En la actualidad, la desnutrición infantil carcome casi al 65% de menores de 5 años de edad. Cercano al 60% de la población total sobrevive bajo la línea de la pobreza. El analfabetismo, según datos oficiales, mantiene en la oscuridad casi al 30% de la población total. Estos datos estadísticos trepan hasta casi el 90% en territorios con población mayoritaria indígena. El racismo no sólo está legalizado e institucionalizado, sino que en la cotidianidad es casi una “normalidad” premiada.
El promedio de asesinatos violentos registrados bordea entre 20 y 25 personas por día. Sin contar a los heridos que mueren, ni a los que perecen por enfermedades curables. Según Banco Mundial, Guatemala se constituye en el país más rico de Centro América con “sus” más de 53 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto (PIB) registrado.
En lo económico el país fue y es agrícola. Durante la Colonia española predominó la hacienda agrícola. Durante la Colonia inglesa y republicana predominó la finca. En la actualidad, régimen colonial euronorteamericano, predominan las fincas de monocultivos que proveen de materia prima a las agroindustrias para la exportación. La cantidad de familias que controlan la banca, comercio nacional e internacional, comunicación, agroindustria y transporte no superan la docena, respaldadas con inversiones extranjeras.
La economía oficial del país, en las últimas décadas, no ha sufrido desajustes o desplomes significativos gracias a la inyecciones millonarias de circulantes frescos no declaradas que realiza la industria del narcotráfico. Además de los millones de dólares de remesas provenientes de guatemaltecos en los EEUU. (las remesas representan entre el 11 y 13% del PIB).
El trabajo sumergido (condiciones de semi esclavitud) de indígenas jornaleros en las fincas, como complemento a la tenencia y acaparamiento de tierras para monocultivos, y el despojo violento de territorios ancestrales de pueblos nativos para la extracción de minerales, junto a la industria del narcotráfico, son algunos elementos fundamentales de la boyante economía neoliberal en Guatemala.
La Guatemala que no pudo ser
En lo político, Guatemala no ha podido cuajar, ni como una comunidad política imaginada (nación), ni como una sociedad jurídica y políticamente organizada (Estado de Derecho).
La coexistencia de diversos pueblos que se desconocen-excluyen-marginan entre sí, sin que exista un proyecto de país compartido. El sistemático desprecio a la vida (asesinatos) que desintegran violentamente a las sociedades guatemaltecas. La permanente violación/postergación del resto de derechos de las grandes mayorías. La ausencia del monopolio de la fuerza para el ejercicio de la violencia por parte del Estado, que deja grandes bolsones geográficos y sociales bajo el imperio impermeable del crimen organizado. El sistemático incumplimiento de los acuerdos internacionales que hace el Estado. Y, la infiltración del crimen organizado hasta en las estructuras más altas de las instituciones públicas, entre otras, afianzan la sospecha cada vez más generalizada de: “en Guatemala se subsiste sin Estado de Derecho, y sin conciencia/identidad de nación”.
Esta crisis sistémica en la organización política y jurídica del país es la materialización de la derrota intelectual y moral de las élites de poder que intentaron imponer la construcción del Estado nación mestizo, de arriba hacia abajo, con la finalidad de blanquear y ladinizar a toda la población para aparentar “modernidad”. Este intento de construcción del Estado nación a la “mexicana” jamás funcionó. Los diferentes sectores sociales de la población subsiste habitados por una creciente ausencia de sentido y anomia política.
Frente a esta situación, lejos de mirar a las raíces del problema, los ricos, articulados en el Comité Coordinador de las Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y la Embajada norteamericana, intentan tranquilizar a la población intranquila con viejos performances de democracia electorera que rayan en lo ridículo.
Performance electorera para “garantizar” la Alianza para la Prosperidad y la recuperación de la hegemonía norteamericana en América Latina
Ante la creciente insubordinación política de los pueblos en Latinoamérica, el incontenible avance “comercial e industrial” chino y ruso en la región, y los consensos sin Washington que pujan desde Suramérica, le preocupa de sobremanera al gobierno de los EEUU., quien no desea beber el trago amargo de la “imprudencia” cubana del siglo pasado extendida a varios países de la región en el presente.
Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, etc., despertaron y se insubordinaron del Imperio norteamericano mediante la transición de las democracias electoreras neoliberales, hacia el ejercicio de democracias participativas. Fueron los recargados impactos negativos del sistema neoliberal que obligaron a estos pueblos a continuar con sus procesos libertarios de emancipaciones inconclusas. En Guatemala, la resistencias comunitarias a los violentos abusos neoliberales van tensando los nervios. Y es esto lo que le preocupa a los ricos del país, y al gobierno de los EEUU.
Desde el año 2008, está vigente el Tratado de Libre Comercio entre EEUU., Centro América y República Dominicana (CAFTA) con resultados socioeconómicos deprimentes para países como Guatemala. Es más, en este período del NAFTA, la violencia, la inseguridad, el empobrecimiento y el narcotráfico se dispararon como nunca antes, y la población comienza a incomodarse.
Para evitar una revuelta democrática de los marginados (al estilo de algunos países de Suramérica), y para salvar su proyecto geopolítico venida a menos en la región, el gobierno de los EEUU. ideó diversos planes con promesas de desarrollo social. Uno de esos planes es la Alianza para la Prosperidad (AP) en “beneficio” de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) que promete frenar la violencia criminal de la narco actividad y maras (mediante la remilitarización en curso) y prevenir la estampida riesgosa de la juventud centroamericana hacia los EEUU. (mediante programas de educación/ocupación juvenil). Para esta Prosperidad, el Presidente Obama prometió mil millones de dólares, cuya aprobación se tramita en el Congreso norteamericano.
Lo que no se dice de esta Alianza es que será de Prosperidad para los consorcios de corporaciones comerciales y financieras extranjeras, porque la mentada Alianza contempla construcciones de grandes infraestructuras como el gaseoducto entre México y Guatemala (que hará fluir el gas fracking proveniente de los EEUU., pasando por México, hacia Centro América).
Además, esta Alianza es para complementar/acelerar los proyectos camineros, energéticos, agrícolas y comerciales del Proyecto Mesoamérica (ex Plan Puebla Panamá) que articulará con la “autopista” continental de la añorada Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Con esta perspectiva se impusieron leyes y políticas públicas como la famosa Alianza Público Privado (APP) en diferentes países de la región dóciles a los intereses norteamericanos.
En los últimos meses, para distraer la atención y desinflar la tensión social generada por los recargados impactos de los violentos abusos del saqueo neoliberal, el gobierno de los EEUU. y el CACIF montan la “lucha contra la corrupción” y “elecciones transparentes” para cambiar al “gobierno corrupto” de Otto Pérez Molina, como si esta lacra fuese una excepción en la región o en la historia de Guatemala.
No es la corrupción pública. Son los intereses norteamericanos y el control de la industria del narcotráfico
Si bien el sistema neoliberal desarticuló casi todos los esfuerzos organizativos gremiales, sindicales, indígenas, campesinos, etc., e instaló en el inconsciente colectivo el “desánimo por nuevos horizontes”, borrando incluso las fronteras ideológicas entre derecha e izquierda. Sin embargo, la resistencia a la nueva era bicolonial (extranjera y estatal) se acrisoló en las comunidades indígenas/campesinas que soportan la violencia socioambiental del extractivismo.
En el último decenio neoliberal, las resistencias comunitarias a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, prácticamente se convirtieron y “se expanden como cáncer”, en palabras del ex Presidente Otto Pérez. Este bumerán neoliberal activó el miedo atávico que habita al rico frente “al indio que amenaza con bajar de las montañas”. Y mucho más, ante la posibilidad que se articulen con indignados inquietos de las ciudades para armar “revueltas democráticas” al estilo de algunos países del Sur. Esto es lo que atemoriza a los ricos y a la Embajada norteamericana.
Otro “enemigo identificado” por la rústica oligarquía y la Embajada fue y es la emergencia de los nuevos ricos dinamizados por la industria del narcotráfico. Hasta hace algunas décadas atrás, esta lucrativa industria ilegal, estaba monopolizada por los agentes estatales norteamericanos y el consorcio transfronterizo de los ricos tradicionales.
Con la ampliación del mercado norteamericano para la cocaína, emergieron nuevos carteles y actores que disputan el monopolio tradicional en este negocio. Y, la respuesta norteamericana, para controlar el flujo del cargamento de la droga hacia el Norte y el negocio de las armas hacia el Sur, fue la remilitarización del Triángulo del Norte (hasta convertirlo en el triángulo de la muerte).
A las resistencias comunitarias, y a la disputa emergente del monopolio de la droga, se sumó la desobediencia del General (R) Otto Pérez Molina (ex militar anticomunista y genocida, prohijado por el gobierno norteamericano) quien en “ejercicio democrático de la Presidencia” desobedeció y contradijo a los intereses de los EEUU. Pérez se atrevió incluso a plantear, en foros intergubernamentales, la legalización de la cocaína (final del monopolio norteamericano). Además de no seguir otros designios del gobierno yanqui (sobre todo en asuntos judiciales).
Entonces, ya no sólo peligraba la implementación nacional y regional del ambicioso Proyecto Mesoamericano-IIRSA (implementado en Guatemala mediante AP y APP), sino también el monopolio norteamericano sobre la industria del narcotráfico.
En este contexto, CACIF y la Embajada ensayan el circo mediático de la destitución del gobierno corrupto de Otto Pérez Molina, y elecciones “democráticas” para evitar que el narcopolítico Manuel Baldizón llegue a la presidencia. Este nuevo rico emergente no proviene del prestigio “abolengo”, y no está dispuesto a obedecer Ley o intereses superior alguno.
Financiamiento de la CICIG y su oportuna lucha contra la corrupción
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2007, nace en el marco de los contenidos de los Acuerdos de Paz (1996).
En sus 8 años de vigencia, esta entidad no ha tenido mayores resultados en la lucha contra la impunidad. Aunque en Guatemala, la corrupción y la impunidad no sólo alcanzan al desfalco o robo de bienes públicos, sino también a delitos como el genocidio reciente contra los pueblos mayas (finales del siglo pasado). Pero estas y otras conductas antijurídicas son premiadas con la impunidad.
La CICIG, para el 2015, tiene un presupuesto total superior a 14 millones de dólares. De los cuales, más de 7 millones proviene del gobierno norteamericano. Es más, abiertamente EEUU., mediante su vicepresidente J. Biden (en Guatemala, mes de marzo), exigió la prórroga del período de funciones para la CICIG, y condicionó el envío de los mil millones de dólares para la prometida Alianza para la Prosperidad a dicha prórroga. Para entones, Otto Pérez ya había anunciado cerrar la CICIG bajo la retórica de: “Lo que no hizo en 8 años, no lo hará en meses”.
En abril del presente año, la CICIG activa la histórica indignación de la Guatemala urbana con la captura de cerca de 20 funcionarios y ex funcionarios del Ejecutivo, integrantes de una red criminal que desviaba fondos fiscales. Desde el inicio de estas heroicas acciones se apuntó toda la artillería mediática hacia el binomio gobernante:
Roxana Baldetti (vicepresidente) y Otto Pérez Molina (Presidente). “Que renuncie el gobierno corrupto”, fue la consigna multitudinaria de los sábado que sacudió y capturó la atención nacional e internacional.
La primera movilización contra la corrupción fue el 25 de abril, le siguió la de 16 de mayo.
Por cerca de cuatro mese se unieron, sin encontrarse, el campo y la ciudad movilizada, bajo la misma consigna. Ricos y pobres ocuparon las plazas, incluso bajo la lluvia, exigiendo la cabeza del “criminal” principal. Aunque casi nadie se acordó de la existencia y culpabilidad de empresarios corruptores asociados en el CACIF.
El mensaje mediático contundente (monopolizado por el CACIF) fue: “Guatemala está indignada con la corrupción. Necesitamos un nuevo gobierno que no sea corrupto”.
Mientras tanto, la fecha programada para las elecciones generales del 6 de septiembre se acercaba sin que ni la Embajada, ni el CACIF, pudiesen hacer retroceder al narcopolítico Baldizón que desde hace meses ya cantaba victoria como próximo Presidente. El país ya estaba pintado de rojo (color del partido de Manuel Baldizón). Fue entonces que la CICIG denunció los narco vínculos del candidato a vicepresidente de Manuel Baldizón y cinco de sus diputados. Y, los medios corporativos hicieron de Baldizón (favorito precoz) el “político más indeseable y corrupto en la contienda”.
El 17 de mayo, al siguiente día de la apoteósica segunda movilización de indignados sin propuestas, ni opciones políticas, los medios corporativos anuncian la candidatura a la presidencia de un humorista bajo la consigna de: “Ni ladrón. Ni Corrupto”. Era Jimmy Morales, candidato del partido político militar Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación), partido fundado, en 2008, por la Asociación de Veteranos Militares (AVEMILGUA), los más retrógradas, genocidas y racistas que existe en el país.
Jimmy Morales, de origen humilde, se hizo famoso en el país con su programa humorístico “Moralejas” en la TV de señal abierta por casi dos décadas. No había ocupado ningún cargo público de elección popular. En este sentido era nuevo, pero casi nadie le prestó atención a la naturaleza del partido político FCN-Nación, ni a la lista de candidatos de ex militares propuestos para diputados, ni a los antecedentes criminales de éstos. No hubo tiempo, ni oportunidad. La población estaba “borracha” con el teatro de la “destitución/renuncia-enjuiciamiento” del gobierno corrupto de Otto Pérez.
Así llegó el 6 de septiembre, día de las elecciones. Las y los electores aún estaban ebrios con la “victoria popular” que “descabezó” al gobierno que había desviado el botín de la corrupción. Aunque en la audiencia pública, ni Ministerio Público, ni la CICIG, quisieron o pudieron mostrar evidencias probatorias convincentes contra Otto Pérez por los delitos imputados.
Los militares-CAFIC y la Embajada, lograron que Jimmy Morales, con apenas 90 días de campaña electoral, ocupase el primer lugar en las contiendas electorales de la primera vuelta, “cosechando” (en especial) los votos de la conciencia juvenil de anticorrupción.
Para octubre próximo está programada la segunda vuelta electoral para elegir al Presidente de la República. Sandra Torres, que cogobernó con Álvaro Colom (su ex esposo), entre 2007-2011, conocida en segmentos populares por su sensibilidad social, no cuenta con la aceptación abierta del CACIF. Es más, los medios corporativos activaron en la citadinidad un síndrome antisandra en el electorado. Finalmente, Guatemala deberá escoger entre Morales (que representa al sector más reaccionario del CACIF) y Torres (que representa los intereses de los nuevos ricos emergentes). Entre el rostro oculto de ex militares genocidas y el rostro de una mujer blanca “decidida a ser Presidenta”.
Hipotéticos escenarios sociopolíticos que provendrán
Como se indicó en párrafos anteriores, las causas que generan el malestar, tanto en la Guatemala urbana como en la rural, no son únicamente asuntos coyunturales que pueden ser resueltos mediante procesos electorales formales, en el marco de la democracia representativa agotada. La violenta inseguridad, la desigualdad y la miseria, la estampida migratoria hacia el Norte, la emergencia de micro narco estados en el territorio nacional, conflictos socioambientales, etc. continuarán su curso sin mayor cambio.
Sea Morales o Torres quien gane la presidencia en la segunda vuelta, en octubre próximo, tendrá un escenario social en creciente y permanente convulsión social, en especial desde las comunidades en resistencia, porque el sistema económico de despojo violento continuará avanzando hacia los territorios indígenas. Es más, la supuesta “victoria popular” que hizo rodar las cabezas del binomio Otto Pérez-Roxana Baldetti, deja un precedente en la conciencia colectiva popular de: “Si pudimos sacar a un General del Ejército, por qué no podemos hacerlo con un comediante o con una mujer”.
La corrupción en la administración pública no se resuelve destituyendo o encarcelando gobernantes. Se requiere implementar mecanismos directos de participación popular para el control social y sanción política sobre los gobernantes. Esto implica transitar de la fracasada democracia representativa hacia procesos de democracia participativa. Es decir, devolver el poder de decisión al pueblo. Y, esto, en un país racializado como Guatemala, es difícil que ocurra en lo inmediato. Por tanto, la corrupción pública seguirá operando con o sin redes criminales desde Estado.
Muchos/as indignadas en las ciudades, por más que a posteriori se den cuenta del “circo político electoral” al que lo “encaminaron”, se desmovilizarán. Aunque sí habrá células de indignados con intenciones de continuar en acciones colectivas, y vigilantes de la función pública, por más que los medios corporativos ya no los convoquen a ocupar las plazas y calles.
Políticamente tendría mejor escenario Sandra Torres para lidiar con procesos de desestabilización por conflictos sociales al contar con una estructura orgánica a nivel nacional. Morales, sin estructura partidaria, sin diputados suficientes en el Congreso de la República, con su imagen mediática de humorista, tendrá más dificultades en un país donde se acaba de sentar antecedente de descabezar a un gobierno de ex militares.
