El 28 de abril de este año, la Presidenta Michelle Bachelet anunció una agenda legislativa sobre probidad y transparencia. En ese mismo discurso anticipó la realización de un “proceso constituyente”.

En el primer caso, la “Comisión Engel” ya entregó sus propuestas, bastante postergadas según sus propios integrantes. En el segundo, el propio Gobierno confirmó su aplazamiento.

Tres semanas después de aquel anuncio, la propia Mandataria, en su cuenta pública ante el Congreso, reconocía que “todos deben participar en el diseño y aprobación” de la futura Constitución Política. Sin embargo, ninguna alusión a la Asamblea Constituyente. En su reemplazo, un “Acuerdo Político Amplio”.

En definitiva, conceptos como ciudadanía, participación, diálogos, debates, consultas y cabildos se repiten cada cierto tiempo entre las autoridades. Una nueva Constitución Política, cada vez menos. Asamblea Constituyente, prácticamente en el olvido, al menos en el caso del Ejecutivo.

Un anuncio más formó parte del discurso presidencial. “Para garantizar que las diversas expresiones de la sociedad civil aumenten su capacidad de representación, pondremos en funcionamiento el Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el transcurso del presente año”.

Desde el Gobierno, el director nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Camilo Ballesteros, aclara que el objetivo de este Consejo es diseñar las políticas públicas en torno a la participación ciudadana, además de realizar un seguimiento a cómo se implementan y ejecutan en el corto plazo.

Asimismo, reconoce que se trata de una instancia que depende directamente del ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz.

“La gente tiene ganas de participar y lo hace en bastantes espacios, tanto institucionales como no institucionales, pero sin duda que existe un desconocimiento. Justamente uno de los motivos de fomentar la educación cívica y ciudadana es para que la gente conozca sus derechos y sus deberes. Tenemos que seguir avanzando. Las políticas de participación pueden ser mejores”, afirma.

¿Otro anuncio postergado?

Si bien se anunció su creación, para lo cual incluso existe un decreto, dicho Consejo aún no tiene vida. Así lo revela la directora ejecutiva de la Fundación Pro Acceso, María José Poblete.

Y es que son diversas las instancias que se han creado para posibilitar la participación de la sociedad civil en los organismos públicos, a partir de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Sin embargo, ninguna es vinculante.

“La Ley 20.500 dispuso la participación ciudadana en los organismos de la administración del Estado a través de los Consejos de la Sociedad Civil. También una serie de mecanismos para pedir consulta pública de temas que son de interés general. Pero estos mecanismos son poco utilizados”, lamenta la abogada.

“La participación ciudadana es un tema que debería tener mayor relevancia en la agenda. Es uno de los pilares de una nueva forma de hacer gobierno, como se ha entendido, por ejemplo, dentro de la Agencia para el Gobierno Abierto, en la que Chile ha sido elegido recientemente como miembro del comité ejecutivo”. Una alianza internacional en la que participan más de 60 países.

Considerando que se entiende que la ciudadanía tiene que fiscalizar y la autoridad tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, se trata de “anuncios sumamente importantes a los que se les tiene que dar contenido. Si no es así, son inoficiosos. Por eso espero que el tema tenga una verdadera discusión”, exige María José Poblete.

“Si se escucha y se responde, si se da una respuesta consistente a lo que la ciudadanía opina, ya se tendría otro tipo de participación. Si al hacer la consulta pública la ciudadanía realiza comentarios, y luego se dan las razones de por qué se consideraron o no, en ese caso ya empieza a tomar otro carácter y empieza a tener más incidencia”.

A eso añade que “para que sea vinculante, es algo que tendría que ser estudiado y discutir cuál es el rol que le queremos dar a la participación”.

De hecho, para la abogada, el carácter vinculante de la participación ciudadana requiere de modificaciones mucho más profundas. “Una mayor vinculación corresponde a una nueva discusión, la que tendrá lugar cuando se discuta sobre una nueva Constitución”.

Un déficit del Ejecutivo

A propósito de su participación en la Mesa de Gobierno Abierto, de la que forman parte distintas organizaciones junto a representantes gubernamentales, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, recuerda que el Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil es un compromiso que figuraba en el programa de gobierno de la Mandataria.

“Fue anunciado el 21 de mayo por la Presidenta de la República, pero lamentablemente ha sido una implementación muy lenta. Incluso podemos decir que esto no existe. Si bien sabemos que las organizaciones vinculadas a la participación han estado en conversación con el Ministerio, aún no ve la luz”, explica.

Asegura que esto se suma a la lenta implementación que ha tenido la Ley 20.500, “donde efectivamente esta Ley de Participación Ciudadana ha quedado bastante relegada en su implementación y no ha sido lo que se esperaba que fuera”.

¿Es posible identificar alguna relación entre los niveles de interés y participación con el hecho de que ésta no sea vinculante? La respuesta de Precht es aclaradora.

“Existe una relación de causalidad mixta. Efectivamente hoy el tema de la participación ciudadana, en general, se ha enfocado mucho más en cómo se iba a realizar el proceso constituyente. Y ha ocurrido una especie de trampa de gatopardo, porque si bien se ha hablado mucho de participación ciudadana, al haber tanta incertidumbre sobre si habrá o no proceso constituyente, dado que esto se ha postergado varias veces, la implementación de otros mecanismos de participación ciudadana ha quedado relegado, porque los temas han sido otros”.

Y agrega: “En nuestro caso, en el tema de la transparencia, claramente con todo lo que ha ocurrido hemos ido relegando algunos temas. Pero por otro lado, el Gobierno y especialmente la División de Organizaciones Sociales, no ha cumplido a cabalidad su rol en esta materia. Y efectivamente en eso hay un déficit de parte del Ejecutivo”.

Las críticas apuntan al contenido de la Ley de Participación Ciudadana, por no contar con mecanismos que sean absolutamente vinculantes, dando paso a simples consejos consultivos. “En algunos casos puede existir la voluntad de las autoridades para tratar temas relevantes, con consultas públicas. Pero en otros uno siente que en estos consejos incluso se pierde el tiempo”, sentencia el director ejecutivo de Chile Transparente.