Derecho a huelga: La indicación que enfrenta a los senadores de Gobierno

En la Nueva Mayoría existe un aparente consenso sobre la necesidad de equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero la definición de los servicios mínimos aún genera controversia. El próximo 7 de septiembre vence el plazo para que los senadores presenten indicaciones al proyecto.

En la Nueva Mayoría existe un aparente consenso sobre la necesidad de equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero la definición de los servicios mínimos aún genera controversia. El próximo 7 de septiembre vence el plazo para que los senadores presenten indicaciones al proyecto.

Cuando aún restan poco más de dos semanas para que se cumpla el plazo para realizar la presentación de las indicaciones al proyecto de ley de Reforma Laboral- el próximo 7 de septiembre- y el Ejecutivo trabaja en definir cuáles serán las que ingresará, senadores de la Nueva Mayoría y la oposición plantearon sus puntos de vista sobre las potenciales modificaciones al cuerpo legal.

Mientras que el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha manifestado que los cambios que se harán en el Senado contemplan cautelar el crecimiento económico y el empleo, el senador Alejandro Navarro (MAS) indicó que intentará que la Agenda Laboral se maximice en la entrega de derechos a los trabajadores.

“Queremos, a lo menos, hacer el debate, porque hay quienes, y particularmente los empresarios, han ejercido una política de chantaje tratando de minimizar las reformas y la respuesta va a ser que vamos a tratar de maximizarlas, porque hay quienes no respetan el acuerdo y quieren seguir rebajando el estándar de una reforma que tiene muchas observaciones del mundo laboral y tiene además una férrea campaña del terror en su contra”.

Por su parte, el parlamentario DC Manuel Antonio Matta manifestó que se debe cautelar el respeto por la titularidad sindical y que el derecho a huelga debe ser efectivo, no obstante deben establecerse de manera clara los servicios mínimos.

Además, dijo que los senadores de la Falange “estamos trabajando para consensuar una posición unitaria en el comité y aún queda tiempo para trabajar en esa línea, asegurando los principios básicos para el mundo de los trabajadores, tratando de fidelizar la relación con el proyecto de ley y también con los que son nuestros principios y aspiraciones como partido”.

En tanto, el PPD Eugenio Tuma señaló que es partidario de regular los servicios mínimos en una empresa antes de comenzar con una huelga, aunque descartó que con esto se busque legislar de manera soterrada la posibilidad de generar cualquier tipo de reemplazo al momento de ejercer este mecanismo de presión por parte de los trabajadores: “Una cosa es la huelga y otra cosa es la paralización de actividades que amenacen a la propia fuente laboral. Por eso hay que garantizar el buen uso de los instrumentos y velar porque, en aquellos casos en que se corra el riesgo de arruinar la fuente laboral de los propios trabajadores, se tienen que garantizar los servicios mínimos. Pero eso no significa reemplazo en huelga, por eso es que hay que medir qué es lo que queremos regular y lo que queremos regular es que la micro, pequeña y mediana empresa tengan un equilibrio de negociación con sus trabajadores, que es distinto del equilibrio que han de lograr los trabajadores con la gran empresa”.

El senador independiente Pedro Araya, cercano a la DC, coincidió con su par del PPD en el sentido de que es necesario definir con precisión qué se va a entender por servicios mínimos,y que la implementación de éstos sea determinado antes de comenzar la negociación colectiva entre el empleador y el sindicato: “En lo que dice relación con los servicios mínimos, hay que hacer una definición que sea mucho más acotada, que efectivamente permita establecer qué se va a entender por servicios mínimos de la empresa, así como también poder establecer la forma cuándo se determinan estos servicios. Yo soy partidario de que esto debe hacerse con anterioridad al inicio del proceso de negociación colectiva, de forma tal que empleador y trabajador tenga clara esa situación antes de empezar a trabajar”.

Desde la oposición, el senador RN Francisco Chahuán sostuvo que desde su colectividad presentarán una serie de indicaciones a la iniciativa, para lo cual esperan tener el patrocinio del Gobierno, siendo la idea de permitir el reemplazo en huelga con trabajadores internos de la empresa, uno de los puntos esenciales que buscan que se apruebe, así como la posibilidad del descuelgue sin estar supeditados a la decisión del sindicato.

En este sentido, Chahuán emplazó a que los miembros de la DC y del PPD, que se han manifestado abiertos a incorporar esta modificación al mecanismo de presión de los trabajadores, transparenten estas posiciones a la hora de votar las indicaciones después del 7 de septiembre: “Acá vamos a ver quién es quién, porque senadores de la DC, y algunos del PPD, han señalado en privado que estarían dispuestos a avanzar en un reemplazo con trabajadores internos en caso de huelga y también han sostenido que hay que diferenciar la situación de las mypes y las pymes de las grandes empresas. Esperamos que se cumpla la palabra empeñada y no ocurra como ocurrió, finalmente, en la Reforma Educacional, donde vimos que los senadores dijeron una cosa en privado y después terminaron alineados con el proyecto del Gobierno”.

Finalmente, el senador independiente pro Partido Radical, Alejandro Guillier, se refirió a los plazos para aprobar esta ley de manera definitiva, asegurando que lo más probable es que esta iniciativa deba ser vista por una comisión mixta de diputados y senadores, por un eventual desacuerdo entre ambas instituciones sobre las modificaciones que en la Cámara Alta le realizarán.

En este sentido, Guillier hizo un llamado a los ministros de Hacienda y de Trabajo a que dirijan el diálogo entre las partes para que el proyecto logre generar el mayor consenso posible: “A uno siempre le gusta sacar las leyes rápido, pero también hay que considerar que las leyes, por apurarlas, nos han salido bien pifiadas algunas, por lo tanto necesitamos ser cuidadosos. Creo que hay que escuchar a todas las partes, lograr el mayor consenso posible y después aprobar. Entonces si hay que escuchar más, trabajar más las indicaciones, me parece legítimo. Ahora, aquí va a ser clave el rol del ministro de Hacienda y de la ministra de Trabajo, de jinetear un proceso de diálogo entre las partes. Y por favor, menos prejuicios, si organizar un sindicato no es un enemigo de la empresa. Este es el único país del mundo que cree que un sindicato es un enemigo de la empresa”.

Tal como señala el senador Guillier, en la Cámara Alta se espera que modificaciones como el reemplazo en huelga con trabajadores internos de la empresa sea una de las indicaciones que cuente con los votos para ser aprobada, contraviniendo los deseos de los diputados, quienes anunciaron que no permitirán recortes a esta reforma, por lo que se augura un proceso legislativo prolongado para que se termine de aprobar esta iniciativa.





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