Probidad y transparencia. Pero también dinero y política. Lo primero, un anhelo al que aspiran gobiernos y parlamentos. Lo segundo, una relación peligrosa capaz de derrumbar hasta las mejores intenciones.

Y es que la negativa percepción ciudadana hacia los políticos tiene muy preocupados a los distintos congresistas o parlamentarios de la región. Las encuestas, al menos, así lo refrendan.

De hecho, hace menos de un mes se conoció la información de que el Congreso Nacional destinaría millonarios fondos para contratar una asesoría de imagen. Esto, con el objetivo de enfrentar el descrédito generado por los casos de corrupción como Penta, SQM y Corpesca.

Es así que la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad organizó un nuevo encuentro en Santiago, mismo lugar donde el 2012 emanó la Declaración sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos.

Moisés Benamor, jefe de la sección de apoyo a las instituciones representantes de la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, asegura que “existe una desafección muy grave y compleja del ciudadano hacia sus instituciones representativas”. La falta de comunicación entre la sociedad, cada vez más participativa, y el modelo institucional de representación que aún se mantiene vigente, es algo complejo.

Para este venezolano, experto en materias legislativas, la desconfianza y poca credibilidad, particularmente hacia los parlamentos, se suman a la frustración ante la corrupción y los conflictos de interés, que aparecen cada vez con mayor frecuencia.

Así lo planteó durante su participación en el II Encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos, celebrado en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

“Tanto en Chile como en muchísimos países, esto es a nivel mundial, nos estamos encontrando con que ciertos hechos de corrupción y ese tipo de cosas, los afecta de una manera muy directa. Y también se relaciona con la manera en que la información es accesible”, analiza.

Así mismo, explica que “los ciudadanos quieren ver parlamentos que apliquen de un modo más contundente el control político. Existen países que han apuntado a incorporar mecanismos muy eficaces para, por ejemplo, el financiamiento de la política”.

El reconocimiento de una crisis de legitimidad de los parlamentos es prácticamente unánime. También, la claridad que requiere el financiamiento de la política. “Muchas instituciones creadas por la Constitución hoy están vacías de contenido. No podemos permitirnos destruir la democracia representativa y sus bases de sustentación”, advierte la senadora paraguaya Blanca Ovelar.

La parlamentaria considera urgente recuperar la credibilidad de la clase política. Lograr que la política vuelva a vincularse con su esencia fundamental, en alusión a la construcción del bien público.

Y así como apunta a los problemas de credibilidad en la clase empresarial, e incluso en los gremios profesionales, su máxima preocupación es otra.

“La amenaza de la plutocracia sería la peor de las tiranías. Y esa amenaza está latente. Ante un pueblo empobrecido, con ciudadanos desmotivados que ya no creen en la gente, que se sienten excluidos porque la democracia no les trajo mejores condiciones de vida. Entonces, es muy fácil que prenda el poder del dinero y que se arreglen los votos y las estructuras”, advierte con recelo.

Precisamente la relación entre dinero y política es un tema que genera desconfianza entre la ciudadanía. Una relación “peligrosa y venenosa”, como establece el senador colombiano Ernesto Macías.

Su postura radica en que la política debe limpiarse y desligarse de aquella relación económica. Por ello, la política debe ser financiada por el Estado, con transparencia. “Cuando la financia el bolsillo privado se vuelve peligrosa para cualquier democracia”, asevera.

¿Cuál debiera ser la tarea primordial de los parlamentarios? Según el senador, recuperar la confianza.

“La pérdida de confianza de la ciudadanía frente al congresista o al parlamentario en términos generales es válida, porque son los mismos Congresos los que han expuesto argumentos para perder esa confianza”.
“¿Cómo se recupera? Con un cambio de actitud cultural frente a la comunidad. Esto no es con leyes. Nada sacamos con modificar la Constitución de cada país si el comportamiento de quienes están en los Parlamentos no cambia”, concluye.

En Perú el panorama no es muy distinto. Así lo confirma Natalie Condori, vicepresidenta del Congreso de ese país. “Somos conscientes de que a pesar de tantos esfuerzos que podamos realizar para la transparencia de nuestra función, lamentablemente no tenemos la aprobación de la ciudadanía”.

Las preocupaciones transitan entre lo difícil que resulta satisfacer a todos cuando existe tanta diversidad o pluriculturalidad. Al mismo tiempo, lograr que los Parlamentos mejoren su imagen.

En ese escenario, la congresista peruana destaca la fuerza de la ciudadanía, que es capaz de imponerse y hacer retroceder a los grupos políticos. Además, la importancia de la vinculación con las organizaciones sociales y la consideración de sus demandas.

Es así como instala el caso de la Constitución de 1993, dictada durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Ahora, de parte de la ciudadanía, existe el reclamo de instaurar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente. Lamentablemente los grupos parlamentarios o congresista somos minoría en ese reclamo. Es difícil abordar esta situación, pero sí lo expresamos cada vez que podemos”, afirma, convencida de que se trata de un camino viable y urgente.

Y agrega: “Saludamos que en Chile se esté dando este importante proceso. Es necesario. Los tiempos cambian”.

Un II Foro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos que deja varias conclusiones. En lo inmediato, la certeza de que el diálogo, la diplomacia y el intercambio de ideas ya no son suficientes para enfrentar las críticas, desconfianzas y pérdida de legitimidad expresadas por la ciudadanía respecto de sus parlamentarios.