El informe anual de Derechos Humanos afirma que Chile no está preparado para garantizar una vida digna a sus adultos mayores. Esto se relaciona con las condiciones laborales, donde hace una revisión crítica de la reforma que hoy está en el Congreso Nacional.

Mientras la esperanza de vida aumenta, se mantienen las malas condiciones en la que viven los dos millones 500 mil chilenos mayores de 60 años. La situación de vulnerabilidad de este sector de la población se agrava con el sistema de capitalización individual de las AFP que está generando en el 82 por ciento de nuestros adultos mayores, una “fábrica de pobreza”.

Esto ha generado el llamado “desborde de la familia”, donde ésta ya no están siendo capaz de mantener a sus adultos mayores, los que terminan en hogares de ancianos o casas de acogida, sean legales o clandestinos, con lo que aumenta las posibilidad de vivir situaciones de abuso, dice el documento presentado por la Universidad Diego Portales.

Elisa Ansoleaga, una de las autoras del capítulo que trata este tema afirmó que “el maltrato hacia los adultos mayores no sólo es físico y psicológico, sino que es un maltrato más bien sistémico”, la psicóloga recordó que hoy asistimos a un conjunto de situaciones que vulneran los derechos de los adultos mayores en el acceso a la seguridad social, entre otros aspectos.

“Si se considera con cuánto vive un adulto mayor hoy día, las pensiones solidarias básicas asistenciales son en promedio 200 mil pesos, o sea 170 mil para las mujeres, un poco más para los hombres, la verdad es que la situación es bastante dramática”, afirmó.

La abogada Ester Valenzuela, también autora del capítulo, criticó también la debilidad institucional y la falta de atribuciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) para presentar denuncias, por ejemplo. Además, explicó que la fiscalización de las casas de acogida está a cargo de Salud, con lo que se disgregan los esfuerzos. En ese sentido, indicó que “la normativa confabula contra la posible acción de un organismo que está dedicada al adulto mayor”.

Las autoras afirmaron que este tema no puede dejar de ser considerado como un asunto de derecho fundamental, por lo que es “ineludible” en el debate sobre una nueva Constitución.

Trabajo: “Cambios con barreras de contención”

Esto se relaciona directamente con la situación de los trabajadores, donde el informe realiza una revisión crítica de la Reforma Laboral.

El profesor César Toledo, autor del apartado, afirmó que la reforma parte de un supuesto inexacto: modificar el plan laboral y reequilibrar la cancha, lo que no se lograría en la ley que está discutiendo el Parlamento.

“Al comenzar a escribir las normas mismas se toma otro rumbo: se reafirma la estructura del plan laboral, se realizan algunos cambios cosméticos, pero se intentan establecer una suerte de ‘letra chica’ para contender lo que se supone que son los efectos de las modificaciones. Esas barreras de contención son tan o más antisindicales que la norma misma en la práctica”, explicó.

Por su parte, Carla Varas, otra de las investigadoras, señala que la reforma “viene con trampa”, ya que “consolida el modelo de relaciones laborales que viene de la dictadura Y asegura contar con un movimiento sindical atomizado, con escaso poder, anclado en la empresa y que no vaya a  intervenir en el plano nacional para que las cosas queden tal cual cómo están”, afirmó.

Esto, principalmente, por la falta de apertura para permitir una negociación interpresa completa y el total rechazo a la negociación por ramas. “A fin de cuentas, el proyecto busca que los empleadores negocien con subordinados”, sostuvieron los autores.

“La epidemia de la tortura”

Otro de los elementos que es clave en el informe y que se ha venido reiterando hace años y es la violación de los Derechos Humanos del pasado, de la dictadura cívico-militar, y del presente.

Allí un punto central es la ejecución constante de la tortura, su falta de tipificación como delito, la dificultad que existe para investigarla y la ausencia de mecanismos para detenerla.

El editor general de la publicación, Tomas Vial, afirmó que “estamos en un problema muy serio, donde, seguramente, los elementos van interrelacionados, porque hay una conexión entre la tortura en la dictadura y la práctica policial actual de la tortura”.

Vial añadió que es muy difícil investigarla, porque solo se requiere un esfuerzo especial: “Si no hay una acción muy intensa contra la tortura se vuelve una especie de epidemia, porque torturar es demasiado fácil y demasiado tentador”, advirtió.

Esto se observa con fuerza al interior del sistema carcelario, donde día a día se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad, tema al que el informe también le dedica un capítulo.

El informe también instala el debate en asuntos como la diversidad sexual en las escuelas; las carencias en materia de infancia y sus derechos; la falencia en el acceso a la salud de los migrantes. Para cada uno de los temas realiza una serie de propuestas.