Una de las principales críticas al nombre de Jorge Abbott cuando cuando la Presidenta confirmó que sería él quien sucedería a Sabas Chahuán a la cabeza del Ministerio Público, previa ratificación por parte del Senado, era su relación familiar con el actual presidente de Penta, Alfredo Moreno.

Para evitar cualquier tipo de cuestionamiento, el recién electo Fiscal Nacional aseguró que se inhabilitará en la indagatoria, misma resolución ya adoptada mientras ejercía como director ejecutivo nacional del Ministerio Público.

Así, en manos de un fiscal de menor rango quedaría la investigación. Sin embargo, estos cargos aun no tienen nombres definidos, toda vez que las oficinas oriente y sur se encuentran en pleno proceso de postulación para la función.

Algunos piensan que Chahuán se inclinará por Gajardo para la Fiscalía Oriente. Sin embargo, las dudas recaen en la impresión que Abbott tendría del desempeño del persecutor.

En la propia presentación al Senado, el nuevo Fiscal Nacional tuvo reparos hacia los fiscales que no medían las consecuencias de sus acciones. También, aseguró que no se haría parte de querellas tributarias en ausencia del SII, líneas contrarias a lo expresado por Gajardo, lo que podría dejar al joven abogado fuera de carrera y al caso Penta en manos de un nuevo fiscal.

La incertidumbre se terminará durante las primeras semanas de noviembre, tiempo donde se cumple el plazo para la designación que es potestad directa del Jefe del Ministerio Público, por lo tanto, podría ser la última gran jugada de Chahuán.

Rodrigo Echecopar, subdirector de la fundación Ciudadano Inteligente, uno de los querellantes en el llamado caso Penta, sostuvo que la interpretación que hace Jorge Abbott sobre la posibilidad de iniciar investigaciones en delitos tributarios sólo si hay querella del SII de por medio, “es restrictiva de la norma. La Fiscalía durante el mandato de Sabas Chahuán hizo uso de sus facultades de poder presentar querellas y eso fue aceptado en tribunales y nos parece que ha sido una atribución necesaria para poder sacar adelante estas investigaciones”.

No obstante, desde Ciudadano Inteligente valoraron el hecho que Abbott declarara su inhabilitación para conocer de la investigación del llamado caso Penta, dado su parentesco con el nuevo director del holding, Alfredo Moreno Charme.

“Este ha sido un caso muy relevante para la justicia chilena porque también encarna el principio de igualdad ante la ley, que a veces los senadores lo piden, pero a veces no están dispuestos a enfrentar lo que eso significa. Entendemos que sea de alta relevancia para ellos, pero también lo es para la ciudadanía, y yo creo que Chile y los ciudadanos están esperando que se cumpla con ese principio y no hayan ni beneficiados, ni personajes que no se puedan tocar en esta investigación”.

Conflicto Mapuche

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Salvador Millaleo manifestó que no le sorprende que se mantengan visiones conservadoras sobre el conflicto mapuche en la exposición del nuevo Fiscal Nacional en el Congreso y que se mantenga “la lógica de orden público y represión” en la estrategia para enfrentar esta situación. Esto en respuesta al planteamiento hecho por Jorge Abbott al Senado en orden a requerir recursos permanentes para enfrentar la problemática en la Araucanía, así como mejorar los aparatos de inteligencia.

Lo que Millaleo considera importante es que los poderes del Estado implementen y acaten la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emplaza al Estado de Chile a que cese la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuche y “a la discriminación sistemática en la aplicación de leyes penales al pueblo mapuche, en particular”, generando estereotipos sesgados.

Millaleo recordó que desde la primera administración de la Fiscalía Nacional se estableció que en tanto hubiese un contexto reivindicatorio en las manifestaciones por derechos indígenas, ya se debía incluir el componente terrorista en la investigación.

“Lo importante es que ese incremento en inteligencia no sea a costa de los derechos de las personas. Que, en el fondo, estos verdaderos acosos policiales a las comunidades, el que se vulneren, muchas veces, los derechos de los niños que son parte de esas comunidades, en el fondo que haya un pleno respeto por las garantías procesales y los derechos fundamentales de las personas, cosa de ver una preocupación que, hasta ahora, ha estado ausente”.

Finalmente, Millaleo hizo énfasis en que una de las principales vías de resolución no sólo del conflicto mapuche, sino que con todos los pueblos originarios es la política, y no la judicial o penal.

Fortalecimiento del Ministerio Público

Otra de las preocupaciones planteadas durante la exposición de Abbott en el senado tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de la Fiscalía, la creación de una Academia de Fiscales y el sistema de evaluación de los integrantes del Ministerio Público.

El vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Marcelo Leiva, valoró que el nuevo Fiscal Nacional esté inmerso en las dinámicas de la orgánica, así como la autocrítica realizada por Jorge Abbott de mejorar la coordinación entre las distintas instituciones que llevan las investigaciones judiciales y mejorar las relaciones al interior de la Fiscalía Nacional.

Leiva coincidió en la necesidad de generar instancias de formación de los nuevos fiscales, como es una academia para perfeccionar a los futuros integrantes del Ministerio Público, no obstante criticó las apreciaciones vertidas en la Comisión de Constitución del Senado sobre el sistema de evaluación de los fiscales, que cuestionaron las calificaciones que se otorgan, ya que la mayoría de los integrantes de la Fiscalía Nacional obtienen buenas evaluaciones.

“No creo que sea correcto decir que no puede ser que todos tengamos nota 7. Lo que deberíamos decir es que ojalá todos tengamos esa nota, ojalá tener a los mejores profesionales, con más vocación de servicio público. Deberíamos estar orgullosos de que todos tengan nota 7. Esa crítica no tiene mucho asidero. Si queremos fiscales mal evaluados, entonces busquemos malos fiscales”.

Marcelo Leiva espera que no haya cambios relevantes en el manejo y curso de las investigaciones que se llevan a cabo con la designación del nuevo Fiscal Nacional, y que lo más importante es el control social que tienen los fiscales en los procesos judiciales.

Para Leiva, uno de los objetivos que debe buscar Jorge Abbott a la cabeza del Ministerio Público es lograr que los fiscales vuelvan a empoderarse, y que se refuerce la seguridad de los investigadores que permanentemente están recibiendo amenazas por realizar su trabajo.

“Esperamos que esta nueva cabeza, el nuevo Fiscal Nacional, ponga en el centro de este sistema la importancia que tienen los fiscales en el Ministerio Público. Esperamos que les dé la relevancia para que estos fiscales estén empoderados, y tengan la capacidad de enfrentar las investigaciones más complejas con la misma intensidad que deben investigar los delitos complejos”.

Seguridad Ciudadana

Abbott durante su exposición en el Senado, planteó la necesidad de que se reconsidere la estrategia de la persecución de los delitos, e hizo una crítica velada a las posturas que emplazan a endurecer las penas y sanciones: “La respuesta penal puede generar peores efectos que el fenómeno mismo que se quiere enfrentar”, señaló el nuevo Fiscal Nacional.

Por su parte, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez valoró la mención que realizo Jorge Abbott sobre el cambio de paradigma que se debe realizar para combatir la delincuencia. En este sentido, Sánchez enfatizó en que se debe enfocar los esfuerzos en las causas de la delincuencia más que en las consecuencias, “en la necesidad de invertir en elementos preventivos, en la reinserción de las personas privadas de libertad, en mejorar la administración de justicia, en especial en relación con la Ley Penal Adolescente, donde haya organismos orientados y especializados en la reinserción de los jóvenes”, aseguró Marcelo Sánchez.

En relación con el control preventivo de identidad, el gerente de Fundación San Carlos de Maipo señaló que cualquier herramienta de la cual se dote a las policías debe contar con la legitimidad para que pueda ser ejercida de manera efectiva, además de que no sea utilizada de manera discriminatoria ni de manera arbitraria.