“Hoy el país es muy diferente al de entonces”. Las palabras son de la Presidenta Michelle Bachelet, a propósito de una nueva conmemoración del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y agrega: “Es un Chile que se construye desde los pilares de los Derechos Humanos y la común preocupación por el bienestar de sus ciudadanos”. ¿Diferencias en qué sentido? ¿A qué apunta la Mandataria?

Imposible soslayar el poder y los efectos que ha tenido la Constitución Política de 1980, diseñada a la medida de la dictadura cívico-militar. Además, diversas leyes creadas para perpetuar ideológica y económicamente el modelo neoliberal.

¿Se referirá Michelle Bachelet al traspaso de empresas públicas a manos de privados, muy cercanos a aquel régimen, por cierto? En suma, las cuestionadas “leyes de amarre” que han acompañado casi invariablemente al proceso de postdictadura.

¿Por qué se mantienen vigentes? Por supuesto que por restricciones constitucionales, por requerir de quorums altísimos, que consideran el voto favorable de los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. Pero también por un problema de voluntad política de los gobiernos de turno.

La misma voluntad política que no ha faltado para entregar la administración del mercado a las empresas transnacionales. Un escenario donde claramente quienes han impuesto su voluntad provienen del ámbito de los negocios.

El emblemático caso de Julio Ponce Lerou, el beneficiado yerno de Augusto Pinochet, que se enriqueció gracias al control que comenzó a ejercer sobre diversas empresas que pertenecían al Estado. Sólo 25 años después del término formal de la dictadura se vio obligado a desprenderse de ellas, por una investigación en su contra desde Estados Unidos.

La salud y las Isapres; las pensiones y las AFP; los bancos y diversos salvatajes económicos, como los otorgados al duopolio de la prensa escrita. Pero también para la proliferación y fortalecimiento de la educación privada, particularmente en el ámbito de la educación superior.

Igualmente en los ámbitos del mercado de la generación eléctrica, las empresas sanitarias y los puertos. Carta blanca para que las transnacionales no sólo aterrizaran en el país. También para que desarrollaran sus negocios sin mayores inconvenientes.

Las deudas de la “democracia”

“La agenda de Derechos Humanos todavía está pendiente en este Gobierno, particularmente con las deudas de las víctimas sobrevivientes y familiares de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura”. La reflexión de Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dista bastante de lo anunciado por Michelle Bachelet.

Por una parte, según la abogada, el programa de Gobierno avanza hacia temas que no se han planteado, mientras que por otro existen situaciones que se arrastran y que necesariamente dependen de una acción decidida de los poderes colegisladores.

Que las Fuerzas Armadas incorporen temas de memoria en su currículum de formación; levantar el secreto de los 50 años para que los tribunales de justicia, con la autorización de las víctimas, puedan conocer los antecedentes que existen en las carpetas investigativas; el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que Chile debe dejar de lado la Ley de Amnistía; lo mismo que para la Justicia Militar.

“Muchos de estos casos no requieren un quorum calificado. Me parece que en estas materias hay que someter las iniciativas al escrutinio público. La gran mayoría del país está por avanzar en verdad, justicia y reparación. Por lo tanto, lo que se requiere es voluntad política para llevar adelante, por parte de los poderes colegisladores, iniciativas en estas materias”, advierte.

En cuanto a la desmonumentalización, plantea que ha pasado suficiente tiempo para consensuar que en el pasado de violaron los Derechos Humanos y que en Chile hubo responsabilidad institucional al menos de las Fuerzas Armadas. “Esto significa que aquellos vestigios de conmemoración a personas o a fechas, que dan cuenta del inicio a una política de violaciones a los Derechos Humanos, debiera ser un gesto de las Fuerzas Armadas, en términos de removerlos de las dependencias castrenses”, concluye.

¿Un país tan diferente al de 25 años atrás? Si bien a principios de año se aprobó reemplazar el sistema binominal por otro de carácter proporcional, desde el propio Congreso critican que su esencia seguirá imponiéndose.

Transición: el verdadero pacto de silencio

En conversación con el programa Semáforo, el periodista Javier Rebolledo, a propósito de su reciente libro “A la Sombra de los Cuervos”, plantea que el cambio político y económico que se realizó en el país tiene que ver con un arreglo entre los grandes bloques, “justamente para no tocar ciertos temas y no denunciar otros”.

“Parte del gradualismo que estamos viviendo y el fin de la política de la retroexcavadora tiene que ver con las miserias de la Concertación, con el hecho de haber transado tantas cosas y también con no haber tenido la visión para saber con qué tipo de personas te asocias”, critica.

Por ello apunta a la llamada transición. “Personas como Enrique Correa o Eugenio Tironi negociaron prácticamente todo el sistema y cedieron todo. Dijeron ‘vamos a investigar algunas causas de Derechos Humanos y el modelo económico no lo vamos a modificar. ¿A cambio de qué? A cambio de que algo nos den’. Por ejemplo, el financiamiento en la política”.

En ese contexto, su diagnóstico es categórico. “Se llama transición. Ese es el verdadero pacto de silencio, el más grande. Pero el gran pacto de silencio lo realizaron los gobiernos de la transición fundamentalmente con los tecnócratas, que son las personas que realmente gobernaron el país. Augusto Pinochet lo gobernó desde un punto de vista, pero el área económica del país siempre estuvo a cargo desde la Armada, luego los “Chicago Boys” y la Universidad Católica. Finalmente son ellos los que se toman el gobierno”.

Su reflexión radica en que la Asamblea Constituyente o la forma que se determine para cambiar la Constitución tiene directa relación con las modificaciones que se han realizado en los planos de las AFP, educación, salud y reforma laboral, aspectos que precisamente se discuten hoy. “Hay que saber que esto no necesariamente tiene que ser para siempre, aunque así lo planteen los gobiernos”, sentencia.

La Constitución que se niega a morir

Desde el Congreso, el senador Alejandro Guillier apunta a la Constitución Política de 1980. “Diseñada y pensada para evitar su modificación”, reconociendo que “el problema está en que representa un modelo institucional autoritario, jerárquico y muy centralizado”.

Muy difícil de modificar por los altos quorum –agrega– y con mecanismos como la intervención del poder electoral, por ejemplo, a través del sistema binominal. También el Tribunal Constitucional, para interpretar toda reforma legal de acuerdo al espíritu constitucional. Asimismo, un manejo excesivamente autónomo de las Fuerzas Armadas para manejarse al margen de los poderes civiles.

Si bien reconoce que varias disposiciones se han ido modificando, particularmente respecto de las instituciones castrenses, también critica que nunca se investigaron las privatizaciones. “Pasaron de funcionarios públicos a transformarse en dueños de empresas del Estado, en procedimientos absolutamente espurios, con un daño feroz al patrimonio nacional”.

Sin embargo, el parlamentario se detiene en un particular decreto, con el que se encuentra el Presidente Patricio Aylwin al llegar a La Moneda. En él se establecía la inamovilidad de 35 mil funcionarios públicos. “Ese proceso de impedir el despido se ha mantenido incluso hasta tiempos recientes, donde algunos funcionarios deambulan, porque no hacen nada y no los pueden sacar”.

“Eso obligó a un pacto entre el Presidente Aylwin y el entonces senador Sergio Onofre Jarpa, quienes llegaron al acuerdo de no tocar la inamovilidad de esos 35 mil funcionarios, dejados como herencia del régimen militar, pero permitirle al gobierno democrático, por la vía de los honorarios y de las plantas paralelas, poder contratar funcionarios públicos. Esto llevó con el tiempo a que se produjo una situación absurda, y es que tenemos más funcionarios irregulares, fuera de la planta profesional, que funcionarios de planta”, lamenta Guillier.

En suma, alude a un país con un régimen democrático autoritario, cuyas formas de ejercicio del poder son muy opacas, como todo orden autoritario y jerárquico, donde se esconde la información y se toman muchas decisiones de manera oculta. “Por ejemplo, el financiamiento de las Fuerzas Armadas y la adquisición de armamento, a partir de la Ley Reservada del Cobre, que impide la fiscalización del Congreso”.

Efectivamente existe un consenso en que el país de hoy es muy diferente al de hace 25 años. Y también en que para profundizar en los cambios no todo depende de la redacción de una nueva Constitución Política. La voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo, así como una Asamblea Constituyente, ayudarían mucho.