El periodista Javier Rebolledo, en A la sombra de los cuervos, su último libro, detalla el rol cómplice de civiles durante la dictadura.

Se describen ahí casos como la masacre de Laja, donde 19 ciudadanos fueron desaparecidos luego de ser apuntados por sus jefes en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) –propiedad de la familia Matte–, y luego trasladados en vehículos de la empresa para ser asesinados en un fundo explotado; y por otra parte la familia Kast en Paine, cuyo patriarca y ex oficial nazi Michael Kast facilitó terrenos y maquinaria a comandos de exterminio.

El ex militante del MIR y actual director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, aseguró que para las víctimas del terrorismo de Estado, el carácter “cívico-militar” de la dictadura y el Golpe de Estado no es una novedad y detalló que esta relación se dio en tres esferas: comunicacional, judicial y empresarial.

“No podría haber existido una maniobra de ocultamiento sin la complicidad de la prensa de la época; no podría haber existido la indefensión de las víctimas que estábamos en las mazmorras de la dictadura sin un poder judicial que negaba los recursos de amparo; no podría haber existido la explotación, la miseria del pueblo de Chile, si no hubiesen existido industriales que financiaban los aparatos represivos que defendían los intereses de un sistema capitalista de desarrollo desenfrenado, que se defendía a partir de la dictadura”.

En efecto, Televisión Nacional (TVN) emitió un reportaje en que detalla los montajes que la cadena estatal montó en colaboración con la dictadura.

Sin embargo, para el abogado de DD.HH. Cristián Cruz el involucramiento de civiles se mantuvo enquistado en los poderes del Estado, incluso en el Ejecutivo, hasta el día de hoy.

“Por un lado, se está reconociendo la gestión en favor de la vida, del refugio de la justicia. Y, por otro lado, el Gobierno facilita la presencia de (Juan Emilio) Cheyre (a quien acusó de participar en la Caravana de la Muerte, en La Serena) como asesor en la Cancillería, facilita el nombramiento de embajador del señor (James) Sinclair, que sólo gracias al repudio de la comunidad chilena en Australia no fue nombrado, pero sí en otro lugar; o sea, no les significa un desprecio la participación y responsabilidad por actos cómplices durante la dictadura militar”, detalló.

El ex embajador y abogado de DD.HH Eduardo Contreras aseguró que la sensación de esclarecimiento de la responsabilidad de civiles en los crímenes de lesa humanidad tiene un correlato en la reactivación de causas en la justicia, como la querella interpuesta en 2013 contra ciudadanos que propiciaron el golpe, como el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, proceso reactivado este año.

“De algún modo se está reproduciendo la historia de Chile con argumentos serios, informes de la propia central de Inteligencia americana, declaraciones de investigadores como Peter Kornbluh. Por lo tanto, lo que se señala sí tiene asidero en la realidad, porque a la par de las publicaciones hay una retroalimentación y una relación dialéctica entre lo que periodistas y escritores plantean y lo que está ocurriendo realmente, objetivamente en el plano judicial”.

Este año el testimonio de la víctima del Caso Quemados Carmen Gloria Quintana generó revuelo y reactivó el interés de varios sectores por avanzar en verdad y justicia, pero por otra parte avanzan estos antecedentes que configuran la hora de los civiles de la dictadura.

Además de Edwards, por sedición se nombra a personas como Pablo Rodríguez Grez; y por encubrimiento al periodista Manfredo Mayol, comunicador vinculado a las autoridades de la Junta Militar y a la UDI (en la actualidad), además de reporteros como Ricardo Coya, ex integrante de la División de Ingeniería de la CNI, y hasta hace algunos años periodista en Radio Agricultura.

Respecto de la colaboración y posterior beneficio que recibieron grupos empresariales, están los antecedentes que apuntan a la Familia Matte y, además, el protagonista de una de las noticias del año, el ex yerno de Augusto Pinochet que se apropió de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, Julio Ponce Lerou.

Cercano a los Matte, hoy declaró ante la Justicia Roberto Izquierdo Menéndez, empresario y vicepresidente del diario Financiero, que acudió a la Corte de Apelaciones de Concepción para aclarar su participación en la desaparición de 19 trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y ferrocarriles del Estado (CMPC) en 1973.

Las investigaciones buscan determinar si el empresario sabia del paradero de los cuerpos de las víctimas que fueron encontradas seis años después de su ejecución en un predio de la forestal mininco.

Según dijo el vocero de los familiares, Emilio Araneda, a Radio Cooperativa, fue la declaración de un empleado de la época la que involucró judicialmente a Izquierdo Menéndez. “El supervisor, que es uno de los testigos que ya prestó declaración ante el ministro Aldana y ante la PDI, declara que él concurre a Concepción donde Izquierdo Menéndez era el gerente general de la parte de explotación forestal y le informa de los hallazgos”, afirmó.