceso que culmine con la redacción del texto fundamental hecho por todos y para todos los chilenos.