Más de 130 mil millones de pesos considera el proyecto de presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Codepu), cifra que representa un incremento aproximado del diez por ciento con relación a 2015. El dinero se destinará a cuatro áreas: Fondo de Tierras, Fondo de Desarrollo Indígena, Fondo de Eduación y Cultura y el Programa Chile Indígena.  Además, se destinarán fondos para impulsar programas de apoyo a la mujer y al nuevo turismo indígena.

Las cifras fueron bien acogidas por el Director Nacional del organismo, el PPD Alberto Pizarro Chanilao, quien afirmó que la Conadi podrá seguir trabajando a un buen ritmo en 2016.

El director añadió que con este incremento se podrá mantener el ritmo de ejecución presupuestaria, con algunos énfasis que tienen que ver con el fondo de desarrollo en particular, como programas de apoyo a predios adquiridos y, en caso de Cultura y Educación, la revitalización de lenguas de los nueve pueblos originarios de nuestro país.

Sin embargo, uno de los puntos preocupantes es la ejecución del presupuesto actual. Mientras Pizarro aseguró que alcanzarán a invertir todo el dinero asignado, que en el desglose significa que un 51 por ciento del presupuesto general ya se ocupó, que hay un 29 por ciento comprometido y que el 20 por ciento restante correspondería a “las últimas negociaciones de tierras”.

Los funcionarios difieren del optimismo expresado por el Director. Sandra Marín, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios (Anfuco) afirmó que, en especial el ítem exclusivo de tierras ha sido ejecutado sólo en un 42 por ciento, y advirtió que hay retrasos administrativos.

Esto porque hay gran parte de la ejecución que tiene que ser visada por la Contraloría General de la República. “Hasta este momento, la Contraloría tampoco está dando abasto para responder y enviar las carpetas para ver si hay o no observaciones”, sostuvo.

Por otro lado, Ana Llao, Consejera de la Conadi electa por el pueblo mapuche, afirmó que la amenaza de sub-ejecución en materia de tierras no es el único reparo, sino también los protocolos, así como las políticas y mecanismos para su adquisición.

“Tenemos dos miradas diferentes. Me imagino que el Director está dando a conocer una muy buena evaluación desde el punto de vista de la ejecución o del trabajo que él ha realizado, en consecuencia que las comunidades están señalando otra cosa”, afirmó.

En ese sentido, recordó la toma que realizaron más de diez comunidades del servicio y que se extendió por casi un mes. Uno de los temas por los que protestaban los dirigentes era por la burocracia que se ha ido incrementando: “Han tenido que esperar años para poder acceder a las tierras reclamadas. A estas alturas los dirigentes se aburrieron de la institucionalidad entre comillas”, dijo.

Con “institucionalidad entre comillas” la dirigenta se refirió a otras críticas de fondo a la estructura estatal, como el operar bajo una lógica de restitución de tierras sometida al mercado y que no contempla el uso ancestral del territorio, la existencia de una institucionalidad para representar a los pueblos originarios que nació inconsulta y la persistencia del Estado chileno de no reconocerlos constitucionalmente.

A eso suma la militarización y las situaciones de violencia, particularmente en el sur del país, las que, afirmó, se agravan día a día.