Una de las preocupaciones que se mantienen sobre el proceso constituyente que anunció la Mandataria se relaciona con su propia implementación.

Para esto el Gobierno convocó a los partidos y movimientos de la Nueva Mayoría, la Coalición Avanza Chile y otros como Revolución Democrática y el Partido Progresista (PRO) para clarificar el itinerario que se planteó.

Casi transversalmente los distintos representantes valoraron que el anuncio del Gobierno convoque sin imponer y mantenga distintas alternativas abiertas.

La presidenta del PRO, Patricia Morales, expresó que se mantienen dudas sobre la primera etapa de educación cívica y cabildos y cómo esto se implementará. Pero además subrayó que esto debió haber comenzado por un plebiscito vinculante.

“Lo positivo es que la Asamblea Constitucional pasa a ser un mecanismo validado institucionalmente. Ya dejamos de fumar opio y eso es un gran avance. Evidentemente yo hubiese preferido un proyecto de ley que exclusivamente hubiese planteado la reforma para tener un plebiscito, y que en base a ese plebiscito la ciudadanía hubiese elegido qué mecanismo tener. Pues si tengo un problema de legitimidad con el actual Congreso, es difícil entonces que el actual Congreso decida suicidarse y decirle a la ciudadanía tomen ustedes el poder y elijan ustedes la forma para cambiar la Constitución”.

Sigue siendo la UDI el único partido completamente opuesto al cambio y al debate constitucional. Sin embargo, su presidente, Hernán Larraín, valoró que el Gobierno no impusiera una visión de cómo debiera ser la nueva Carta Magna.

“No vamos a darle el paso a cambiar el capítulo de reforma constitucional sin tener claro para donde va. No le vamos a dar al Gobierno un cheque en blanco. Y los dos tercios son la garantía, precisamente, de que no se va a imponer por la vía de la fuerza moral, después de un proceso constitucional, una Constitución que a lo mejor no es la que los chilenos quieren”.

Ante esto, el sociólogo y ex ministro de la Unidad Popular Gustavo Ruz, actualmente liderando el Movimiento por la Asamblea Constituyente, aseguró que el proceso anunciado por la Presidenta es justamente para evitar la AC.

Ruz afirmó que apoyarse en los 2/3 del Parlamento para su aprobación es asegurarse que no habrá un proceso participativo donde se exprese la población, ni menos se cuestionen temas como los privilegios militares, la concentración centralista o la administración de los recursos naturales.

La presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, respondió a la UDI asegurando que representa la misma visión ideológica de la actual Constitución Política. Pero además recordó el amplio respaldo ciudadano al cambio de la Carta Fundamental y al mecanismo de la AC.

“Creo que incluso hay encuestas que así lo manifiestan, que más del 70 por ciento de la ciudadanía desea una nueva Constitución, donde tiene que ser la casa común. Es lo que (Bruce) Ackerman llama ese proceso e identidad constitucional que es tan importante para un país, que sintamos todos que nos interpreta. Y no como hoy, que obviamente hay una serie de elementos como los cerrojos, los quórum contramayoritarios, un sesgo bastante ideologizado que están presentes en esta Constitución”.

En efecto, un estudio de la Fundación Chile XXI demostró este miércoles que un 78 por ciento de la población está por una nueva Constitución y un 69 por ciento cree que ésta debe redactarse en una Asamblea Constituyente.

Ante esto, la bancada de diputados por la AC emitió una declaración en que llaman a la participación activa de los ciudadanos para impulsar este mecanismo, “y que se involucren y expresen sus demandas sobre el contenido de la misma”.

En las organizaciones más ajenas al duopolio y a los partidos con representación parlamentaria, siguen los cuestionamientos. Desde el Observatorio Ciudadano, Paulina Acevedo planteó a Radio Universidad de Chile que “claramente el Parlamento no se encuentra entre los más proclives, por lo tanto, no estará allí la decisión para que la ciudadanía ejerza el poder constituyente que radica en la voluntad popular”.