En julio de 2006, cuando cumplía cuatro años como Contralor General de la República, Gustavo Sciolla Avendaño renunció al cargo. Las diferencias y desacuerdos políticos se tradujeron en que el nombramiento de su sucesor se prolongara por nueve meses.

Finalmente, y luego que el primer candidato de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, el abogado Pablo Ruiz-Tagle, fuera rechazado por el Senado, el 10 de abril de 2007 el abogado Ramiro Mendoza Zúñiga se convirtió en el nuevo Contralor.

Tal como ha ocurrido con diversos temas durante el periodo de la postdictadura, la Concertación y la Alianza llegaban a un acuerdo. Las negociaciones estuvieron a cargo del ministro de la Segpres José Antonio Viera-Gallo.

Pero esto implicaba una condición: los parlamentarios de la UDI y RN darían sus votos para eliminar el sistema binominal. Sin embargo, no ocurrió así. El contralor se mantuvo en su cargo durante ocho años. El binominal recién fue derogado en 2015.

Hace seis meses que el cargo de Contralor se encuentra vacante, cuando el 10 de abril Ramiro Mendoza, el mismo que generó más de un dolor de cabeza a los gobiernos de turno, cesó en sus funciones.

Hoy, recientemente nombrado como integrante del equipo de defensa de Corfo, en el litigio que mantiene contra SQM, ha defendido la postulación de Enrique Rajevic. “A lo mejor yo tengo tejado de vidrio. Cuando llegué, que se me tildaba que era tan de derecha, había sido asesor de unos siete u ocho ministerios”.

Y al igual que Mendoza en su momento, la situación de Rajevic no solo es incierta. También la de quienes lo proponen para el cargo.

La decisión del Ministro del Interior, Jorge Burgos, de no ceder en su objetivo, le ha generado otro gran problema al Gobierno. Su desesperado trabajo para reunir los votos necesarios para elegir a su candidato requerirá de un esfuerzo mayor. Al igual que en 2007, la negoción política deberá satisfacer a los detractores y ofrecerles algo a cambio.

Un acuerdo con quienes estén dispuestos a ceder podría trascender al solo nombramiento de Enrique Rajevic. Y es que en paralelo también se negocia la elección del nuevo Fiscal Nacional. De hecho, será el mismo día, el próximo 14 de octubre, cuando el Senado deba manifestarse por los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo.

¿Contralor por Fiscal Nacional?

Varios de los senadores desmienten que existan tales negociaciones. Sin embargo, hay otros que plantean lo contrario. El independiente Pedro Araya, por ejemplo, ha reconocido que es un tema que se ha conversado dentro del Congreso. Sin embargo, su planteamiento es que son temas que deben tratarse como cuerdas separadas.

El nombre de consenso para el nuevo Fiscal Nacional sería el de José Morales, actual fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte. La máquina negociadora ya está en marcha. Esta vez, el acuerdo se cerraría entre la Alianza y la Nueva Mayoría.

“Es un cargo con mucha relevancia y con un gran poder”, reconoce el senador Antonio Horvath respecto del Contralor. Por ello, advierte que se requieren modificaciones de fondo, de manera que la institucionalidad no dependa en tan alto grado de la persona que ocupa el cargo.

Y es que las presiones políticas que surgen cada vez que se trata de reemplazar a un funcionario como éste, son evidentes. “Creo que no es bueno que la definición de un cargo de Contralor sea motivo de otras negociaciones, que no es lo que está ocurriendo hoy. Se ha superpuesto la elección del Fiscal Nacional, pero no es una carta de ajuste, por así decirlo, bajo ninguna manera”, aclara el parlamentario.

Además, no oculta su incomodidad de que el nombre de Rajevic no haya sido evaluado en forma previa dentro del Senado.

Las críticas apuntan a la falta de negociaciones, antes de que se conociera el nombre del candidato del Gobierno, lo que sorprendió a muchos.

Por ello, asegura que junto a otros senadores independientes, como Lily Pérez y Alejandro Guillier, con bastante anticipación han propuesto otros nombres que también cumplen los requisitos que exige el cargo. Nombres en los que insistirán, a pesar de las negociaciones que mantienen desde el Gobierno. Por ejemplo, los académicos Juan Carlos Ferrada o Jorge Bermúdez.

“Los poderes del Estado deben buscar los equilibrios, por lo que las fiscalizaciones son mutuas. Es importante que el Contralor sienta que es un cargo fiscalizable. Se puede estudiar una fórmula que no dependa de acuerdos ‘políticos’ puntuales. Estos tienen sentido en la medida que la persona tiene que dar garantías de independencia de un determinado sector. Para eso se entienden los quorum. Pero hay que tener cuidado de que no sea solamente ese el factor”, concluye Horvath.

Reuniones entre senadores y candidatos

“En perspectiva histórica, sus nombramientos siempre han sido motivo de polémica”, recuerda el académico Sergio Micco, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, a propósito de las dificultades que suelen surgir en torno a la elección del Contralor General.

Por ello, considera como un buen método que el Ejecutivo envíe un nombre que sea aprobado con un quorum calificado en el Senado. “Cualquiera que sea el procedimiento para su elección, siempre será muy complejo”, sentencia.

Y es que las negociaciones políticas siempre existirán, por lo que para Micco lo esencial es realizarlas de buena manera, donde los nombres sean intachables.

¿Corresponde negociar el nombramiento de Rajevic a cambio de un Fiscal Nacional que no priorice las investigaciones de los casos Penta, SQM y Corpesca? “Entrar a negociar otras reformas o cuestiones adyacentes al Contralor está muy mal, porque la Contraloría cumple una función central en nuestra democracia, específicamente respecto de la Constitución y las leyes”, responde el académico.

En ese contexto, asegura que se trataría de una negociación completamente censurable. “Censurable por un doble motivo, porque son cargos de tal importancia, que el nombramiento de estas personas solamente pueden tomarse en consideración en la función en sí misma, como el Fiscal Nacional del Ministerio Público y el Contralor. Todo lo demás hay que aislarlo”.

En segundo lugar, se detiene en las señales que puedan dar la Presidenta de la República y el Senado. “Son súper importantes para ver si legitimamos nuestras instituciones políticas o seguimos con esta crisis de confianza. Así es que ligar los dos nombramientos me parece pésimo. Como me parece pésimo también que aparezcan parlamentarios teniendo reuniones particulares con algunos candidatos a Fiscal Nacional del Ministerio Público. Eso solamente va a aumentar la desconfianza en las instituciones. Si atacamos la independencia del Ministerio Público, la señal es pésima”.

Mayor injerencia de la ciudadanía

“La participación ciudadana en estos procesos está prácticamente ausente”, asegura el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht.

“En el caso del Fiscal Nacional, por lo menos uno puede escuchar las audiencias públicas, pero no mucho más que eso. En el caso del Controlar, ni siquiera eso. Un trabajo prelegislativo que hace el Ejecutivo por sí solo. Y hemos visto esta larga agonía que nos tiene sin Contralor por varios meses. Sin dudas que habría que cambiar el mecanismo. Debería abrirse a mecanismos de participación ciudadana, incluso en la proposición de determinados nombres, para que al menos sean considerados por la autoridad”, exige.

La propuesta de Precht radica en que la ciudadanía pueda participar en la proposición de ternas o quinas de candidatos. “Por qué no puede ser que, por ejemplo, los Consejos de la Sociedad Civil tuvieran mayor injerencia en cómo se consultan los nombres”.

Incluso, apunta a la posibilidad de que la Corte Suprema también pudiera decir algo en la elección del Contralor, como ocurre con el nombramiento del Fiscal Nacional.

Los debates que han surgido en torno a estos dos nombramientos son la base para estudiar nuevas posibilidades. “Tal como se eligen los integrantes del Banco Central, que tiene grados de autonomía importante, es una fórmula que hasta la fecha ha funcionado bien, por lo que no hay que cerrarse a eso”, propone el senador Horvath.