Su foco económico está puesto ahora en la reforma laboral, la que podría romper el dominio absoluto que nuestros “emprendedores” financiados por las AFP han tenido sobre sus trabajadores por más de tres décadas. El caso del bono de 6,3 millones a los empleados sindicalizados del Banco del Estado que suman casi 98 por ciento de toda la fuerza laboral de esa institución, les vino a dar el ejemplo perfecto del derrumbe económico que se avecina si los trabajadores adquieren más poder.

Si uno coloca hoy “bonos millonarios” en Google Chile, encontrará principalmente el caso del Banco del Estado. Pero no los bonos millonarios –en dólares y no pesos chilenos– que reciben los ejecutivos de las grandes empresas chilenas. Por ejemplo, el ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, recibió en 2014 un bono de 621 millones de pesos. Eso al margen de su remuneración mensual líquida de poco más de 43 millones de pesos.

Que una cajera sindicalizada del banco reciba algo más de 6 millones de pesos, a cambio de aceptar un contrato laboral que no cambiará en tres años, es un escándalo para la derecha. Pero que un ejecutivo de una minera involucrada en delitos tributarios y en un esquema de financiamiento ilegal de la política reciba literalmente cien veces más en un solo año es normal.

El argumento que se ha escuchado una y otra vez en estos días es que ese bono a los trabajadores corresponde a más de 50% de las utilidades del banco, lo que, de haber sucedido en el mundo de la empresa privada, llevaría inmediatamente a la quiebra de la compañía. ¿De verdad? Roberto de Andraca y otros grandes ejecutivos de la CAP llevan varios años auto-pagándose jugosos dividendos, tal vez intuyendo que la otrora mayor empresa de acero del país está a punto de quebrar. Hace unos pocos años, el Grupo El Mercurio anunció a sus empleados que no habría repartición de utilidades porque había sido un año difícil para la industria. Cuando el sindicato descubrió que Agustín Edwards, el dueño del conglomerado medial, se había comprado un helicóptero nuevo a cargo de las ganancias de ese año de la empresa, amenazaron con una huelga. Al final, Edwards echó pie atrás y distribuyó las utilidades correspondientes.

Detrás de todo esto hay una verdad simple, pero que pocos se atreven a verbalizar. En Chile manda el capital, o mejor dicho, los dueños del capital. El resto de la población importa poco. Tal vez nadie haya descrito mejor esta relación asimétrica que el banquero Augusto Matte. “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible, ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”, afirmó. Lo dijo en una entrevista el año 1892, poco después del derrocamiento del Presidente Manuel José Balmaceda. O sea, en un siglo y medio no hay nada nuevo bajo el sol que brilla sobre Chile.

En temas internacionales, la contundente derrota de la diplomacia chilena en la corte internacional de La Haya es otra muestra de cómo opera nuestra derecha permanente. Ellos se acuerdan de la patria y levantan las banderas nacionalistas cuando les conviene. La soberanía de nuestro país sólo se vuelve sagrada cuando un presidente indígena de Bolivia –y para más remate de izquierda– osa ponerla en duda. Que siete grandes familias con grandes intereses pesqueros sean, en efecto, dueñas del mar de nuestro norte no es un problema soberano. Tampoco que gran parte de la minería de esa región norteña esté en manos de capitales privados extranjeros y nacionales.

Para la derecha permanente la soberanía se relaciona con su bolsillo, con su derecho a rentar de manera eterna y constante con los recursos naturales que, en el fondo, deberían pertenecer a todos los chilenos. Pero como también son los dueños de los grandes medios de comunicación venden a todos los compatriotas la idea ficticia de la soberanía basada en líneas geográficas y no en líneas de negocios. De ahí el titular de ayer en El Mercurio que aseguraba que más de 80% de los encuestados estaba en contra del fallo de La Haya. Y, de paso, el diario se olvida mencionar que uno de los principales promotores e impulsores del Tratado de Paz de 1904 con Bolivia fue Agustín Edwards Mac Clure, abuelo de nuestro actual Agustín. Nuevamente, nada nuevo bajo el solchilensis.

En medio de esta vorágine política que ha sido el año 2015, hemos sido testigos de un fenómeno extraño pero también típico de nuestro país: en Chile tienen que renunciar a sus cargos los que deberían ser promovidos, pero se quedan los que deberían renunciar.

Al final, y una vez más, la derecha permanente parece haber ganado la gran batalla por definir el alma de Chile.

El año pasado fue capaz de instalar el tema de que la reforma educacional afecta a la clase media. Este año impulsó, con éxito, la noción de que tantas reformas simultáneas afectan el crecimiento del país. Y ahora afirma que la reforma laboral, la delincuencia y los ataques de Evo Morales (nótese, todos temas ligados al progresismo) tienen a nuestro país de rodillas.

La derecha permanente chilena ha sido prolija en ejecutar lo que el ex ministro de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, afirmó en 1942: “A la larga, sólo el que sepa reducir los problemas a su término más simple logrará resultados a la hora de influenciar la opinión pública”.