El Ministerio de Defensa ha adquirido un rol protagónico en estas últimas semanas. Con más de tres meses en el cargo, José Antonio Gómez ha debido enfrentar críticas por su incondicionalidad hacia los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Particularmente del Ejército, con cuyo comandante en jefe se alineó al responder las preguntas de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Los cuestionamientos abundan no sólo hacia su labor respecto de exigir la entrega de información sobre violaciones a los Derechos Humanos y el fin de los llamados pactos de silencio. También por su actitud, considerada por distintos sectores como el gran obstáculo para acceder a la verdad.

La última jugada del Gobierno en esta materia fue el anuncio de una nueva Unidad de Derechos Humanos, precisamente bajo el mandato de aquella repartición. Una instancia que se propone facilitar la entrega de información por parte de los uniformados en función de las peticiones que realice la Justicia.

No sólo se trata de agilizar los procesos que se encuentran pendientes, que son más de mil. También podrían reabrirse antiguas causas. Así al menos lo planteó el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís. El ex magistrado que este lunes asumió el rol de coordinador de esta nueva instancia.

Sin embargo, desde las organizaciones de derechos humanos tienen la certeza de que el actual escenario de ocultamiento de información no cambiará.

“Ellos pueden, deben y debieran exigirle a las Fuerzas Armadas que rompan el pacto de silencio y que pongan toda la información que tienen oculta a disposición del Poder Judicial”, exige Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Pero no sólo eso. Además apunta a la ausencia de disposición y voluntad política, donde incluso, asegura, podrían existir “actitudes soterradas para buscar los medios de cómo sacarlo de ese puesto”.

“Nos parece más una actitud comunicacional, como lo han hecho en varios temas. Dan a conocer una noticia que queda en el aire como que se va a avanzar. Nos parece realmente una forma escurridiza de enfrentar a las Fuerzas Armadas”, critica la dirigenta.

Las preocupaciones se incrementan luego de escuchar a Solís. Esto, cuando este lunes, en su presentación con Gómez, manifestó que “el desafío que tengo ahora con este compromiso que estoy asumiendo obviamente que es altísimo. Pero si voy a actuar bajo el ámbito del gabinete del Ministro, haré una labor de colaboración y no tomaré iniciativas que vayan en contra del programa ni en contra de su voluntad política”.

Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tampoco muestran mucho optimismo. Su presidenta, Lorena Pizarro, anticipa que las nuevas funciones de Alejandro Solís se verán limitadas por falta de instrumentos, información, autoridad y poder para avanzar en su trabajo.

“Las agrupaciones de Derechos Humanos y las agrupaciones de familiares en particular tenemos una profunda conciencia de lo riguroso y profesional que es el ex ministro Alejandro Solís. Pero si el ministro José Antonio Gómez asegura que las Fuerzas Armadas ya entregaron toda la información, entonces no entiendo cuál es el rol de Solís”, sentencia.

Por ello, no se confían y aseguran que seguirán presionando y exigiendo una necesaria depuración y democratización de las Fuerzas Armadas, además de un llamado a los tribunales de Justicia para que asuman su rol con mayor decisión.

Sin embargo, el ministro Gómez parece no cesar en sus esfuerzos. Una vez más reiteró su apoyo al Ejército. “Toda la información que está y que existe se ha entregado. Lo que vamos a hacer con el ex ministro Solís es precisar ciertas respuestas y preguntas que probablemente son generales”.

Incluso, Gómez se niega a la posibilidad de exigir la entrega de información mediante algún decreto. “Nosotros no somos investigadores”, afirma. Así mismo, insiste en que “hay que entender que estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, lo que nosotros podemos y vamos a hacer es todo aquello para que cuando los ministros de fuero soliciten la información, facilitemos su entrega”.

Su criticada actitud es al mismo tiempo certeza para Solís. “La garantía que tengo es que sea el ministro de Defensa quien esté a cargo de este tremendo problema”, concluye el ex magistrado.

Cabe recordar que fue el propio Alejandro Solís quien denunció la semana pasada que miembros del Ejército presionaron para que dejara un cargo que recién había asumido y que consistía en asesorar a los ministros en visita del país que investigan crímenes contra los Derechos Humanos, decisión que le fue comunicada por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.