Como paradojal calificaron desde el espacio de memorias Londres 38, la tramitación en secreto del proyecto de ley que termina precisamente con el secretismo y la destrucción de los archivos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.
Juan René Maureira, representante del organismo de derechos humanos, indicó que la decisión de discutir a puertas cerradas la iniciativa fue de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, situación que mantiene una forma de abordar el problema desde una perspectiva heredada por la dictadura.
“En todos los años que llevamos de gobiernos civiles, no se ha atendido y no se ha reparado en ello. En ese sentido planteamos que es necesario terminar con el secretismo que hay al interior del Estado al interior de las organizaciones y que es necesario avanzar en un sistema democrático que sea más transparente y que estas discusiones, que muchas veces se invocan argumentos de seguridad nacional, se den igualmente frente a la ciudadanía. Para nosotros ningún tema debería estar a espaldas de la sociedad”, argumentó Maureira.
El representante de Londres 38 agregó que existe una serie de documentos secretos que aún están en los archivos de las instituciones armadas y que podrían ayudar a develar el paradero de detenidos desaparecidos y desenredar la trama tejida por los organismos represivos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.
“A nosotros nos permitiría cruzar la información, especialmente al Estado en su labor de investigar, hacer cruces de información y avanzar en materia de verdad y justicia, especialmente con aquellos casos que están con una mayor deuda pendiente, que son los casos de los detenidos desaparecidos, los cuales la mayoría aún están con paradero desconocido”, indicó.
Londres 38 envió una carta a los diputados donde exponen la situación de privilegio de las Fuerzas Armadas, especialmente de quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos en cárceles especiales, así como la competencia de la Fiscalía Militar y los ingresos especiales que entrega el Estado a través del 10 por ciento de la Ley Reservada del Cobre.
Por eso, el organismo humanitario subraya que “los temas de seguridad y de defensa son también temas ciudadanos que nos competen a todos y que se financian con presupuesto público. El tratamiento especial a las Fuerzas Armadas, y el secretismo al interior del Estado, son herencias de la dictadura que deben terminar”.