Son varios los ministros que ya han tenido que salir a terreno a explicar los detalles del proceso constituyente que anunciara la semana pasada la Presidenta Michelle Bachelet.

Tal es el caso de Nicolás Eyzaguirre, en su rol de ministro de la Secretaría General de la Presidencia. “Aunque muchos y con justicia objetan esta Constitución por su origen, creo que el argumento de fondo es que no nos sirve por sus contenidos”.

Esto, en respuesta a los cuestionamientos que expresara el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza, uno de los históricos de la Concertación.

El ex ministro del Interior de Ricardo Lagos manifestó que “es un poco ligero decir que la Constitución es ilegítima”, a propósito de los reconocimientos que han hecho en los últimos días las autoridades de Gobierno. Incluso el propio ex presidente, cuando el lunes aseguró que la Constitución de Pinochet y Lagos está impregnada por una visión neoliberal que obliga a tener un Estado subsidiario, a pesar de que él mismo firmó sus modificaciones en 2005.

Insulza explica que se debe ser cauto cuando se habla de legitimidad, “porque todos los que están hablando fueron elegidos con la Constitución ilegítima y todos lo aceptaron como la forma política que ocuparon durante 30 años”.

Los argumentos de Eyzaguirre intentan instalar el consenso y la apertura a las distintas visiones que puedan existir en torno a este proceso. “Desde luego que cuando esta Constitución fue impuesta en su matriz, más allá de las reformas que se hayan hecho, por un sector político, y no se dialogó ni se aprobó democráticamente, obviamente que va a tener un sesgo más hacia la zona de confort de aquellos que la impusieron”.

Por ello, agrega que “nosotros hemos dicho claramente, para ponerlo en términos simple, que no queremos una Constitución que sea a la medida de los socialdemócratas ni una Constitución que sea a la medida de los neoliberales. Queremos que sea la casa de todos”.

“No está claro lo que se quiere cambiar. Y sin contenido no hay debate de fondo”. Las palabras son del ex ministro Sergio Bitar, otros de los históricos concertacionistas, quien apunta a los cuestionamientos que han surgido desde el interior de la Nueva Mayoría.

Incluso, se hace cargo de las críticas de José Miguel Insulza. “Siempre habrá un grupo grande de nosotros que estará diciendo que es ilegítimo el origen, aun cuando todos participamos. Yo mismo firmé como ministro la Constitución del 2005, que fue un tremendo salto positivo. Pero tiene un elemento de ilegitimidad indiscutible”.

Su propuesta apunta a que “si hacemos algo en democracia, pensando a cincuenta años por lo menos, porque eso es lo que dura una Constitución medianamente buena, nosotros tenemos que aceptar todos estos puntos de vista”.

¿Instituciones deslegitimadas?

En el contexto de un seminario internacional organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, bajo el título “Los procesos de Construcción Constitucional en América Latina”, y en el que participó el propio Nicolás Eyzaguirre, el decano Davor Harasic se refirió al proceso constituyente.

La principal razón por la que se pretende derogar la Constitución de 1980 es por su carácter de neutralizadora, asegura el abogado. “No se puede modificar a partir de los mecanismos neutralizados”, explica Harasic, detallando que “el poder constituyente no puede ser ejercido por poderes constituidos”.

Otro de sus mensajes se detiene en la legitimidad de las instituciones. “Si las encuestas han evidenciado que la comunidad no confía en nuestras actuales instituciones, podrían surgir voces, y debemos estar atentos a ellas, que se levanten en contra de la idea de legitimar nuestra nueva Constitución a través de estas mismas instituciones, afirmando que esto constituiría desconocer las demandas de nuestra ciudadanía, así como el hecho que nuestras actuales instituciones ya han intentado legitimar la actual Constitución a través de innumerables reformas”.

Una última reflexión corresponde al abogado José Zalaquet, también académico de la Universidad de Chile, quien establece que “solo cuando tengamos una nueva Constitución que podamos llamar nuestra, de la época de refundación, podremos considerar que estamos viviendo bajo normas que son generadas por la aprobación popular”.

Su planteamiento también considera que los derechos fundamentales de las minorías no sean transgredidos, “las que si bien no tienen derecho a voto, sí tienen el derecho a una participación real”.

Ideas que seguirán analizándose en la Universidad de Chile, como parte del convenio suscrito entre la Facultad de Derecho y la Segpres para debatir en torno al proceso constituyente y generar contenidos para una nueva Constitución.